El Partido Popular reabre un antiguo frente para atacar al Gobierno: el independentismo catalán. El veredicto de los indultos a los presos condenados por el procés está cerca y son siete las peticiones de indulto a favor del ex vicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras; los ex consejeros Dorlors Bassa, Joaquim Forn, Josep Rull, Raul Romeva, Turull, Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó --estos tres últimos condenados por desobediencia--; los 'Jordis'; y Carme Forcadell. La decisión final la tomará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y según publica El País, se inclina por concederlos en verano.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, cuya propuesta será tenida en consideración en el Consejo de Ministros, pidió este lunes "serenidad" y "naturalidad", tanto si son favorables como si no lo son o si son "totales o parciales". En este contexto el número dos de los populares, Teodoro García Egea, mano derecha del líder del partido, Pablo Casado, ha asegurado que si el Ejecutivo da su 'sí', recurrirán la decisión ante el Tribunal Supremo.

"Si el Gobierno concede un indulto en contra de la Fiscalía o del Tribunal sentenciador, el PP recurrirá al Supremo. Tiene que haber arrepentimiento, y estos señores no han manifestado arrepentimiento sino todo lo contrario. ¿Está el Gobierno pagando un precio político con estos indultos?", ha planteado, llegando a afirmar que el PP estará en contra de los indultos a los líderes independentistas "hasta las últimas consecuencias".

Fuentes del entorno de García Egea aseguran que, con estas palabras, se refiere a recurrir a la vía judicial, pero evitan pronunciarse sobre las consecuencias sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces en funciones desde hace dos años y medio tras varias negativas de los de Pablo Casado a llegar a un acuerdo con el Ejecutivo. En este sentido el líder del PP aseguró recientemente que si Sánchez concedía los indultos, la legislatura "habrá acabado".

Desde la dirección popular inciden en la cuestión del arrepentimiento, una cuestión que, auguran, pondrá en aprietos a Sánchez. "El problema de los indultos es que legalmente hay que arrepentirse para que te lo concedan y hay que pedirlo. Es así en España y en muchos otros sitios del mundo como Estados Unidos. Pero si los independentistas catalanes no solo no lo piden sino que dicen que en cuanto salgan van a volver a hacer lo mismo, entonces el indulto formalmente es complicado de justificar", exponen fuentes de peso a Público.

En el órgano de dirección del PP tienen la impresión de que "la rueda de las exigencias se pone en marcha de nuevo de manera inmediata" con la toma de posesión de Pere Aragonès este lunes. "En cuanto conforme gobierno, comienzan las presiones sobre Sánchez", apuntan. "Y él necesita los votos, así que el jaleo va a ser importante. Recuerda lo del relator en Catalunya, la que se montó. Pues lo de los indultos por mucho que nos vayan anunciando ya, va a ser parecido, unido a la reforma en el código penal del delito de rebelión y sedición", razonan.

El relator, la foto de Colón y las generales de 2019

En febrero de 2019, Partido Popular, Ciudadanos y Vox —que acababa de entrar en el Parlamento andaluz pero que no tenía representación a nivel estatal— convocaron una manifestación en la madrileña plaza de Colón para protestar por la figura del relator —una suerte de intermediario— entre la Generalitat de Catalunya y el Gobierno central, con el objetivo de acercar posiciones para solventar el conflicto territorial y político. En esa concentración, los líderes de las tres formaciones, Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal, pidieron la dimisión de Sánchez, y la convocatoria de elecciones de manera inmediata.  Sánchez cumplió con lo segundo.

Esos comicios se celebraron dos meses después, en abril, y Sánchez obtuvo la primera plaza con 123 escaños, superando de manera holgada al segundo en liza, el PP de Casado, que se hundió hasta los 66 diputados. Pero el resultado del socialista requería la colaboración de terceros para alcanzar La Moncloa, entre ellos Unidas Podemos (UP) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Tras una repetición electoral en noviembre, llegó a un acuerdo con UP para gobernar conjuntamente mientras que ERC accedió a investir a Sánchez bajo el compromiso de poner en marcha una mesa de diálogo entre el Govern catalán y el Gobierno central.

Una mesa que se desactivó tras la llegada de la covid-19 y la situación de interinidad del Govern, aunque las relaciones en el Congreso entre ERC y el PSOE han continuado con fluidez. Ahora Catalunya vuelve al foco nacional con la investidura de Aragonès, que la pasada semana anunció que su objetivo era "culminar la independencia de Catalunya, para hacer inevitable la amnistía y el ejercicio del derecho a la autodeterminación", pero con un referéndum pactado entre el Gobierno nacional y el autonómico.

El PP se ausenta junto a Cs y Vox de la toma de posesión de Aragonès

Ningún representante de Vox, Ciudadanos ni del PPC ha participado en la toma de posesión de Aragonès como presidente de la Generalitat celebrada este lunes. Fuentes del PPC exlicaban que "el mantenimiento de la apuesta rupturista" del nuevo Govern es la razón por la que ni su líder, Alejandro Fernández, ni ningún otro dirigente de la formación conservadora hará acto de presencia en el Palau de la Generalitat, informa la agencia EFE.

El portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, lo ha anunciado vía Twitter. Considera que la toma de posesión de Aragonès será "el pistoletazo de salida a un nuevo golpe contra la democracia" y critica que el presidente electo se haya "comprometido con la confrontación para 'forzar' al Estado a asumir los chantajes separatistas". Por parte de Vox, fuentes del partido se han limitado a indicar que no asistirán al evento.