Los jueces amplían a las autonomías su demanda colectiva por falta de medios en los juzgados

Madrid.- Es una demanda laboral sin precedentes, que ahora se ha extendido a todas las administraciones públicas responsables de la falta de recursos humanos y medios materiales en los juzgados, lo que ha provocado una sobrecarga de trabajo sin precedentes agravada por la larga crisis económica.

La asociación progresista Jueces para la Democracia (JpD) presentó el pasado 13 de noviembre ante la Audiencia Nacional una demanda por la vía laboral contra el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial por conflicto colectivo. La demanda denuncia la "grave" carencia de medios y la sobrecarga de trabajo que sufren muchos órganos jurisdiccionales, carencias que han sido el trasfondo de varias muertes de jueces por infarto, así como de enfermedades asociadas a este exceso de trabajo.

El acto de conciliación previo al juicio estaba previsto para el próximo 3 de febrero en la sede de la Audiencia Nacional de la calle Goya de Madrid y estaban citados el ministerio de Justicia y el CGPJ. Pero la vista ha sido aplazada porque la asociación JpD ha extendido la demanda a todas las administraciones responsables de estas carencias y se precisa citarlas correctamente.

La demanda se han extendido a los gobiernos con competencias de Justicia transferida, que son Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Catalunya, Comunitat Valenciana, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja, según fuentes judiciales.

Estas autonomías tienen la responsabilidad de aportar los funcionarios y los recursos materiales necesarios para que los juzgados estén en óptimas condiciones. En el resto de territorios, esta competencia es responsabilidad del Ministerio de Justicia, ya sea porque no se ha transferido o porque ejerce la competencia por delegación.

Los jueces y magistrados de JpD pretenden poner de manifiesto con esta demanda la falta de medios en los juzgados y la sobrecarga que sufren, al tiempo que aspiran a conseguir que las administraciones públicas asuman sus obligaciones y creen los órganos judiciales necesarios para que las causas no estén paralizadas.

La Sala ha citado como testigos, a propuesta de la asociación, a Margarita Robles (magistrada del Tribunal Supremo y exvocal del CGPJ), Carlos Hugo Preciado (magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya), Gloria Poyatos (decana de Lanzarote) y Javier Martínez Derqui (juez de violencia sobre la Mujer de Madrid y miembro de JpD). También está citado como perito Cristobal Molina Navarrete, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Jaén.

Tras la demanda, el CGPJ aceleró la marcha y recientemente ha aprobado el primer Plan de Prevención de Riesgos Laborales que tenía en fase de elaboración y que contempla la sobrecarga de trabajo como factor de riesgo laboral. La judicatura cacería de un plan de riesgos laborales, cuando la ley fue aprobada en 1995.

Pocas personas caen en la cuenta de que en un juzgado confluyen tres administraciones públicas: el CGPJ, responsable de los jueces; el ministerio de Justicia, responsable de los secretarios judiciales y de aportar los recursos allí donde ejerce la competencia, así como las comunidades autónomas con competencias transferidas, responsables a su vez de los medios materiales y de los funcionarios.

Las competencias de Justicia fueron traspasadas a las autonomías por este orden: País Vasco (1988), Catalunya y Comunitat Valenciana (1990), Galicia (1995), Canarias (1996), Andalucía (1997), Navarra (1999), Madrid (2003), Asturias (2006), Aragón y Cantabria (2008) y, por último, La Rioja (2011).

Los traspasos no respetaron un plan coordinador de recursos informáticos, de tal manera que a esta situación hay que sumar la existencia de seis sistemas informáticos diferentes que tratan todos los casos judiciales y que en su mayoría no fueron desarrollados para ser compatibles entre sí.

Por su parte, Murcia y Castilla-La Mancha renunciaron a asumir la gestión al inicio de la crisis económica; Madrid se ha planteado devolver la competencia a la administración central, mientras que Baleares, Castilla y León y Extremadura no han recibido las competencias.