El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, fueron dos de las autoridades políticas que el pasado 29 de marzo comparecieron para anunciar que la capital catalana acogerá la edición de la Copa América de Vela del 2024. Tres días después, el 1 de abril, el Comité Olímpico Español (COE) daba por cerrada la propuesta técnica de la candidatura Pirineos–Barcelona para organizar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030.

Con matices diversos —una cita está confirmada, la otra no—, ambos proyectos cuentan con un amplio apoyo institucional y suponen una apuesta clara por generar actividad económica a partir de la celebración de un gran evento, en este caso deportivo.

El modelo, muy común durante el siglo XX y que en nuestro país tiene como principal exponente los Juegos Olímpicos de verano que Barcelona celebró en 1992 y que comportaron una enorme transformación urbanística de la ciudad, genera fuertes críticas en colectivos vecinales, académicos y activistas que, de entrada, lo consideran "anacrónico".

Para el antropólogo y profesor de la UOC José Mansilla la apuesta por este tipo de eventos "es un regreso a un modelo del pasado, es como volver al Windows 95" y añade que, en el caso de la Copa América de Vela, "no tiene ningún sentido, porque Barcelona no necesita más proyección turística, necesita en todo caso pararla un poco, porque ya hay una saturación. No hace mucho se hablaba de redistribuir el turismo y ahora volvemos atrás, a acentuar la proyección de Barcelona como ciudad global".

En una línea similar, la activista vecinal y también antropóloga Eva Fernàndez apunta que "el problema desde mi punto de vista es que es un modelo obsoleto que ya fracasó con el Fórum de las Culturas (realizado en 2004 y que también se utilizó para llevar a cabo una remodelación urbanística en el área del Besòs de la ciudad) y lo es más en el contexto actual de emergencia climática". La que fue presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) entre 2004 y 2010 recalca que "es una especie de huida hacia adelante, de buscar el crecimiento económico por el crecimiento económico, cuando ahora lo que tocaría es ir hacia un decrecimiento en ciertos aspectos".

Apuesta clara de PSC, ERC y Junts

La candidatura a acoger la edición del 2024 de la Copa América de Vela se gestó en pocas semanas y en ella jugó un papel clave el lobby empresarial Barcelona Global, muy bien conectado con el PSC y con el primer teniente de alcaldía municipal, Jaume Collboni. Rápidamente, el proyecto también recibió el visto bueno de ERC —que ostenta la presidencia de la Generalitat—, Junts per Catalunya y, más sorprendentemente, Barcelona en Comú (BeC).

En este sentido, ERC, Junts y PSC también se han posicionado totalmente a favor del proyecto de Juegos Olímpicos en el Pirineo, mientras que los Comuns, en cambio, se oponen, una opción que también mantiene una CUP que casi se ha quedado en solitario en el rechazo a la Copa América. Mansilla interpreta el reposicionamiento de BeC en clave de precampaña para las elecciones municipales de la primavera del próximo año, por el posible desgaste —sobre todo mediático— que podría comportarles oponerse a la competición.

El relato oficial sobre el evento deportivo es que tendrá un impacto económico para la ciudad de unos 1.000 millones de euros —sin que se haya detallado cómo se repartiría y a qué sectores beneficiaría—, mientras que su coste se limitaría a unos 70 millones, de los que 25 serían asumidos por el sector privado vía avales y el resto serían aportaciones directas de las administraciones públicas —por lo que ha trascendido, 10 millones a cargo del Ayuntamiento de Barcelona, 15 por parte de la Generalitat, 15 más por parte del Gobierno estatal y los 5 finales serían aportados por la Diputación y por Barcelona Turisme—. En este coste se incluyen las obras de adecuación del Puerto de Barcelona —que en ningún caso supondrían una reforma profunda del litoral— y el canon que debe pagarse a la organización de la Copa América.

En cuanto a los Juegos Olímpicos de Invierno, a la espera de lo que decida finalmente Aragón que, de momento, ha optado por no sumarse al proyecto con el argumento de que quiere más pruebas en su territorio, tanto el Govern como el Gobierno estatal han avalado la propuesta del COE. Antes de que la candidatura, sin embargo, pueda salir adelante, los habitantes del Pirineo tendrán que aprobarla en la consulta que la Generalitat ha convocado para el próximo 24 de julio. Más allá del proyecto estrictamente deportivo, el evento comportaría ampliaciones de infraestructuras como la línea R3 de Cercanías de Renfe —que llega al Pirineo— o la carretera C-16.

El relato institucional es que, más allá de estas mejoras en la conectividad, el evento supondría un revulsivo económico para las comarcas del Pirineo. Para los opositores, articulados en torno a la plataforma Stop JJOO, es inviable en un contexto de emergencia climática que, entre otras cuestiones, reducirá las nevadas en el Pirineo y, además, conlleva acentuar el modelo de monocultivo turístico que, aseguran, precariza la situación laboral de los residentes en la zona.

"Transferencia de dinero público al sector privado"

José Mansilla, que es miembro del Observatorio de Antropología del Conflicto Urbano (OACU) "parece que si no es con una excusa de este tipo, no se hacen las infraestructuras que necesitan los habitantes de la zona" y recalca que "hacer los Juegos es la apuesta fácil y demuestra que no tienen proyectos alternativos de desarrollo para el territorio".

Eva Fernàndez, a su vez, subraya que estas mejoras contribuirían a facilitar la llegada al Pirineo desde zonas más pobladas lo que, a su vez, facilitaría que se generaran fenómenos como la "gentrificación" ya vividos en Barcelona, como consecuencia de un previsible incremento del precio de la vivienda que desplazaría a la población autóctona.

Tanto Mansilla como Fernàndez cuestionan el impacto económico de grandes eventos como los Juegos Olímpicos y la Copa América de Vela y, sobre todo, subrayan que no benefician al conjunto de la población, sino sólo a sectores muy determinados. Para Mansilla, "el impacto económico que supone la Copa América estará muy concentrado en un período muy corto y solo beneficia a un tipo de gente muy concreto y los impulsores lo que buscan es sobre todo que Barcelona vuelva a aparecer en el mapa de deportes globales".

El antropólogo considera que en este caso lo que existe es una "transferencia directa de dinero público hacia manos privadas", ya que la mayor parte del coste del evento recae en las administraciones públicas mientras que los potenciales beneficios serán para negocios privados, pero no para el grueso de la población.

De hecho, ha habido otras ciudades que rehusaron optar a acoger la Copa América, con València como ejemplo más cercano. El Ayuntamiento de la capital del País Valencià ha estado durante años pagando la enorme deuda económica generada por las dos ediciones que ya acogió, en los años 2007 y 2010. Por todo ello considera que "los grupos políticos hacen políticas de clase alta y benefician a esta gente" y señala, especialmente, al PSC.

Sin replantear el modelo turístico

Fernández insiste en que la Copa América ni siquiera tendrá un gran impacto en el empleo —la previsión es que la competición congregue a unos 2.500 asistentes internacionales, a los que hay que sumar el millar de personas que se instalaría en la ciudad durante un año— y que ésta difícilmente beneficiará a los vecinos de los barrios más cercanos al Puerto, como la Barceloneta. "En el fondo es un poco una venta de humo y una huida hacia adelante, sin tener en cuenta las condiciones económicas, sociales y ecológicas del entorno", declara.

Por último, ambas voces también coinciden en lamentar que se haya abandonado el replanteamiento del modelo turístico de Barcelona, un debate y una necesidad previa a la aparición de la pandemia y que la covid sólo acentuó, como consecuencia de los impactos negativos del turismo de masas y la dependencia que genera, porque la potencial atracción de nuevos visitantes es uno de los elementos que une tanto a los Juegos Olímpicos de Invierno como a la Copa América de Vela.

"No hay una actitud firme a nivel político para afrontar la situación de emergencia, climática y social, que vivimos, es como si no hubiera alternativa a repetir lo que ya teníamos. La Copa América de Vela va a mover millones, pero eso quiere decir que deje nada a nivel social", mantiene la expresidenta de la FAVB.

Mansilla, directamente, considera que "hemos vuelto a una especie de pensamiento hegemónico previo a la crisis de 2007-2008, con la idea de modernización y posicionar globalmente Barcelona o Catalunya en los mercados globales. Los poderes se reposicionan y lo que está por ver es si determinados sectores tienen capacidad de responder a ello".