La defensa de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC, ahora sin actividad política) y del extesorero del partido Daniel Osàcar ha renunciado  a 36 testigos que había solicitado que declararan en el juicio del Palau de la Música, entre los que figuraban varios cargos de la formación, entre ellos Jordi Turull y los exconsellers Felip Puig y Pere Macias.

El juicio por el expolio del Palau de la Música ha arrancado este miércoles en la Ciudad de la Justicia, ocho años después de que estallara el escándalo, con el saqueador confeso Fèlix Millet, que ha llegado tres minutos tarde, en silla de ruedas, y su mano derecha, Jordi Montull, buscando un pacto con el fiscal.

La renuncia a los testigos, aceptada por el tribunal, supone en la práctica que se anularán cuatro días de declaraciones testificales en el juicio que estaban centradas fundamentalmente en los concursos de obra pública por los que se sospecha que CDC cobró supuestas comisiones ilegales a través de Fèlix Millet y Jordi Montull.

La defensa de CDC (responsable civil a título lucrativo del expolio del Palau) y de Osàcar (que afronta 7 años y medio de cárcel por su papel clave en el supuesto pago de comisiones al partido a través del Palau de la Música) ha alegado que renunciaba a estas testificales por considerar que los concursos para la adjudicación de las obras investigadas no son controvertidos ni suponen el objeto del juicio.

Varios periodistas siguen las evoluciones del juicio por el expolio del Palau de la Música viendo la intervención del abogado Cristóbal Martín que ha arrancado en la Ciudad de la Justicia, ocho años después de que estallara el escándalo. EFE/Marta Pérez

Entre los testigos que finalmente no tendrán que comparecer figuran el presidente del grupo parlamentario de JxSí y dirigente de CDC Jordi Turull y los exconsellers de Política Territorial Pere Macias y Felip Puig, ambos durante los mandatos de Jordi Pujol. La defensa también ha renunciado al testigo del exconseller de Política Territorial durante el tripartito Joaquim Nadal (PSC) y de la arquitecta Carmina Llumà, cuyo fichaje como alto cargo del consistorio de Montcada i Reixac (Barcelona) motivó una condena por tráfico de influencias a la exalcaldesa socialista de la localidad Maria Elena Pérez y a los exdirigentes de ese partido Manuel Bustos y Daniel Fernández.

Otros de los testigos que había citado la defensa de CDC y Osàcar, en sesiones programadas para los días 24, 25, 26 y 27 de abril, son el exconseller de Medio Ambiente y exsecretario general de Política Territorial Joan Ignasi Puigdollers, así como el exdirector general de Puertos y Transportes Enric Ticó. También se librarán de comparecer como testigos el exdiputado del PSC y exalcalde de El Vendrell (Tarragona) Martí Carciner, que fue uno de los colaboradores más estrechos del exconseller de Economía Antoni Castells durante el tripartito, así como el expresidente de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales Brauli Duart.

El expresidente del Palau de la Música Félix Millet, a su llegada a la Ciutat Judicial donde la Audiencia de Barcelona juzga desde a los saqueadores confesos del Palau de la Música, Fèlix Millet y Jordi Montull. EFE/Toni Albir

Desde este miércoles y a lo largo de tres meses, los exresponsables del Palau de la Música Fèlix Millet y Jordi Montull se sientan en el banquillo acusados de saquear la entidad cultural, bastión cultural de la burguesía catalana, en un expolio que presuntamente enmascaró también el desvío de fondos a CDC y que ascendería a más de 30 millones de euros.

Por el presunto pago de comisiones de Ferrovial a CDC a través de la institución cultural se sienta también en el banquillo Daniel Osàcar, extesorero de la extinta formación, que tiene quince de sus sedes embargadas por la justicia para asegurar una eventual condena como responsables civiles a título lucrativo del expolio.

El juicio se ha iniciado con un Fèlix Millet postrado en silla de ruedas, tras haber advertido en los últimos días que su estado de salud es precario, por lo que su defensa ha anunciado que pedirá que pueda ausentarse en parte de las sesiones de la vista oral por sus achaques de salud y su avanzada edad.

También sobrevuela el juicio el pacto que Jordi Montull, mano derecha de Millet al frente del Palau, está buscando con la Fiscalía para que rebaje sustancialmente la pena a su hija Gemma, que afronta 26 años de cárcel, a cambio de dar toda la información de que dispone sobre el presunto pago de comisiones a CDC.

El exdirector administrativo del Palau de la Música Jordi Montul, a su llegada a la Ciutat Judicial donde la Audiencia de Barcelona juzga desde a los saqueadores confesos del Palau de la Música. EFE/Toni Albir

En el juicio, la Fiscalía pide 27 años y medio de cárcel para Millet y Montull y otros siete años y medio para el extesorero de CDC Daniel Osàcar, por el supuesto pago de comisiones ilícitas de la constructora Ferrovial a la formación nacionalista a cambio de la adjudicación de obra pública durante la etapa de Jordi Pujol.

Osàcar y Ferrovial ven prescrito el tráfico de influencias

En esta primera sesión del juicio, defensas del extesorero de CDC Daniel Osàcar y del exdirectivo de Ferrovial Pedro Buenaventura han alegado, en la primera sesión del juicio por el expolio del Palau de la Música, que ha prescrito el delito de tráfico de influencias del que están acusados.

En el trámite de la cuestiones previas, el abogado de Buenaventura, Cristóbal Martell, ha defendido la prescripción de los delitos por los que está acusado (tráfico de influencias y administración desleal), recordando que el último pago de patrocinio de Ferrovial al Palau con él de directivo fue el 7 de febrero de 2006. También ha pedido anular toda la documentación que se extrajo del ordenador de la entonces secretaria de Millet, Elisabeth Barberá (donde había mucha documentación vinculada con la constructora), al considerar que es una prueba alterada al no haberse garantizado la cadena de custodia.

Considerado que, una vez volcada, hubo total desgobierno en la cadena de custodia de estos soportes con vocación probatoria, que tuvieron una "atribulada y atormentada vida", y ha constatado que parte de estos documentos resultaron dañados y después recuperados.