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El independentismo vive con inquietud moderada el retorno de Puigdemont ante la Justicia italiana

La vista judicial del expresidente de la Generalitat en Cerdeña para decidir sobre su extradición provoca desazón entre los independentistas, pero con el convencimiento que quedará en libertad. La defensa de Puigdemont asegura que no se tomarán medidas contra él a pesar de la fuerte presión ejercida por el Tribunal Supremo español.

El president de la Generalitat, Pere Aragonés, con Carles Puigdemont en Alghero (Italia), el pasado  26 de septiembre. REUTERS/Yara Nardi
El president de la Generalitat, Pere Aragonés, con Carles Puigdemont en Alghero (Italia), el pasado 26 de septiembre. Yara Nardi / REUTERS

Un murmullo recorre las filas del independentismo las últimas horas antes de que este lunes el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, retorne a Cerdeña para comparecer ante el juez italiano que tiene que ver la causa de su extradición respecto a la euroorden emitida por el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Llarena. El retorno de Puigdemont a Cerdeña este domingo -sin que la Policía italiana haya puesto esta vez ninguna traba- se vive con una mezcla de una cierta expectación e inquietud moderada, pero todo ello apaciguado por el convencimiento de que el expresident quedará en libertad a pesar de la fuerte presión ejercida por Llarena ante la Justicia italiana.

Puigdemont tiene previsto presentarse presencialmente este lunes ante el juez del Tribunal de Apelaciones de la ciudad sarda de Sassari. Por lo que ha aterrizado este domingo a las 10 de la mañana en la ciudad de Alguer proveniente de Bélgica y acompañado del exconxeller -también reclamado por la Justicia española- y eurodiputado Toni Comín. La tercera eurodiputada de Junts, Clara Ponsatí, llegó horas antes en otro avión.

Los tres han accedido a territorio italiano sin que esta vez la Policía italiana haya hecho ninguna actuación de retención ni detención de ninguno de los tres dirigentes independentistas que reclama el juez instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, con sus euroórdenes. Según fuentes de Junts, el objetivo es que la declaración de Puigdemont "se transforme en un acto de fuerza del exilio catalán -con la presencia en Cerdeña de los tres eurodiputados perseguidos por la Justicia española- que una vez más demostrarán que pueden viajar por toda Europa en libertad menos en España donde no se respetan los derechos fundamentales", aseguran.

"Los exiliados tienen claro el papel a jugar", reafirman. A nadie se le escapa la dimensión política de este episodio más allá de la vertiente jurídica. Así lo vive el independentismo pero también el ultranacionalismo español, que estará presente también este lunes en el Tribunal de Apelaciones de Sassari con una delegación de Vox encabezada por la vicesecretaria jurídica de la formación de extrema derecha, Marta Castro, que exigirá la entrega de Puigdemont a España.

Convicción de la defensa de su puesta en libertad

La hora prevista para la declaración es a las 11 de la mañana. Puigdemont no estará solo y está previsto que se trasladen hasta Cerdeña para mostrar su solidaridad una nutrida representación de los principales partidos y entidades independentistas. Si se cumplen las previsiones, el expresident de la Generalitat hará una declaración breve ante el juez apelando a la suspensión de las euroórdenes que consta en la causa prejudicial ante el Tribunal General de la Unión Europea, que debe decidir sobre la inmunidad de Puigdemont como eurodiputado. Una defensa jurídica que debería permitir al juez italiano dejar en libertad y sin ninguna medida cautelar a Puigdemont, que regresaría de inmediato a Bélgica donde tiene fijada su residencia.

Fuentes del equipo jurídico de Puigdemont explican que el expresident "quedará en libertad con toda seguridad". Estas fuentes argumentan que en la vista de este lunes no se tratará el fondo de la cuestión sino simplemente la vigencia y oportunidad de aplicar la euroorden de demanda de entrega a la Justicia española. Y también recuerdan que el Estado español no participa en la vista, sino la Fiscalía italiana. "El propio fiscal italiano se posicionó en contra de aplicar la euroorden, ya que la considera suspendida mientras dure el proceso en el TGUE", afirman los abogados de Puigdemont. Para el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, este lunes "se debe decidir si el procedimiento tiene alguna base", ya que en Cerdeña, "igual que en el resto de Europa, se les reconoce –a los tres eurodiputados de Junts- la inmunidad que se les niega en España". En una entrevista en Catalunya Ràdio, Boye aseguraba este domingo que "si hay inmunidad, no se puede entrar en el fondo del proceso".

El TGUE resolverá sobre la cautelar antes del 15 de octubre

Sobre el procedimiento abierto ante el Tribunal General de la Unión Europea respecto a la inmunidad de los tres eurodiputados de Junts, el equipo jurídico de Puigdemont explica que finalmente pidieron medidas cautelares, y no cautelarísimas, porque obliga a las partes a pronunciarse. Así, se espera que la Eurocámara fije antes del 15 de octubre su posición sobre si hay que devolver o no la inmunidad a Puigdemont de forma cautelar hasta que se aclare el fondo de la cuestión. "Europa nos dará la razón, es un hecho", dijo Boye.

"El Estado español, lo que no está haciendo es cumplir con las normas europeas", reiteró, señalando que habría que abrirle un procedimiento de infracción por parte de las autoridades comunitarias como el que tienen Polonia o Hungría. La reactivación de la demanda de Puigdemont en el TGUE para que le sea devuelta cautelarmente la inmunidad como consecuencia de la breve detención en Italia hace diez días puede tener consecuencias importantes respecto a la situación del expresident frente a las euroórdenes del juez Llarena.

Blindándolo frente a ellas, y a la vez puede agrietar aún más la confrontación entre diversos actores judiciales del Estado español. Porque, como explican los abogados defensores, el Estado deberá pronunciarse también en la petición de medidas cautelares ante el TGUE y quien deberá hacerlo es la Abogacía General del Estado, que en su día notificó a los tribunales europeos que las euroórdenes quedaban en suspensión mientras el TGUE no dictamine sobre el fondo de la reclamación de los eurodiputados por la retirada de la inmunidad que aprobó el Parlamento Europeo. Una posición que choca frontalmente con la estrategia del magistrado del Supremo, Pablo Llarena, que considera las euroórdenes plenamente vigentes y que ha redoblado esfuerzos en la demanda a la Justicia italiana para que Carles Puigdemont sea entregado.

El tribunal italiano tiene 60 días para decidir

Así pues, en el terreno jurídico hay un fuerte convencimiento de que Puigdemont quedará en libertad para volver a Bélgica y que las posibilidades de que sea extraditado a España son mínimas, por no decir inexistentes. El abogado italiano que representa Carles Puigdemont, Agostino Angelo Marras, descarta que el Tribunal de Apelación de Sassari dictamine medidas cautelares contra el expresident en la vista de este lunes. En una entrevista en el programa de TV3 FAQS, el abogado ha asegurado que "no hay ninguna posibilidad" y ha dado por hecho que Puigdemont podrá volver a Bruselas para hacer su trabajo en el Parlamento Europeo.

Una vez hecha la declaración este lunes, se abrirá un plazo máximo de aproximadamente dos meses para resolver el caso, ya que el Tribunal de Apelación de Sassari tendrá un máximo de 60 días para decidir. Y luego habría cinco días para presentar recurso, que el Tribunal Supremo de Italia debería resolver en un máximo de diez días. El abogado italiano ha dejado claro que cualquier decisión del tribunal de Sassari puede ser impugnada ante el Tribunal Supremo italiano y que con el simple hecho de recurrir, la decisión queda suspendida. "No habrá ningún tipo de orden inmediata. Sólo al final del juicio el Supremo italiano dictará cuál será la suerte del expresident", añadió.

El independentismo espera, pues, la declaración judicial de Puigdemont en Cerdeña con el convencimiento de una resolución positiva para el expresident que será celebrada como una nueva victoria sobre la Justicia española. Pero con una inquietud permanente de saber que la persecución judicial contra los dirigentes independentistas catalanes que residen en el extranjero no se ha detenido cuatro años después del referéndum del 1 de octubre del 2017 a pesar de los diversos reveses que tribunales de toda Europa han infligido al Tribunal Supremo español respecto a las euroórdenes y peticiones de extradición por unos delitos de rebelión o de sedición que fuera de España no se visualizan.

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