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Ministerio de Fomento Ábalos tendrá que lidiar con la alta conflictividad laboral y social que deja De la Serna

La incapacidad del exministro para dialogar con las partes afectadas ha desencadenado en conflictos con estibadores, controladores aéreos o el soterramiento del AVE en Murcia.

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José Luis Ábalos, ministro de Fomento, recibe su cartera de manos del exministro, Íñigo de la Serna. / REUTERS

La cartera de Fomento suele obviarse entre los ministerios clave para el devenir del país, a pesar de haber concentrado los mayores despilfarros y escándalos de corrupción. Las grandes tramas corruptas se han nutrido del pago de comisiones a cambio de obra pública o de malversación de caudales públicos. Es el caso de la ‘Gürtel’, el Palma Arena, el Palau de la Música o el Aeropuerto de Castellón. Por no hablar del coste de rescate de inversiones en infraestructuras, como los 1.000 millones que costarán las nueve autopistas de peaje quebradas que acabarán pagando todos los contribuyentes.

En conjunto, España habría despilfarrado 80.000 millones entre 1995 y 2016 “en infraestructuras, equipamientos y obras que han resultado innecesarias", según la Asociación de Geógrafos de España (AGE). A falta de que los presupuestos presentados por Montoro para este año pasen por el Senado y los apruebe finalmente el Congreso, el nuevo ministro de Fomento José Luis Ábalos deberá decidir el destino de los 5.521 millones asignados para su ministerio, el departamento que mayor variación presenta respecto al ejercicio anterior con 580 millones más disponibles para inversiones.

Aparte de gestionar las grandes licitaciones de obra pública, Ábalos hereda de Iñigo de la Serna varios frentes abiertos en lo que respecta a la estabilidad y la paz social de los trabajadores que dependen de Fomento. La incapacidad del exministro para dialogar con las partes afectadas ha desencadenado la etapa de mayor conflictividad social en los sectores dependientes de Fomento.

Estibadores, en pie de guerra por la reforma del sector

Hace un año, los trabajadores portuarios copaban a estas alturas la agenda mediática de los grandes medios de comunicación debido a “su situación de privilegio frente a otros sectores”. Acusándoles de cobrar demasiado, estrategia similar a la utilizada en épocas anteriores contra los controladores aéreos, el Gobierno y el ministro De la Serna elaboraron una estrategia destinada a desprestigiar a los estibadores para llevarse el gato al agua. En el origen del conflicto se encontraba una sentencia europea que obligaba a España a reformar el sector de la estiba porque atentaba contra los preceptos de libre competencia establecidos en el Tratado de la Unión.

La sentencia se centraba en dos hechos puntuales, como la peculiaridad de la estiba española de que todas las empresas privadas que operan tengan que entrar obligatoriamente en el accionariado de la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP) y realizar la contratación de trabajadores a través de la misma. No obstante, De la Serna utilizaba como pretexto la sentencia europea para obviar la reforma acordaba por la patronal y los estibadores, en sintonía con lo que estipulada el fallo del TJUE, e intentar liberalizar el sector, quitarse de en medio a la SAGEP y que fuera el Estado quien pagara el 100% del despido de los trabajadores que decidieran las empresas.

Los estibadores empezaban a ganar la batalla contra el Gobierno

En medio del revuelo mediático y del rechazo de la mayoría del Congreso al decreto-ley planteado por el ministro, los estibadores empezaban a ganar la batalla contra el Gobierno y contra los grandes grupos mediáticos. La victoria de los trabajadores portuarios llegaría finalmente con un nuevo acuerdo con la patronal ANESCO a finales de mayo de 2017, eliminando la obligatoriedad de que las empresas se integren en la SAGEP y obteniendo a su vez la garantía de futuro para sus puestos de trabajo, comprometiendo a las compañías a subrogar al 100% de los trabajadores.

El acuerdo anunciado todavía no ha encontrado su ratificación por parte del Ejecutivo y, un año después, la reforma sigue pendiente de su desarrollo normativo que tendrá que efectuar el nuevo ministro Ábalos. Además de la reforma de la estiba, los trabajadores esperan que el cambio de responsables en el Ministerio de Fomento y en Puertos del Estado traiga una nueva etapa en la que estén dispuestos a mantener una capacidad negociadora: “Fomento y Puertos del Estado han sido las grandes piedras en el camino. Hemos notado una incapacidad por parte de Fomento para negociar y dialogar con el sector afectado, con una soberbia y una posición cuasi dictatorial que lo único que buscaba era menospreciar a los colectivos que venían desarrollando esos trabajos en los puertos, los trenes o los aeropuertos”.

El prometido soterramiento del AVE en Murcia que no llega

El proyecto de Fomento para la llegada del AVE a Murcia sin soterrar, que partiría la ciudad en dos con un muro de nueve kilómetros de largo, se ha encontrado con una oposición sin precedentes de los murcianos. Este rechazo se remontaba a la vía provisional aprobada por Adif en 2015, que en su momento contaba con el beneplácito de los vecinos, a pesar de transcurrir a escasos metros de las viviendas. A lo que no estaban dispuestos los vecinos es que esa vía temporal se convirtiera en definitiva, debido a las intenciones del Gobierno regional y Fomento de que la llegada de la alta velocidad a la ciudad se produjera coincidiendo con las elecciones autonómicas de 2019.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y la ministra de Administraciones Públicas, Meritxell Batet. / EFE

Ese calendario, que no cumpliría con los dos o tres años necesarios para el soterramiento, conllevaría la construcción de un muro que dejaría aislados a los núcleos de población del sur de la ciudad. Las intenciones del Ejecutivo desataron las suspicacias de los murcianos y la Plataforma Pro-Soterramiento comenzaba el pasado 5 de septiembre unas movilizaciones diarias ininterrumpidas frente a las obras del muro del AVE. “El ministro decía que primero llegaría el AVE y más tarde el soterramiento. Ya tenemos la experiencia de otras ciudades como Valladolid, donde construyeron el muro que dividía a la ciudad y se olvidaron del soterramiento”, puntualiza Antonio Hernández –portavoz de la Plataforma Pro-Soterramiento-.

La visita de De la Serna a mediados de septiembre calentó aún más los ánimos, con la confirmación de la construcción del muro en una reunión del ministro con la plataforma, produciéndose los primeros incidentes y heridos por cargas de la Policía Nacional.

En el encallamiento de la protesta tuvo un papel clave el nombramiento de Francisco Bernabé como nuevo delegado del Gobierno en Murcia, designado –según la plataforma- “para reprimir, sofocar y criminalizar las protestas”. Bernabé se encargaría a partir de ese momento de amedrentar a los manifestantes y a los periodistas con la orden de multar cualquier conducta “inapropiada”. Entre las numerosas multas destacan algunas estrambóticas como la interpuesta en contra de un vecino por “comer pipas de forma desafiante” delante de la Policía.

Mientras la Audiencia Nacional determina si la llegada del AVE a Murcia en superficie atenta contra “los derechos a la intimidad familiar y a la inviolabilidad del domicilio" reconocidos en la Constitución, a raíz de una denuncia de una vecina, el nuevo ministro Ábalos tendrá que adoptar una decisión sobre la continuidad del soterramiento y el fin de la construcción del muro que dividiría a la ciudad.

De momento, el nombramiento como nuevo delegado del Gobierno en Murcia de Diego Conesa, secretario general del PSOE de la Región de Murcia y conocedor de primera mano del conflicto que atraviesan los murcianos, parece haber calmado los ánimos. “El PSOE nos ha apoyado todo este tiempo en la reivindicación y hemos tenido contactos prácticamente a diario con el secretario general del PSOE en Murcia. Nos han pedido unas semanas de tiempo, pero parece ser que podemos llegar a un acuerdo dejando el AVE unos kilómetros antes de la estación haciendo otra provisional mientras se concluye en soterramiento para no interrumpir el paso de los trenes”, explica Antonio Hernández –portavoz de la Plataforma Pro-Soterramiento-.

Un nuevo verano con huelgas en trenes y aviones

El pasado verano los trabajadores de seguridad del aeropuerto del Prat protagonizaron una de las huelgas más comentadas del verano. Todo apunta que esta temporada estival volverá a estar marcada por las reivindicaciones labores de los trabajadores, y es que los empleados del centro de control de Gavá –encargados de supervisar el tráfico aéreo de toda la franja mediterránea española- reclaman la falta de personal de un 30% necesaria para hacer frente a la temporada alta, además de tener una de las plantillas más envejecidas de Europa con una media de edad de 55 años. Aunque han desconvocado los paros para el mes de junio, los trabajadores no cierran la puerta a convocar nuevas huelgas si no se llega a un acuerdo a finales de este mes para incorporar al menos a noventa trabajadores a la plantilla.

Los controladores de Gavá también están expectantes al nombramiento de un nuevo secretario de Estado de Infraestructuras con el reciente cambio de Gobierno, que esperan que mantenga el principio de acuerdo con Enaire –matriz de AENA encargada de la gestión de la navegación aérea de España-. A esta tentativa de huelga hay que sumar los retrasos que ya arrastra a estas alturas el Prat, debido a la huelga de controladores de Marsella y los horarios cada vez más ajustados de las compañías aéreas. Esta situación sitúa al aeropuerto barcelonés como el quinto aeródromo de Europa que más retrasos acumula.

Raúl Tobaruela, portavoz de la asamblea de controladores aéreos del Centro de Control de Gavà, considera que el origen de la falta de personal de la plantilla se remonta a la reforma realizada por el exministro de Fomento José Blanco en 2010, que privatizó AENA y la formación de los controladores: “En aquel revuelo mediático que llevó a contar con el ejército, Blanco aprovechó para meter las horas extraordinarias dentro de nuestra jornada habitual sin ninguna compensación salarial, privatizando las escuelas de formación y que ahora tengan que pagar 70.000 euros de entrada para sacarse el curso de controlador y ninguna empresa les garantiza que les vaya a contratar”.

En la secretaría de Estado de Transportes también tendrán que lidiar con la conflictividad laboral en torno a la falta de maquinistas y al horizonte de 2020 en el que se liberalizará el transporte de viajeros. A finales de febrero, los maquinistas de Renfe convocaban varias jornadas de huelga en protesta por el bloqueo al que está sometido la contratación de maquinistas. “Ahora mismo, hay unas entradas y salidas de personal que no se están cumpliendo porque la empresa no tiene autorización de Fomento para la incorporación de nuevos trabajadores. Nos enfrentamos a un gran problema que tiene que solucionar el nuevo secretario de Estado de Transportes porque, al necesitar el beneplácito del Ministerio para la contratación de personal, ni Renfe ni Adif van a tener plena autonomía para competir en igualdad de condiciones con la liberalización del transporte de viajeros a partir de 2020”, detalla Diego Martín –coordinador de comunicación del sindicato de maquinistas SEMAF-.

Comisiones Obreras va más allá y ha anunciado paros en los meses de verano para protestar por la pérdida adquisitiva de las plantillas y la próxima liberalización del sector.

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