El juicio por la pieza separada 2 de la macrocausa Púnica, también conocida como la pieza leonesa dentro de la trama corrupta que salpica a una treintena de exdirigentes del PP por desviar dinero público, ha arrancado este jueves en la Audiencia Nacional con la estrategia defensiva de los seis acusados al descubierto: obstaculizar el juicio, alegando una presunta vulneración de los derechos de los procesados y dilaciones indebidas, al celebrarse ocho años después de estallar el caso.

"Nos da la sensación de que las defensas están intentando que no entremos a juicio", ha protestado la fiscal Carmen García Cerdá a raíz de las quejas formuladas por los letrados de los acusados. 

La Fiscalía pide ocho años de prisión para Martín Marcos Martínez Barazón, expresidente de la Diputación de León por el PP y actual alcalde como independiente de la localidad leonesa de Cuadros; accedió a la presidencia de la Diputación tras el asesinato de Isabel Carrasco en 2014, su antecesora en el cargo y cuya presunta responsabilidad penal por esta causa ha quedado extinguida por su fallecimiento. El Ministerio Público acusa a Martínez Barazón de los presuntos delitos de malversación, falsedad, fraude, cohecho y tráfico de influencias. 

Para Pedro Vicente Sánchez, que fue coordinador del gabinete de prensa de la Diputación y exalcalde del PP de la localidad de Puebla de Lillo, la Fiscalía pide siete años, uno menos que para Martínez porque no le acusa de tráfico de influencias; exactamente la misma petición que para el exinterventor de la Diputación Manuel López.

Respecto al empresario informático, considerado el 'conseguidor' de Púnica, Alejandro de Pedro y a su socio José Antonio Alonso Conesa, exalcalde socialista de Cartagena, están acusados de malversación de fondos públicos en concurso con falsedad y fraude, por lo que la Fiscalía solicita cinco años de cárcel. Para Guadalupe Caballero, exempleada de Alejandro de Pedro, las fiscales piden tres años y medio de cárcel por malversación.

La acusación pública mantiene que en abril de 2012 Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa captaron como cliente a la entonces presidenta de la Diputación Provincial de León, Isabel Carrasco y, tras su asesinato en 2014, a su sucesor, Martín Marcos Martínez Barazón, para mejorar su imagen pública a través de las empresas EICO y Madiva, que también están siendo enjuiciadas.

El objetivo era "limpiar" la reputación de Carrasco en las redes sociales y difundir de ella una imagen positiva, todo ello a cargo del presupuesto de la Diputación y ocultando esos contratos. Se simuló, según la Fiscalía, la contratación pública de publicidad institucional a la mercantil Madiva, lo que permitió a los acusados "girar durante más de dos años" facturas "por servicios no prestados", consta en el escrito de acusación del Ministerio Público. 

Las defensas intentan tumbar la acusación por los trabajos reputacionales, pagados con dinero público y ocultados a los entes de contratación de la Diputación de León, basándose en la postura de la Fiscalía durante la causa contra la exalcaldesa de Cartagena y exsenadora del PP, Pilar Barreiro. En aquella ocasión, el fiscal no vio indicios de delito en hechos semejantes a los que se juzgan en esta pieza de Púnica, al reconocer  la dificultad de distinguir  la promoción institucional del prestigio personal del político. 

La Fiscalía sostiene que lo que resolvió en su día el Supremo, archivando la causa contra Pilar Barreiro, no condiciona ni vincula lo que se juzga en esta ocasión, y pone el foco en la importancia de dilucidar en qué consistieron los trabajos reputacionales de Alejandro de Pedro, que repitió respecto a otros acusados en la causa Púnica. 

Las defensas también se ha quejado por el hecho de que el Ministerio Fiscal  haya aportado a última hora una serie de documentación correspondiente a otras piezas de la macrocausa Púnica. Las fiscales, por su parte, han asegurado que han "intentado que la documentación, testificales e informes" dictados se fuesen incorporando a la pieza principal "para evitar indefensión". 

El abogado de Martínez Barazón ha indicado que se ha producido una presunta vulneración del derecho de defensa por la manera en la que se dirigió la investigación, por parte del Juzgado Central 6. "Se realizan peticiones por las partes que quedan sin resolver y sin estar resueltas el juez pasa a la siguiente fase", ha afirmado este jueves. 

El juicio continuará el próximo lunes y está previsto que dure todo el mes de diciembre. También se juzga el intento de amaño de la concesión de la estación de esquí de San Isidro (León).