Libertad "inmediata" y nulidad para el juicio del 1-O. Eso es lo que ha pedido la defensa del exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras al Tribunal Supremo después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya reconocido su inmunidad como eurodiputado electo. En un escrito de 15 páginas, firmado por el abogado Andreu Van den Eynde, se solicita que se libere a Junqueras para que pueda acudir al Parlamento Europeo a obtener su acta de diputado, acta que el Supremo le impidió recoger en pleno juicio del procés, cuando se encontraba en prisión provisional.

Tras recibir todas las alegaciones -aún falta conocer las de la Abogacía del Estado- la sala deberá adoptar una decisión respecto a la situación personal de Junqueras, que cumple condena firme de 13 años de cárcel por un delito de sedición, informa Europa Press

En su escrito, la defensa del líder de ERC exige a la sala presidida por Manuel Marchena que garantice el libre desplazamiento de Junqueras al Parlamento Europeo bajo la prerrogativa de inmunidad establecida en el artículo 9.II del Protocolo de Privilegios e Inmunidades de la Unión Europea, "dando lugar a su inmediata liberación".

También solicita que "tomando en consideración la exclusiva facultad
del Parlamento Europeo para levantar la inmunidad de sus miembros y autorizar la tramitación de cualquier procedimiento penal", se declare en suspenso la tramitación de la causa en el Tribunal Supremo desde el pasado 13 de junio -fecha en la que se proclamó oficialmente a Junqueras como candidato electo a la Eurocámara- y, en consecuencia, decrete la nulidad de la sentencia del procés.

El letrado quiere además que, en el caso de que todas las partes a las que se pidió alegaciones hayan contestado, la Sala no espere para resolver a que concluya el plazo máximo de presentación de los escritos, que se agota el próximo 2 de enero. De momento falta el escrito de la Abogacía del Estado, y fuentes del alto tribunal ya han señalado que previsiblemente la Sala no contestará hasta después de Reyes.

El Supremo no retiró la consulta al TJUE

En su escrito, de 15 páginas, la defensa de Junqueras recuerda que fue deseo de tribunal no retirar la pregunta que realizó al TJUE sobre la inmunidad de su cliente como preso preventivo cuando se dio a conocer la sentencia el pasado 14 de octubre, lo que a su juicio de esta parte tiene como consecuencia que el problema planteado "no es hipotético, sino real, y no ha perdido su vigencia tras la sentencia".

El TJUE, por su parte, y pese a conocer las advertencias realizadas por el Abogado General en relación con esta posible pérdida de vigencia, "descarta con total claridad que la discusión del asunto prejudicial haya perdido objeto y por tanto confirma indudablemente la idea de que la configuración de la inmunidad tiene como consecuencia principal la afectación de la causa penal principal", añade la defensa.

Gran parte de las alegaciones de Van Den Eynde se dirigen a señalar que la resolución del tribunal europeo obliga a admitir el incidente de nulidad de sentencia presentado antes de conocerse esta resolución como requisito para poder recurrir ante el Tribunal Constitucional y que aún esta pendiente de resolverse por la Sala.

La inmunidad declarada por el TSJUE, insiste esta parte, implica
el levantamiento de la medida de prisión provisional. "Si el tribunal la quiere mantener tras la adquisición de la condición de miembro del Parlamento Europeo ha de solicitar al Parlamento Europeo que suspenda la inmunidad", advierte el letrado, para subrayar que "sin la autorización del Parlamento Europeo no resulta posible" el mantenimiento de Junqueras en prisión.

"El señor Junqueras adquirió todos los derechos y la inmunidad de la que gozan los parlamentarios europeos y su escaño no puede continuarvacante -añade el escrito-. Las restricciones adoptadas por esta excelentísima Sala deben, por tanto, cesar".

Alegan igualmente que el TJUE establece que, como consecuencia de la inmunidad, el Supremo debía haber puesto en libertad a Junqueras para que realizara los trámites necesarios para alcanzar su condición de eurodiputado y ello obliga a declarar que se vulneraron sus derechos y analizar qué efecto tiene actualmente sobre su situación de prisión.