El largo camino de una amnistía que todavía no llega a los principales dirigentes del 1-O

La consecución de una ley de amnistía y, sobre todo, su aplicación al conjunto de dirigentes y activistas independentistas represaliados por sus acciones durante el procés ha comportado años de batalla política. Y, de hecho, la segunda cuestión, su aplicación total, todavía está lejos de resolverse. La sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que este jueves avalará el grueso de la ley, será un paso más, pero todavía no el último para que esto se produzca. 

La razón es la negativa del Tribunal Supremo a aplicarla al delito de malversación, lo que permite mantener la inhabilitación a dirigentes como los republicanos Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa y el secretario general de Junts, Jordi Turull, condenados durante el juicio del procés. Y del cual también se acusa al expresidente Carles Puigdemont, de forma que no puede volver a Catalunya sin correr el riesgo de ser detenido. En principio, la aplicación de la amnistía a la malversación restará en manos de lo que en los próximos meses decida el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que tiene que responder a las cuestiones prejudiciales sobre este punto. 

La demanda de una amnistía empezó a avanzar con cierta fuerza en 2019, ya hace seis años, en un momento en el que algunos de los principales dirigentes independentistas implicados en el 1-O estaban o en prisión preventiva o en el exilio. Uno de los primeros en plantearla fue el exdiputado de ERC en el Congreso Joan Tardà, que la puso encima de la mesa en agosto de 2019 durante una entrevista radiofónica. En aquel momento se estaba a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo, que en junio había acabado las sesiones del juicio al procés. 

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La propuesta de Tardà generó debate entre el independentismo y poco después la CUP ya la había asumido. Con todo, la demanda empezaría a coger fuerza una vez el Supremo condenó a largas penas de prisión a los líderes del 1-O, con la sentencia que se dictó el 14 de octubre de aquel 2019. Así, en febrero de 2020 Òmnium Cultural puso en marcha la campaña 'Amnistia Ara!', que ya desde el primer momento tuvo un amplio apoyo de entidades y personalidades políticas y sociales catalanas. 

En septiembre de aquel año, la asociación Amnistía i Llibertat planteó una posible ley de amnistía, otro de los elementos que ayudó a fortalecer la demanda de una parte significativa de la sociedad catalana en favor de la ley del olvido judicial. Paralelamente, la campaña 'Amnistía Ara' fue ganando apoyos y, por ejemplo, reunió a partidos y entidades en un acto en diciembre del 2020 para reclamar la ley.

Pocas semanas después consiguió el apoyo de unas cincuenta personalidades internacionales, entre las que estaba la expresidenta brasileña, Dilma Rousseff, el exlíder del Sinn Féin irlandés, Gerry Adams, la cantante Yoko Ono, el cantante y activista chino, Ay Wei Wei, o cinco premios Nobel. En la misma línea, los presos políticos aprovecharon uno de sus permisos para pedir la amnistía en un acto unitario antes de las elecciones al Parlament del 14 de febrero de 2021. 

 Negativa inicial del Congreso   

En marzo de aquel 2021, los partidos independentistas registraron una proposición de ley de amnistía en el Congreso, que no conseguiría ni siquiera ser admitida a trámite por la Mesa de la cámara.

El PSOE, en aquel momento, se oponía a la amnistía, mientras ganaba peso la opción de un indulto parcial a los dirigentes políticos encarcelados. Ahora bien, el "no" del Congreso no pararía la campaña catalana en favor de una amnistía, que seguiría generando apoyos y complicidades y que tampoco se frenó con la concesión de los indultos en aquel junio. De hecho, el entonces presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, situó la amnistía como el principal objetivo de la mesa de diálogo con el Gobierno para abordar el conflicto, junto con el referéndum.

Iniciativas sociales como el Acord Social per a l'Amnistía i l'Autodeterminació, que arrancó motores en abril de 2022, no hacían otra cosa que consolidar en la agenda una demanda que más allá del apoyo político del conjunto del independentismo también acabarían haciendo suya los Comuns. Los socialistas mantenían su rechazo a la propuesta, si bien es cierto que sí que aceptaron ir dando pasos hacia la desjudicialización del conflicto político, con ejemplos como la derogación del delito de sedición, concretada a finales de 2022. 

 La investidura de Sánchez provoca el giro del PSOE   

La situación dará un giro repentino a raíz de las elecciones generales del 23 de julio de 2023, en las que, a pesar de experimentar una pérdida de apoyo, el independentismo se situó en una posición decisiva. Pedro Sánchez pasó a necesitar los votos tanto de los siete diputados de ERC como de los siete de Junts para poder continuar como presidente, lo que se convertiría en la oportunidad política que, ahora sí, haría virar la posición del PSOE y allanaría el camino hacia la ley de amnistía, tras los acuerdos de investidura con las dos formaciones catalanas. 

A pesar de todo, todavía quedaría alguna curva para que la norma se pudiera materializar. Junts quiso marcar perfil a la hora de delimitar el perímetro de la amnistía -básicamente a quien incluiría- lo que la haría descarrilar inicialmente en la comisión de Justicia, para finalmente cerrar un acuerdo definitivo en marzo del año pasado. La ley recibiría la aprobación inicial del Congreso el 14 de marzo, donde volvería tras el previsible veto del PP en el Senado para ser aprobada definitivamente el 30 de mayo. Dos semanas más tarde, el BOE publicó el texto que, ahora sí, convertía la ley de amnistía en una realidad. 

 La resistencia del Supremo  

Ya desde el primer momento se comprobó como su aplicación no sería un camino de rosas y no habría una avalancha de independentistas amnistiados en pocas semanas, aunque hace apenas un año ya se conocían los primeros activistas beneficiados. El Tribunal Supremo tardó pocas semanas en confirmar que no pensaba amnistiar la malversación, una decisión que lo abocaba a un conflicto con el TC y a qué sea el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) quién acabe determinando qué pasa con este punto, clave para Puigdemont y Junqueras, entre otros. 

Del mismo modo, los activistas de los CDR detenidos en la operación Judas y encausados por terrorismo tampoco han sido amnistiados, en este caso por parte de una Audiencia Nacional que también ha optado por dirigirse al TJUE. Todo ello hace que el balance de su aplicación sea irregular, según el independentismo, sobre todo por el contraste entre la celeridad y aprobación de la amnistía a los policías nacionales implicados en la represión del 1-O -y otras protestas- y la lentitud o, directamente, no aprobación cuando se tendría que aplicar a dirigentes políticos o activistas independentistas.