Existen ya pocas dudas de que los trabajos para alumbrar la nueva ley de Vivienda serán contra el reloj. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se ha comprometido a llevar la norma al Consejo de Ministros antes de que finalice el mes de febrero, pero las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos están, según la formación morada, muy enquistadas y las diferencias entre ambas partes parecen irresolubles.

Los de Pablo Iglesias se quejan de que, pese a que han puesto sobre la mesa varias propuestas de calado, que van desde la regulación de los alquileres hasta la movilización de vivienda vacía, el Ministerio de Transportes las ha rechazado y, además, no han defendido ni dado a conocer ninguna propuesta alternativa.

Sin embargo, desde el departamento dirigido por José Luis Ábalos se asegura que sí se ha realizado una propuesta, aunque en este caso no se han dado a conocer las medidas concretas que se habrían trasladado a las negociaciones. Aquí reside una primera diferencia, muy importante, entre ambas partes: mientras desde Unidas Podemos se lleva semanas insistiendo en que las negociaciones van tarde y que las posiciones están todavía muy alejadas, los socialistas aseguran confiar en llegar a tiempo y cumplir con los plazos comprometidos.

Tanto es así que Transportes habría trasladado a los de Iglesias la semana anterior a las elecciones catalanas que no seguirían negociando hasta que se celebraran los comicios; pese a todo, la ministra Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aseguró a principios de febrero que la nueva ley de Vivienda estaría lista "en las próximas semanas".

Pero la percepción sobre los plazos no es el principal escollo que separa a las dos formaciones que sustentan al Gobierno. En Unidas Podemos creen que existen diferencias fundamentales de contenido que tienen que ver con el concepto que se tiene del derecho a la vivienda y con la apuesta por regular los precios de los alquileres (como se recoge en el acuerdo de coalición y en el de Presupuestos). En este sentido, la formación morada ha puesto sobre la mesa medidas como la regulación y control de precios en las denominadas zonas tensionadas.

Desahucios, fondos buitre e impuesto a la vivienda vacía

También han propuesto hacer permanente la prohibición de los desahucios que se acordó a finales de diciembre de 2020 y que expirará cuando decaiga el estado de alarma, en el mes de mayo. Para movilizar vivienda vacía, la Vicepresidencia segunda aboga por crear un impuesto que grave las viviendas vacías (a partir del cuarto inmueble), así como la cesión de la Sareb y de los grandes fondos de inversiones de parte de sus inmuebles vacíos al parque público de vivienda en alquiler (en concreto, a los parques públicos de cada comunidad autónoma, ya que en España no existe un parque público estatal).

Fuentes de la formación morada insisten en que, pese a manejar desde hace varios meses estas propuestas y "a una semana de que termine el plazo para llevar la ley de Vivienda al Consejo de Ministros, el PSOE sigue sin propuesta en materia de desahucios, control de precios del alquiler y grandes propietarios".

Además, Unidas Podemos va más allá y acusa a los socialistas de estar "muy próximos en sus planteamientos a ASVAL (Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler), dirigida por el exministro socialista Joan Clos, y al sector inmobiliario". Lo que se traslada desde el departamento dirigido por Ábalos es que trabajan "para impulsar una ley de Vivienda que pretende ser representativa de toda la sociedad española, que nazca desde el acuerdo con todos los sectores sociales, que huya de sectarismos y piense en todos los ciudadanos y ciudadanas, especialmente en los más vulnerables".

También hubo diferencias respecto a la última reunión que mantuvieron los equipos negociadores de ambos partidos, el pasado jueves. Mientras desde Podemos se trasladó que en el encuentro no hubo avances, Transportes insistió en que en la reunión se abordaron "diferentes problemas en el ámbito de la vivienda" y se estudiaron "diferentes soluciones".

En este sentido, el ministerio resalta "la solidez y rigor de las propuestas presentadas, que pretenden conseguir soluciones reales a las necesidades habitacionales en España, ser garantistas con el Derecho a la Vivienda y alejarse de iniciativas que no resuelvan los problemas existentes".

Intervención de los alquileres o incentivos fiscales

Ábalos ya anunció en este sentido que las soluciones del problema de vivienda en España no pueden solo recaer en las espaldas del sector privado, y que el mayor impulso debe venir de las administraciones públicas y de potenciar la construcción de viviendas sociales.

El pasado jueves, organizaciones defensoras del Derecho a la vivienda (como la PAH) y sindicatos (entre los que se encuentran Comisiones Obreras y UGT), presentaron un manifiesto en el que, en la misma línea de Unidas Podemos, exigían una normativa que obligara a los grandes fondos de inversiones a corresponsabilizarse de las situaciones de emergencia habitacional e hiciera permanentes las prohibiciones de los desahucios sin alternativa habitacional y de los cortes de suministros básicos.

En la Iniciativa por una ley que garantice el Derecho a la vivienda, estos colectivos defienden que "después de haber entregado más de 60.000 millones de dinero público para el rescate bancario que no han sido devueltos", es necesaria una ley que garantice "una vivienda para quien lo necesite mediante un presupuesto suficiente en políticas de vivienda pública y estableciendo mecanismos legales que obliguen a los responsables financieros de la crisis inmobiliaria y a los grandes tenedores de vivienda a asumir responsabilidad social y evitar nuevas burbujas especulativas".

Entre las reclamaciones de estos colectivos también están la "regulación estatal de alquileres a precios adecuados a los salarios de la población", o la ampliación del parque público de alquiler social, "como mínimo al 20% del conjunto de viviendas en 20 años, haciendo frente a la emergencia habitacional de forma prioritaria".

En Unidas Podemos han deslizado en este sentido que los socialistas estarían apostando por desechar la intervención directa de los alquileres y tratar de rebajar los precios a través de incentivos fiscales a los propietarios (un modelo que ha fracasado en países como Portugal, ya que son muy pocos los propietarios que se han acogido a esta fórmula y que han preferido mantener sus precios altos antes que recibir incentivos fiscales del Estado). Sin embargo, Transportes ha negado que esta propuesta esté sobre la mesa.

Pese a todas las diferencias, desde el Ministerio dirigido por Ábalos se confía en acercar posiciones y llegar a un acuerdo si hay voluntad de entendimiento, y no convertir este asunto en un nuevo foco de enfrentamiento en el seno del Ejecutivo.