El control de las políticas activas de empleo fue una de las demandas de Unidas Podemos para la constitución de un Gobierno de colación en 2019 que finalmente fracasó. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, solicitó al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, desde tribuna parlamentaria ostentar la gestión de estas políticas tras la recomendación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Las políticas activas de empleo constituyen el Plan Anual de Política de Empleo (PAPE), que incluye tanto programas de ayudas a parados como formación para empleados a través de distintos programas que se coordinan desde el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), pero cuyos fondos están transferidos a las comunidades autónomas. 

El Ministerio de Trabajo y Economía social, capitaneado por Yolanda Díaz —que ha sacado adelante el reparto de 2.000 millones para que las comunidades luchen contra el desempleo—, a través de la Secretaría de Estado de Empleo, es el encargado de coordinar estas políticas dentro de los acuerdos adoptados en conferencia sectorial con las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias. 

En concreto se gestionan desde el Sistema Nacional de Empleo (SNE) formado por el SEPE, encargado de fijar los criterios de reparto, y los 17 servicios públicos de empleo autonómicos. Incluyen la intermediación y colocación en el mercado de trabajo, el fomento del empleo, la protección por desempleo, la formación profesional para el empleo en el ámbito laboral y el desarrollo de dicha ordenación.

Por lo tanto, el encargado de gestionar estas políticas debe administrar los tres instrumentos que establece el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo, para la coordinación del Sistema Nacional de Empleo: la Estrategia Española de Activación para el Empleo, los Planes Anuales de Política de Empleo y el Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo.

Estrategia Española de Activación para el Empleo

La Estrategia Española de Activación para el Empleo es llevada a cabo entre el Gobierno central y las comunidades autónomas y debe contar con la participación de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. Este plan debe incorporar el análisis de la situación y tendencias del mercado de trabajo, los principios de actuación y objetivos estratégicos y estructurales a alcanzar en materia de políticas de activación para el empleo, incluyendo políticas activas de empleo y de intermediación laboral, para el conjunto del Estado; y marco presupuestario, fuentes de financiación y criterios de gestión de los fondos.

La estrategia debe revelar las políticas activas de empleo y de intermediación laboral que se implementan en todo el territorio. Debe mostrar el papel de los servicios y programas que realizan los servicios públicos de empleo con financiación estatal y/o autonómica.

Los Planes Anuales de Política de Empleo

Los Planes Anuales de Política de Empleo, como el propio nombre indica, deben reflejar de forma anual los objetivos de la Estrategia Española de Activación para el Empleo en todo el Estado en general y en cada una de las distintas regiones autonómicas en particular. Deben señalar cuáles son los medidores que se emplearán para conocer y valorar anualmente el nivel de cumplimiento de dichos objetivos.

Estos planes cuentan con la previsión de los servicios y programas de políticas activas de empleo y de intermediación laboral, tanto del Estado como de cada comunidad autónoma, para conocer si los objetivos se están cumpliendo.

Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo

El Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo se estructura como un sistema de información compartido a través de una configuración informática integrada y compatible. El objetivo de este sistema es ser un instrumento técnico que incorpore la información relacionada con la intermediación laboral, la gestión de las políticas activas de empleo y los datos de protección por desempleo que realicen los servicios públicos de empleo en el conjunto del país. 

De esta forma, se busca diluir las barreras administrativas territoriales para la gestión de las funciones de intermediación laboral, el registro de las personas que demandan un trabajo, el seguimiento de los parados respecto a los servicios públicos de empleo, las estadísticas comunes, la comunicación del contenido de los contratos; el conocimiento de la información resultante y la trazabilidad de la gestión de la formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, la orientación profesional, las iniciativas de empleo y las bonificaciones a la contratación, además de las actuaciones de las agencias de colocación.

El sistema por lo tanto permitirá una mejor evaluación, seguimiento y control de cómo se están usando los fondos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado o de la Unión Europea para su justificación.