El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha presentado un informe crítico con respecto a la reforma de la ley del aborto propuesta por el Ministerio de Igualdad. Entre otras cuestiones, el informe señala que la eliminación del consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años es uno de los ejes fundamentales del anteproyecto que debería ser reconsiderado.

El pleno del CGPJ estudiará el 22 de diciembre la propuesta de informe redactada por Roser Bach y Ángeles Carmona. Este escrito ha sido enviado al resto de vocales para que puedan hacer sus observaciones antes del debate. 

Las ponentes consideran que algunas de las modificaciones introducidas en la actual ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo no están "convenientemente justificadas". En particular, ponen el foco en lo relativo al derecho de información y al periodo de reflexión para la prestación del consentimiento.  

En el informe se reconoce que la eliminación del requisito del consentimiento paterno para las chicas de 16 y 17 años no contraviene recomendaciones internacionales ni la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, se advierte de que el consentimiento "autónomo y sin conocimiento" de los progenitores "dificulta los deberes" de la patria potestad, como la orientación o el consejo. Las ponentes añaden que, por imperativo constitucional, los progenitores deben prestar asistencia de todo orden a los hijos durante su minoría de edad.

Las vocales creen que el sistema actual, que requiere el consentimiento de la menor y sus padres en caso de aborto, está justificado. En caso de conflicto, se podría resolver a través de un procedimiento previsto en la propia norma que permitiera conciliar ambos intereses y dar relevancia a la capacidad decisoria de la menor junto con los deberes de los representantes legales.

Sobre los tres días de reflexión

El anteproyecto de reforma de la ley del aborto elimina el periodo de tres días de reflexión obligatorio antes de someterse a un aborto. Sin embargo, la propuesta de informe del CGPJ señala que este periodo es un presupuesto necesario para una adecuada formación de la voluntad y para la adopción de una decisión "consciente y meditada".

En el escrito también se critica la eliminación del procedimiento actual de entregar un sobre con información sobre recursos para la mujer que acude a abortar y que incluye las prestaciones y ayudas a la maternidad. En lugar de esto, la norma de Igualdad prevé que esta información solo se le entregará a la mujer que lo solicite. Las ponentes afirman que se les estaría "privando o, cuando menos, dificultando" el acceso a la información sobre cuestiones que pudieran ser de su interés.

No obstante, las vocales añaden que esta información debe ser adecuada, completa y suficiente, y no debe estar orientada exclusivamente a la práctica del aborto, sino también a la protección de la maternidad "sin introducir consideraciones éticas ni religiosas". En el texto también se reprocha la propuesta del departamento de Irene Montero de que la sanidad pública sea la red de referencia para abortar y se defiende que el derecho al aborto se pueda ejercer en centros privados debidamente acreditados.

Objeción de conciencia y bajas por menstruación

En relación a la objeción de conciencia de los sanitarios, el informe pide que se concrete el acceso al registro de personal objetor de conciencia en un instrumento normativo de rango infraorgánico. 

Sobre las bajas por menstruaciones incapacitantes, las ponentes alertan de la ausencia de justificación en la regulación de la incapacidad temporal y señalan que la nueva normativa permitirá al empresario conocer cuál es el motivo de su ausencia al puesto de trabajo.

"Esta circunstancia puede provocar efectos totalmente contrarios a los pretendidos, haciendo surgir reacciones de marginación o estigmatización sobre las mujeres en general y sobre las que sufren los efectos de una menstruación incapacitante secundaria en particular", concluyen.