Las previsiones del Gobierno de coalición de empezar el 2021 con unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) nuevos están a un paso de cumplirse. El Senado rematará previsiblemente el proyecto presupuestario este martes, y lo hará mediante una tramitación exprés, la más corta de los últimos 40 años (menos de dos meses). Las cuentas del récord en gasto social darán carpetazo a las de Cristóbal Montoro, las más longevas de la democracia al haber sido prorrogadas hasta en dos ocasiones debido a la volatilidad parlamentaria.

El Pleno de la Cámara Alta aprobará presumiblemente con una amplia mayoría el dictamen del proyecto presupuestario y, tal y como han confirmado a este medio fuentes parlamentarias del PSOE, ERC, PNV y EH Bildu, los grupos rechazarán las cerca de 3.500 enmiendas parciales vivas y los 12 votos particulares, por lo que los Presupuestos podrían quedar aprobados definitivamente sin cambios este mismo martes, o el miércoles en caso de que se extendiera la sesión plenaria, sin necesidad de que regresen al Congreso el próximo 29 de diciembre, como estaba previsto inicialmente.

Después de que el pasado 3 de diciembre el Congreso diera luz verde por una holgada mayoría absoluta a las cuentas públicas, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló en rueda de prensa que el Gobierno tenía la intención de dar la estocada final a los PGE en el Senado. Esta previsión cobró más sentido cuando el grupo parlamentario del PSOE en el Senado, que ostenta la mayoría parlamentaria con 113 senadores de 265, y algunos de sus socios, como ERC (13), PNV (10) y EH Bildu (2), decidieran no presentar correcciones parciales al proyecto de ley, sumando al menos 138 escaños, una mayoría más que suficiente capaz de tumbar cualquier enmienda viva de otras formaciones.

Asimismo, la Comisión de Presupuestos en la Cámara Alta aprobó el pasado jueves el informe de la ponencia procedente del Congreso con 16 votos a favor (PSOE, ERC, EH Bildu, PNV, Más Madrid, Compromís, Teruel Existe y PRC) y 12 en contra (PP, Vox, Cs, JxCAT, Coalición Canaria y UPN). El pasado lunes, el Pleno del Senado ya rechazó las cinco enmiendas a la totalidad presentadas por el PP (97 senadores), Cs (8), JxCAT (5), Vox (3) y CC (1), mientras que el martes también la mayoría de los grupos declinaron las más de 40 impugnaciones a las secciones registradas por el PP y JxCAT.

Además de dar carpetazo a las cuentas de Montoro, el Gobierno afianza su legislatura hasta 2023. De igual forma, el apoyo de este nuevo bloque de Presupuestos, que refuerza la mayoría de la investidura, sienta las bases para alcanzar nuevos pactos en un futuro.

Una tramitación en tiempo récord

La situación de emergencia sanitaria y económica derivada de la crisis del coronavirus hace "más imprescindible aún" la aprobación de unas nuevas cuentas públicas. Los portavoces de los partidos que sostienen al Gobierno, así como los miembros del Consejo de Ministros, que han explicado desde finales de octubre las partidas contempladas en el proyecto, han pedido el apoyo para sacar adelante unos "Presupuestos de país", unas "cuentas expansivas" que pongan fin a la "austeridad y los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy".

Esta necesidad sentó las bases para que el Congreso y el Senado dieran vía libre a una tramitación de los Presupuestos en tiempo récord, que se ha llevado a cabo en menos de dos meses, teniendo en cuenta el tiempo estimado para una iniciativa de este calado, que suele ser de tres meses. Así, una vez entregado el proyecto presupuestario en el Congreso el pasado 28 de octubre, el Pleno de la Cámara Baja tumbó el 12 de noviembre las siete enmiendas a la totalidad a las cuentas públicas presentadas por PP, Vox, Junts, BNG, CUP, Coalición Canaria y Foro Asturias.

Tras la celebración de la ponencia, la Comisión de Presupuestos debatió y votó durante tres jornadas maratonianas las casi 4.000 enmiendas parciales introducidas por los grupos del arco parlamentario. En la comisión, el texto presupuestario sumó correcciones de ERC, PNV, Bildu, Más País, Compromís, Teruel Existe, Nueva Canarias y PDeCAT, logrando mover más de 1.100 millones de euros.

Entre el paquete de medidas pactadas por el Gobierno y estos grupos destacan el levantamiento del control financiero del Ministerio de Hacienda a la Generalitat de Catalunya, el compromiso para la armonización fiscal -se llevará a cabo al margen de las cuentas públicas-, mantener la bonificación fiscal al diésel, inversiones de 50 millones para la industria de la máquina herramienta y un plan de 10 millones de euros para el sector aeronáutico.

Después, el Pleno del Congreso se reunió desde el lunes 30 de noviembre hasta el jueves 3 de diciembre para debatir y votar el dictamen sobre el articulado y las secciones de los PGE elaborado por la Comisión de Presupuestos. Tras tres turnos de votaciones de las correcciones parciales vivas en esa etapa, los grupos consiguieron colar al Gobierno una veintena de enmiendas, como limitar el impuesto al azúcar para que no se aplique a los productos lácteos edulcorados e inyectar otros 566 millones a la partida del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

En el Senado, la tramitación de los PGE ha sido incluso más breve y no ha introducido ninguna corrección nueva hasta el momento. Las cuentas entraron en la Cámara Alta el 9 de diciembre y ese mismo día comenzaron las comparecencias de los altos cargos del Estado, que se extendieron hasta el 11 de diciembre. El debate a la totalidad se despachó en un solo día, el pasado lunes 14, mientras que la reunión de la ponencia y la comisión presupuestaria se desarrollaron entre el miércoles y jueves. Por último, la sesión plenaria de este martes albergará el debate de las enmiendas vivas y votos particulares, finalizando con la votación de los 160 bloques alrededor de las 20 horas, tal y como han señalado fuentes del Senado a este medio. 

"La mayor inversión social pública de la historia"

Después de que el Pleno de la Cámara Alta de su visto bueno, el proyecto de ley se publicará previsiblemente en los días siguientes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). De esta forma, el Gobierno de coalición cumpliría su promesa de comenzar el año con unas nuevas cuentas. Los también denominados Presupuestos de la reconstrucción recogen la "mayor inversión social pública de la historia", que alcanza los 239.756 millones. "Estos no son unos Presupuestos normales, al uso, por lo que hay que tener todas las cautelas para que pueda resistir comparaciones", reconoció María Jesús Montero el pasado 28 de octubre cuando presentó el proyecto en el Congreso.

Los PGE, que incluyen 27.000 millones de los fondos europeos, contemplan la subida de impuestos a las grandes empresas y las rentas más altas: se incrementará el impuesto de sociedades para grandes grupos empresariales, limitando las exenciones por dividendos y plusvalías generadas por su participación en sociedades filiales; subirá un punto el Impuesto de p
Patrimonio para aquellos que superen los 10 millones de euros; tres puntos el IRPF para rentas del capital de más de 200.000 euros, y dos puntos el IRPF para rentas del trabajo de más de 300.000 euros. 

Asimismo, se destinarán 2.000 millones de euros a políticas activas de empleo, 250 millones para aumentar las becas universitarias y se aumentará en un 5% el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), el barómetro de referencia para las ayudas sociales. El proyecto también recoge la regulación del precio de los alquileres por ley en cuatro meses y se facilitará el acceso al Ingreso Mínimo Vital.