Pablo Alcántara no vivió en primera persona el final de la dictadura ni la Transición. A sus 28 años conoció la represión del régimen por la vida de su abuelo, José́ Muñoz, alcalde republicano del Valle de Abdalajís (Málaga) que tuvo que huir a Francia para no ser fusilado. La carrera de Historia y un doctorado culminado con una tesis doctoral sobre la Brigada Político Social le han permitido tener sobre su mesa la documentación de cientos de asesinatos en manifestaciones, por torturas, por disparos al aire, de agentes que llegaban en coches coches camuflados, de unos agentes políticos que parecían actuar por su cuenta pero que tenían en su ADN la tortura como método de interrogatorio.

El águila gris: la policía política durante la dictadura franquista en Asturias y Madrid (1956-1976) es el nombre de la tesis de este joven historiador asturiano. Pablo cuenta a Público que escribir la primera investigación doctoral sobre la Brigada Político Social (BPS) en democracia ha sido una batalla complicada. "Quería llegar a entender como funcionaban sus métodos de interrogatorio, de investigación. Entender la Brigada Político Social como un aparato al servicio del franquismo y no como una serie de individuos que actuaban a su libre albedrío", como a veces parece que se ha dado a entender.

Este cuerpo policial vio la luz al inicio de la posguerra, en 1941. Se consolidó en palabras de Manuel Vázquez Montalbán como la "verdadera guardia pretoriana del franquismo". Desarrolló su actividad sin cortapisas hasta 1959, cuando se empezó́ a aplicar la detención preventiva de 72 horas. Era un cuerpo que combinaba la lealtad a un régimen totalitario con instrumentos represión.

Pero las evidencias de aquella Policía política sin escrúpulos siguen sin conocerse. La legislación actual no permite la consulta completa de expedientes policiales. La mayor barrera, la actual ley de patrimonio histórico, que en su artículo 57, apartado c señala: "La documentación de carácter personal, policial, médico, etcétera, que afecte al honor de las personas no puede ser consultada hasta 25 años después de la muerte de dicha persona o 50 años a partir de la fecha de los documentos, si la fecha de la muerte de la persona no es conocida".

Bajo esa premisa, muchos expedientes están ocultos. "Los expedientes de policías que no están vivos aún no se puede consultar. El expediente de Billy el Niño no se podrá consultar hasta 2045. Solo he podido ver historiales de policías que murieron antes de los 90".

Roberto Conesa en Madrid y Claudio Ramos en Asturias han centrado gran parte de la  investigación de Alcántara. Estos agentes trabajaron toda la dictadura, el primero desde 1939 y el segundo desde 1946 para la BPS y ambos después en democracia. "Su larga trayectoria permite ver como la Policía actuaba ante los grupos clandestinos, el lavado de cara que hubo a partir de los años 50". Conesa y Ramos son un ejemplo de aquella Policía represiva y su giro en la Transición. "Se convirtieron en dos de los agentes más conocidos y temidos por los militantes antifranquistas", aclara el investigador.

La ley de secretos oficiales es la otra losa que pesa sobre los papeles. Aprobada en 1968, esta ley ha tenido una reciente reforma que permite consultar la documentación anterior a esta fecha. "La posterior es imposible. Estamos esperando como agua de mayo una nueva normativa que  inicie la desclasificación de secretos, como ocurre en otros países de Europa", comenta Alcántara. Solo con el testimonio de las propias víctimas de la Brigada Politico Social se ha conseguido información de relevancia pero Alcántara insiste que "hay demasiado trabajo que queda pendiente" para dar una verdadera radiografía de la represión sobre la época.

Dinero bajo cuerda por detener a militantes antifranquistas

Hasta el momento Alcántara ha buceado en los papeles donde los jefes de aquella Policía "daban apoyos en sus torturas y esta quedaban totalmente impunes". Hay informes de la Dirección General de Seguridad donde se habla de infiltración en organizaciones estudiantiles antifranquistas. Extraían información de jóvenes militantes como Enrique Ruano, Julián Grimau o Puig Antich. "Aquí está la evidencia de que no actuaban por su cuenta. Analizaban fríamente lo que hacían y cómo lo hacían", confirma Alcántara, quien también cuenta que aquellos temidos agentes "recibían más dinero por detener a miembros de la oposición antifranquista que por detener a proxenetas o traficantes". "Para la dictadura era más importante detener a un comunista, un sindicalista o un estudiante antifranquista que a un mafioso dedicado a prostituir mujeres", sentencia el investigador.

El derecho a saber qué pasó realmente no solo se ha negado a los investigadores, también a los familiares. Las hermanas García Caparrós sacaban un reciente comunicado ante la dejadez del Estado para dar a conocer la comisión de encuesta del Congreso de los Diputados con datos y referencias del caso de su hermano, asesinado por un disparo al aire en una manifestación en Málaga el 4 de diciembre de 1977. "Parece vergonzoso que a las víctimas del franquismo no se les permite consultar documentación que les concierne. La documentación que afecta a cuestiones de derechos humanos, a crímenes de lesa humanidad debería ser de libre acceso tanto para las víctimas como para la sociedad", reza dicho comunicado.

De sus años de doctorado, Alcántara guarda muy buen recuerdo de las entrevistas que pudo realizar en vida a Chato Galante, quien le contaba "lo sádico que era Billy el Niño, como le enseñaba la pistola y le amenazaba con dispararla". O Julio Diamante hablando de cómo "Roberto Conesa le preguntaba por cine sueco, como para hacerse el entendido". O Aquilino de Polio, que vio en primera persona como mataban a varios miembros de la guerrilla. Pablo tampoco olvida a Anita Sirgo, histórica militante comunista asturiana, a la que "la Guardia Civil le rapó el pelo, por participar en un piquete contra unos esquiroles en la mina durante las huelgas en 1963”.

Tras casi un lustro de investigación, Pablo Alcántara ha podido confirmar la existencia de archivos desconocidos que acreditan que "algunos policías de la BPS viajaron a Estados Unidos para recibir cursos de instrucción, de investigación y técnicas policiales de la CIA y el FBI. O los viajes que algunos hicieron a Portugal, a recibir medallas de la dictadura salazarista"

¿Qué implicación tendría la BPS con los servicios secretos estadounidenses? ¿Qué relación existía con los confidentes o infiltrados? Muchas de estas cuestiones seguirán pendientes sine die. O Pablo tendrá que cruzar el charco, para "consultar archivos del extranjero, como para el caso de la CIA" para esclarecer estos hechos.