Primera experiencia de Gobierno de coalición en la historia reciente. Dos socios, uno mayoritario y otro minoritario. Y, como suele ser normal en este tipo de fórmulas, no siempre cabalgan de la mano. Desde su llegada a la Moncloa en enero de 2020, PSOE y Unidas Podemos han evidenciado sus diferencias en innumerables ocasiones, tanto en el seno del Gobierno como en el Congreso.

Estas discrepancias han bloqueado incluso las negociaciones de varias normas y medidas, algunas de ellas tan longevas como la ley de vivienda, cuya tramitación parlamentaria lleva un año atascada después de un largo pulso en el Ejecutivo. Se trata de batallas que han provocado críticas de otras bancadas, especialmente de la derecha, por "no ponerse de acuerdo". 

Esos pulsos también se han trasladado al Congreso, donde Unidas Podemos ha unido sus fuerzas a las de otros socios parlamentarios, como ERC, EH Bildu, Más País o Compromís, para obligar al partido mayoritario del Gobierno a mover ficha. Y a lo largo de la legislatura esta presión ha dado en varias ocasiones sus frutos tarde o temprano.

Pugnas por las figuras fiscales

El impuesto a las grandes fortunas que ahora el PSOE quiere impulsar es el último ejemplo de otros tantos. También lo han sido recientemente los dos gravámenes sobre los beneficios extraordinarios de las grandes compañías eléctricas y entidades financieras, el tope del gas, la gratuidad de los trenes de cercanías o el recorte de los beneficios caídos del cielo de las empresas eléctricas en la generación de electricidad.

A mediados de febrero, PSOE y Unidas Podemos escenificaron por primera vez en el Congreso la batalla por la reforma fiscal. En esa ocasión, los de Pedro Sánchez sumaron sus votos a los de las derechas para rechazar la modificación del sistema tributario planteada por Unidas Podemos mediante una proposición no de ley en la que ya se recogía los impuestos a los ricos y a las eléctricas.

Y, más tarde, los socialistas rechazaron una proposición del grupo morado en la que se planteaba precisamente endurecer la fiscalidad para fortunas superiores a los 10 millones de euros. En ambas ocasiones, el principal partido del Gobierno se escudó en una reforma del sistema tributario que los propios socialistas mantienen aparcada.

Hace casi un año, en el marco de la negociación presupuestaria, el espacio morado del Gobierno consiguió arrancar la fijación de un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades para las grandes empresas. Paralelamente a estas conversaciones, Unidas Podemos alcanzó con el PSOE un acuerdo para desatascar la ley de vivienda, un compromiso que se arrastraba desde el pacto para aprobar los Presupuestos de 2021.

Tras más de un año y medio de discrepancias en el seno del Gobierno, el pacto en esta materia incluyó la regulación de precios para bajar por ley los alquileres en las zonas de mercado tensionado en el caso de los grandes propietarios, una medida que se persigue ampliar ahora para los pequeños tenedores en las negociaciones de la norma en el Congreso, donde el grupo morado espera "llegar hasta donde no pudo en el Gobierno".

Reformas en materia laboral

También la aprobación de la reforma laboral alejó a los socios de la coalición en cuestiones como la recuperación de la ultraactividad y la simplificación contractual, dos de las medidas más importantes que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, logró incluir a la iniciativa estrella de su departamento.

Por otro lado, el Ministerio de Economía también puso resistencias a otra norma destacada del Ministerio de Trabajo, como fue la regulación de las plataformas digitales a través de la denominada ley rider. Y es que la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, abogaba por una reforma menos "rígida" para no "espantar" a los negocios basados en estas fórmulas de trabajo, una batalla que perdió ante Yolanda Díaz al recogerse en el texto la relación laboral entre la empresa y los riders, con todos los derechos y obligaciones que ello implica. 

Las sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) durante la legislatura (alcanza los 1.000 euros en la actualidad) ha confrontado a PSOE y Unidas Podemos en cuanto a los momentos elegidos para llevarlas a cabo, ya que en casi todos los casos la parte socialista del Ejecutivo argumentaba que no era momento. Así, después de que en 2021 se realizó una prórroga del SMI de 2020, Yolanda Díaz consiguió alcanzar la subida de este salario en septiembre del año pasado. 

Las diferencias entre ambos grupos en torno a la ley estrella del denominado escudo social durante la pandemia, la referente al Ingreso Mínimo Vital, les llevaron a presentar enmiendas por separado. Tras varios meses de bloqueo en la mesa del Congreso, la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, alcanzó un acuerdo con el Ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, para introducir varias novedades importantes, como tener en cuenta los ingresos de los últimos meses para solicitar el IMV.

Otra medida que formaba parte del escudo social y que protagonizó el pulso entre ambas formaciones era la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional y el corte de suministros básicos, prorrogada desde que se pusiera en marcha frente a la emergencia sanitaria pese a las resistencias de los socialistas. El próximo reto para los de Ione Belarra es conseguir convencer a sus socios para convertir dicha iniciativa en una medida coyuntural, propuesta que ya han planteado en la tramitación de la ley de vivienda y que el PSOE se niega a incluir.

Asimismo, el Ministerio de Igualdad de Irene Montero logró doblar el pulso a la entonces vicepresidenta primera, Carmen Calvo, a la hora de contemplar la autodeterminación de género en la ley trans y LGTBI, una cuestión que mantiene en pie de guerra a una parte del sector feminista del PSOE y que amenaza con lastrar la tramitación de la norma en el Congreso.

El tope de las hipotecas y el aumento del gasto militar

De cara a lo que resta de legislatura, y en medio del actual contexto de crisis energética e inflacionaria, estas pugnas seguirán ahí, toda vez que los morados han avanzado que pelearán por conseguir que el impuesto a los ricos sea "estructural" y no "temporal", como contempla el Ministerio de Hacienda.

Pero este no es el único frente, ya que Unidas Podemos también presiona para topar la subida de las hipotecas de tipo variable para familias vulnerables. El aumento del gasto militar comprometido con la OTAN en el marco de los Presupuestos de 2023 anticipa nueva nueva batalla, así como el blindaje de la sanidad pública en la ley Darias, un objetivo que el espacio morado espera zanjar durante la tramitación parlamentaria de la norma.