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Juicio al procés Unipost, el misterio de la empresa que trabajó para el 1-O en la que nadie sabía nada del referéndum

La 35 sesión del 'procés' acogió este miércoles las comparecencias de tres exjefes de Unipost, entre ellos el que fuera presidente de su Consejo de Administración. La historia de la extinta empresa de mensajería incluye a otros tantos testigos, y reserva un puesto de honor para el "tal Toni", identificado por varios guardias civiles como Antoni Molons, alto cargo de la Generalitat y procesado en otra causa.

Una furgoneta de la empresa de mensajería Unipost durante el registro realizado por la Guardia Civil en su sede en L'Hospitalet de Llobregat. EFE/ Quique García

El caos en la empresa de mensajería Unipost, en concurso de acreedores ya antes del 1-O y hoy extinta, era más que evidente. La reconstrucción de lo que ocurrió entre los muros de sus sedes, que albergaron material para el referéndum soberanista del 1 de Octubre de 2017, se antoja laberíntica, y sus protagonistas apenas aportan algo de luz sobre esta materia.

Tres de estos protagonistas comparecieron este miércoles en la 35 sesión del juicio a la cúpula del procés, ante la Sala de Lo Penal del Tribunal Supremo, y sus respuestas no sirvieron para despejar muchas incógnitas. Las acusaciones quieren probar que los procesados cometieron un supuesto delito de malversación al destinar casi un millón de euros de dinero público a costear papeletas y sobres, pero hoy por hoy no hay nada atado. El servicio no se realizó, venían a decir los trabajadores, porque hubo orden de paralizar los envíos, al no constar orden de entrega. Apenas hay papeles, y ambas partes aseguran que no hubo pagos.

Uno de los jefes de Unipost, sobre los materiales para el referéndum que iban a repartir: "Era vox populi"

El propio presidente del Consejo de Administración de Unipost, Antón Raventós, afirmó este miércoles que ni él ni su primo Pablo Raventós, procesado en otra de las causas del procés, y por tanto eximido de declarar, pese a haber sido citado como testigo, negó tener constancia de las facturas -cinco- emitidas por la empresa por estos trabajos.

“No lo sé. No me encargaba de la parte contable. Lo he leído por la prensa”, decía el presidente no ejecutivo. Por no saber, no quería opinar siquiera sobre si era habitual que la Generalitat realizara entregas de material los sábados por la tarde, ni conocía el horario comercial de su empresa, en la que no tenía despacho.

Tampoco tenía ni la menor idea de que la nave central de la empresa en Terrassa albergaba material del referéndum. Ni él ni su primo, que era ni más ni menos que director general de la empresa -y que ha sido señalado por otro trabajador como quien dio la orden de paralizar el envío- tenían constancia de lo que pasaba. Se enteraron por la prensa de que la Guardia Civil se estaba incautando material electoral en esta sede, en septiembre de 2017.

Albert Planas, director de Producción de la empresa en Catalunya, presente cuando los agentes se incautaron estos materiales, tampoco sabían qué estaban a punto de repartir: "En las cajas decía 'Generalitat de Catalunya', no se sabía que eran para el referéndum”, aseguró en su declaración, en marzo.

La fiscal Madrigal, al presidente de la empresa: "¿No sabe nada de Unipost?"

Estas afirmaciones sacaron de quicio a la fiscal Consuelo Madrigal, y fueron desmentidas por el único jefe de Unipost, Rafael Ramírez, que reconocía saber lo que estaba pasando. Tras obtener un nuevo “no lo sé” en respuesta a si era posible que estos materiales fueran depositados en los almacenes sin el correspondiente albarán de entrega, Madrigal perdía la paciencia: “¿Entonces qué relación tiene usted con Unipost?”, inquiría, para verse reprendida por el presidente de la Sala, Manuel Marchena.

“No le reproche al testigo que no sepa aquello que cree usted que debería saber”, exigía. Madrigal volvía a la carga: “¿No sabe nada de Unipost?”, cuestionaba, para verse de nuevo cortada por Marchena. “Sí sabe algo, porque es el presidente”.

Por su parte, Ramírez, jefe de zona del Eixample de Barcelona, reconoció que, aunque “oficialmente” no tenían ni idea de en qué consistía el envío, era “vox populi” cuál era su naturaleza. “No por nada, porque éramos los que repartíamos todos los envíos de la Generalitat”, apostillaba.

Estaban sobre aviso en las oficinas de Barcelona, debían repartir estos materiales con la máxima “celeridad”, en palabras de Manuel Santos Falcón, jefe de Producción de la empresa en Barcelona y Badalona, y debían dedicar para ello todos sus recursos. Nunca llegaron a hacerlo, porque la Guardia Civil se los incautó.

Cinco millones de papeletas y 50.000 notificaciones

Otros jefes de la empresa también han negado tener constancia de que los cinco millones de papeletas almacenados en esta sede guardaran relación con el referéndum. Como no la tenían de las más de 50.000 notificaciones para miembros de mesas electorales que el mismo exdirector de Operaciones de la empresa, Francisco Juan Fuentes Ruiz, recogió en persona en una furgoneta en un polígono industrial de Barcelona un sábado, según él mismo relató en marzo ante la Sala de Lo Penal.

Unos “transportistas” le entregaron tres palés con estos impresos, que trasladaban en una furgoneta sin logotipar, sin que hubiera un “albarán ni un triste papel” con instrucciones sobre cómo proceder, o siquiera que acreditase que el cliente era ni más ni menos que la Generalitat. Todo lo que debía hacer se lo explicó “el tal Toni”, identificado por varios testigos de la Guardia Civil como Antoni Molons, entonces secretari de Difusió i Atenció Ciutadana de la Generalitat, hoy secretari de Comunicació del Govern, y procesado por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona por su supuesto rol en la organización del 1-O.

Y, si el presidente no sabía “de contabilidad”, el director financiero, Xabier Barragán, no tenía constancia del encargo de repartir materiales por valor de casi un millón de euros. Barragán sí conocía la existencia de facturas proforma, generadas dentro de un contrato marco que abarcaba a cinco departamentos de la Generalitat. Finalmente reconoció que estas facturas sí fueron remitidas al pagador, aunque fueron rechazadas en dos ocasiones: "Nunca se han cobrado las facturas proforma de la Generalitat", apuntaba en su comparecencia.

Así, varias entregas después de comenzar, y cuando ya han transcurrido dos meses y medio de juicio, el misterio de Unipost todavía no se ha resuelto, y las acusaciones expresan con sus gestos y preguntas su desconfianza ante estos testigos. Nadie ha sabido explicar cómo en una empresa en una situación tan delicada nadie tenía datos sobre un encargo tan importante.

“La gente no cobraba las nóminas a tiempo, había problemas de liquidez”, reconoció este miércoles Barragán. No obstante, fue Ramírez, el jefe de zona del Eixample, quien mejor resumió la “penosa situación” en la que se encontraba la empresa, cuyos trabajadores “cobraban mal”: "Hubiera enviado veneno, porque ya le digo que no cobrábamos al día".

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