La aprobación de la ley de familias este martes en el Consejo de Ministros no es el fin de nada, tan solo el principio. Esto es así por cuestiones técnicas y de plazos concretos; lo que se ha aprobado es el anteproyecto de ley en lo que se conoce como primera vuelta, por lo que el Gobierno no le ha dado su visto bueno definitivo.

En las próximas semanas, la norma se someterá al escrutinio de instituciones como el Consejo de Estado, que emitirán informes (meramente consultivos, cuyos postulados no son de obligado cumplimiento) necesarios para cerrar el trámite de este texto en el Ejecutivo. Posteriormente, debe volver al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva. Solo en ese momento podrá remitirse al Congreso de los Diputados.

Y aquí, en su andadura parlamentaria, residen el resto de complejidades que podrían retrasar su aprobación y que, por lo tanto, imposibilitan garantías absolutas de que la ley de familias entre en vigor en esta legislatura. En concreto, la norma parte con una serie de ventajas, y también de desventajas, a la hora de afrontar su camino en las Cortes.

Como punto optimista de cara a que pueda ver la luz en este curso político está el hecho de que es un texto consensuado hasta la última coma entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de Ione Belarra y el PSOE, por lo que cuenta, en principio, con el aval total de los socialistas.

Esto, que podría parecer una cuestión menor, no lo es, a tenor de los visto en otras leyes. La ley de vivienda también salió del Consejo de Ministros después de un acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos, pero a día de hoy sigue bloqueada en el Congreso de los Diputados porque no había un consenso sin fisuras real entre ambos socios. 

También la ley trans parecía completamente blindada después del debate que se dio entre el Ministerio de Igualdad y el ala socialista del Ejecutivo, y en los últimos meses esa disputa logró resucitar con más fuerza que nunca y llegó a complicar la aprobación de la norma. No será el caso de la ley de familias, que sí que cuenta con un respaldo absoluto de los de Pedro Sánchez.

Críticas de algunos colectivos

A modo de desventaja o de claves que pueden dificultar la aprobación de la norma (e, incluso, impedir que se apruebe en esta legislatura), hay varios elementos. La ley de familias llega con bastante retraso; Belarra logró un acuerdo con el PSOE en el marco de la negociación de Presupuestos para aprobarla en el mes de octubre, pero, tras cerrar un texto, varios ministerios socialistas reabrieron el debate sobre medidas pactadas, lo que provocó que llegara al Consejo de Ministros casi dos meses tarde.

Para que la norma saliera adelante y se diera luz verde a nuevos permisos y derechos, como la renta de 100 euros por crianza o el reconocimiento de los diversos tipos de familias, se cayeron varios planteamientos que la propuesta de Belarra contenía en un inicio. Esta situación ha provocado la crítica de algunos colectivos, que han señalado que el texto del Ejecutivo les deja fuera.

Este es el caso de las asociaciones que reivindican que las familias monoparentales puedan tener beneficios similares a las familias numerosas desde el primer hijo, no desde el segundo, como recoge el anteproyecto de ley aprobado, ya que esto deja fuera, denuncian, a más del 70% de ellas.

Finalmente también se ha descolgado la ampliación del permiso de paternidad o maternidad a ocho semanas en el caso de las familias monoparentales. En la actualidad, el permiso es de cuatro semanas para cada progenitor, y el objetivo de Derechos Sociales era el de aumentarlo a ocho semanas en el caso de las madres de familias con un solo progenitor.

Las reivindicaciones de estos colectivos tendrán su protagonismo durante la tramitación parlamentaria, y es muy probable que las distintas formaciones de izquierdas del denominado bloque de la investidura (ERC, EH Bildu, Más País) las lleven, de alguna manera, a sus enmiendas. El PSOE y Unidas Podemos necesitan sus apoyos para que la ley salga adelante, por lo que deberán negociar para impedir bloqueos y para llegar a un acuerdo con estos grupos.

El tercer elemento que puede complicar la aprobación de la norma es el que va a afectar a todos los proyectos de ley y a todas las proposiciones que se aprueben a partir de ahora: 2023 es año electoral. Con unos comicios municipales y autonómicos en mayo, y unos generales después (probablemente en diciembre), la actividad legislativa se verá muy ajustada en sus plazos.

Habrá varios periodos de inactividad, los grupos estarán en modo campaña casi de forma permanente e, incluso, las Cortes se disolverán varios meses antes de que acabe el año de cara a la celebración de las generales. Con todo, este martes Belarra se comprometió a "correr" para que la norma esté lista antes del final de la legislatura: "Es una norma imprescindible para que todas las familias se vean reconocidas", recordó la ministra de Derechos Sociales.