La consejera de Cultura, Patricia del Pozo (PP), esgrimió este miércoles un informe del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía elaborado durante la etapa de Susana Díaz (PSOE) como presidenta que le ha permitido de momento evitar comprometerse a sacar los restos del general Queipo de Llano -artífice de una brutal represión desatada tras el golpe del 18 de julio de 1936 que dejó miles de cadáveres en las cunetas y fosas comunes, donde aún siguen, de Andalucía- de la basílica de la Macarena, en Sevilla.

“No ha sido este Gobierno el que ha hecho un informe jurídico desaconsejando la retirada de Queipo de Llano de la Macarena. Dice el informe que era una cuestión más que cuestionable. Vamos a decir las cosas por su nombre”, dijo Del Pozo en el Parlamento, en su respuesta a la diputada de Adelante Andalucía, Ana Naranjo, quien le había instado a aplicar la Ley de Memoria Histórica y, por tanto, a sacar a Queipo de donde está.

El informe, en efecto, de fecha 31 de julio de 2017, elaborado por el a la sazón letrado-jefe de la asesoría jurídica de la Administración Autonómica, Manuel Andrés Navarro Atienza, dice textualmente lo siguiente, en su página 5: “Resulta cuando menos discutible, en atención a la información de la que disponemos, que concurran en el [caso de la exhumación de Queipo] los requisitos [que exige la ley para que exista un elemento contrario a la memoria histórica], ya que incluso en relación con la lápida, según nos comunican, parece haberse retirado cualquier elemento que pudiera considerarse contrario a la Memoria Democrática”.

El letrado se refiere a que la hermandad retiró hace unos años de la lápida la referencia que había al 18 de julio de 1936 y a la condición de “excelentísimo teniente general” de Queipo. Hoy en su lápida se recoge lo siguiente: “Aquí reposa en la paz del señor [el] Hermano Mayor honorífico D. Gonzalo Queipo de Llano y Sierra. 5 de febrero de 1875. 9 de marzo de 1951”.

La Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía establece en su artículo 32 lo siguiente: “La exhibición pública de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones, como el callejero, inscripciones y otros elementos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública, realizados en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial, se considera contraria a la Memoria Democrática de Andalucía y a la dignidad de las víctimas. […] Cuando los elementos contrarios a la Memoria Democrática estén colocados en edificios de carácter privado con proyección a un espacio o uso público, las personas propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos”.

Es decir, que son los particulares -en este caso, la hermandad de la Macarena- quienes deben promover la retirada. La interpretación que hace la mayor parte del movimiento memorialista y la propia diputada Naranjo es que la tumba del general supone en sí misma una exaltación del golpe. Si no lo hace, la administración, en este caso, la Junta de Andalucía, debe proceder de oficio, si acaba por considerar -lo que, a la vista de los acontecimientos, no está nada claro- que la tumba de Queipo en sí misma supone una "conmemoración, exaltación o enaltecimiento" de la dictadura.

Un comité técnico

En cualquier caso, el propio letrado, en su informe, recuerda la previsión de la propia Ley de Memoria Histórica y Democrática, que recoge la creación de un comité técnico que debe elaborar una relación de los elementos que deben ser retirados o eliminados. Fuentes de la Consejería de Justicia indicaron a Público que la postura de la administración es: “Trabajamos para desarrollar la Ley, que no está desarrollada. Estamos elaborando la nueva Orden, que creará un Comité que dirá qué lugares incumplen la Ley de Memoria, tal y como dice la Ley que debe hacerse. Y sobre eso actuaremos en consecuencia con pleno diálogo con la familia y la hermandad”. Es decir, por el momento, al menos hasta que todo eso suceda, Queipo seguirá en la basílica de La Macarena.

La exhumación del dictador Francisco Franco, que ya ha sido avalada por el Tribunal Supremo, revive cada cierto tiempo, en Sevilla, el debate sobre la tumba de Queipo de Llano. En esta ocasión, el debate se produjo a instancias de la diputada Naranjo, en el que también intervino el PSOE, partido que defendió a las asociaciones de memoria de la sombra de sospecha que ha lanzado sobre ellas desde una parte del Gobierno andaluz y de sus socios de Vox.

La consejera del Pozo había venido defendiendo su política de darle prioridad a las exhumaciones. “Voy a mantener los recursos para memoria histórica y democrática. En 45.000 se estiman los desaparecidos. Si no me falla la memoria, no llega a 700 los cadáveres recuperados. Mientras sigan 44.000 personas enterradas en Andalucía, y llevamos aplicando políticas de memoria varios años, no podemos tener más prioridad que la de sacar a esas personas y enterrarlas dignamente”.

Y Naranjo, en su réplica, le había dicho, tras mostrarse de acuerdo en la necesidad  de las exhumaciones: “¿Exhumar para qué? Exhumar sin rehabilitar esa memoria pública, sin conocer a sus verdugos, no vale. Que tampoco se nos escapen los verdugos. Ahí tenemos la tumba del carnicero de Sevilla, Queipo de Llano”. “Ese informe no es relevante. Lo que tiene que hacer es aplicar la Ley”.

Para conocer el alcance y la profundidad de la represión que desencadenó el general es muy recomendable el libro del historiador Francisco Espinosa La Justicia de Queipo.