MADRID.- Lo cuenta hastiado ya de una lucha sindical emprendida hace años, con el coste de su puesto de trabajo incluido. Guillermo Ramos fue trabajador de Seguridad Integral Canaria, propiedad del empresario Miguel Ángel Ramírez, imputado por fraude fiscal y a la Seguridad Social por Victoria Rosell, la representante de Podemos que abandonó la judicatura y contra la que el ex ministro José Manuel Soria interpuso una querella admitida por el Tribunal Supremo.

“Los trabajadores reunimos todas las pruebas para formular una acusación contra el empresario y las manipulaciones del juez Salvador Alba, a favor de Soria y contra Rosell, mina nuestra causa. Las grabaciones que Ramírez hizo al juez tramando como manipular el procedimiento para perjudicar a su antecesora y que ahora él ha hecho públicas, deja el procedimiento viciado y abocado al sobreseimiento. Se va de rositas”, cuenta indignado Guillermo.

"Las grabaciones que Ramírez hizo al juez para perjudicar a su antecesora y que ahora él ha hecho públicas, deja el procedimiento viciado y abocado al sobreseimiento"

Por eso prepara un informe con nueva documentación para presentar ante la Fiscalía y la Guardia Civil con el que se pueda abrir un nuevo procedimiento contra Ramírez. “El empresario está colaborando con la Justicia con la intención de que se cierre el procedimiento. Le da igual seguirle la corriente a Alba, a Soria o a Rosell con tal de que se archive su causa y quedar él de víctima de la corrupción de la Justicia. Pero del fraude a la Seguridad Social y otras irregularidades contra los trabajadores se va a librar”.

La causa a la que se refiere es la que se instruye en el juzgado de Las Palmas de Gran Canaria que dirigía Victoria Rosell en 2014 y que se abrió por una denuncia del sindicato USO contra Seguridad Integral Canaria por fraude a Hacienda y a la Seguridad Social. Ramos no militaba en ese sindicato, era delegado de Alternativa Sindical de Seguridad Privada de esa empresa y coordinador de la organización para todas las islas.

Con las diligencias ya abiertas tras la denuncia de USO, “tuve una reunión en las oficinas de la Unidad de Seguridad Privada de la Policía con responsables de diferentes grupos y el 5 de febrero de 2014 entregué un pen drive con numerosa documentación. La Policía lo analizó y lo remitió al juzgado con un informe y Rosell lo repartió entre las partes en julio de 2014. Nunca me llamó para declarar sobre el asunto, porque entremedias yo me personé como acusación particular y también en representación del sindicato. Pero lo que me pareció sorprendente es lo que el juez Alba dijo en un informe para el Tribunal Supremo a petición del ex ministro Soria. Acusó a Rosell de haber tenido oculto en un cajón ese pen drive sin repartirlo a las partes, a pesar d que tenemos el documento de entrega firmando por Rosell, pero no me llamó a declarar para corroborar antes de su informe que la documentación que contenía era la misma que yo había aportado. La causa no le interesa”.

El papel de Guillermo Ramos en el procedimiento instruido por la diputada de Podemos no fue fácil. “Fui despedido de Seguridad Integral Canaria después de varias investigaciones. Tuve una baja y el empresario me acusó de seguir teniendo actividad sindical. Me puso hasta detectives, pero finalmente la causa se cerró a favor mía”.

Según explica, “la denuncia de Ramírez contra mí fue por mala fe contractual, después de poner en conocimiento de los organismos públicos el fraude a la Seguridad Social de la empresa a partir de una resolución de la propia inspección de trabajo. Las horas nocturnas, festivos y extras las pagaba como dietas al margen de la nómina y no cotizaba por ellas. Hacía dos ingresos”. El procedimiento abierto por Rosell fue por esos hechos que afectaban a todos los trabajadores. como denunció USO.

Tras aportar la documentación en el pen drive a la Policía, Guillermo se persona como acusación popular. El 24 de febrero, diez días después de la entrega, Rosell le llama a declarar como testigo al ser afectado de las presuntas irregularidades del empresario. En ese tránsito entre el reparto del pen drive a las partes y el abandono de la juez para integrar las listas de Podemos, Guillermo Ramos se queda fuera del procedimiento.

“Rosell decidió que debía ser acusación particular y me solicitó una fianza que no podía afrontar porque el sindicato se desmanteló, pero eso no me desacreditaba como testigo y mantuvo la imputación al empresario. Sin embargo el juez Alba, por un mínimo de decoro hacia las víctimas, debía habernos llamados a declarar hecho antes de emitir su informe al Supremo con el objetivo de favorecer al ex ministro y al empresario”.