El Comité de Derechos Humanos de la ONU acaba de comunicar al abogado español José Luis Mazón que inicia una investigación sobre su condena por la Justicia española por intromisión en el honor del registrador de la propiedad Francisco Riquelme, amigo íntimo de Mariano Rajoy, que le sustituyó en el Registro de la Propiedad de Santa Pola (Alicante) mientras el exlíder del PP se dedicaba a la política, entre 1990 y 2018. Mazón resultó condenado por sugerir en dos periódicos que se investigara si ambos podrían haberse repartido las ganancias del registro alicantino. 

Este letrado, experto en Derechos Humanos, alegó en su defensa su derecho a la libertad de expresión. El 12 de enero de 2012, en una entrevista con el diario La Opinión de Murcia, y hablando de la denuncia que él mismo había interpuesto ante la Oficina de Conflictos de Intereses por este asunto, Mazón dijo: "Rajoy y Riquelme, unidos por una amistad, pudieron llegar a un acuerdo para que el abanillero conste como registrador de Santa Pola además de serlo en Elche para que el presidente del Gobierno siga percibiendo parte de su sueldo".

Días después, el 20 de enero de 2012, en la revista asturiana Atlántica XXII, se publicó otra entrevista con Mazón relativa a la misma denuncia en la que manifestó lo siguiente: "Yo creo que ha hecho algún apaño con Riquelme. ¿Rajoy le ha regalado a su amigo toda la fortuna que le correspondía durante todos estos años?"

Francisco Riquelme, murciano como José Luis Mazón, interpuso una demanda civil por vulneración del honor y la titular del Juzgado de Primera Instancia número 10 de Murcia, Carmen Mérida Abril, condenó al abogado a pagar una indemnización de 30.000 euros al amigo de Rajoy. La Audiencia Provincial confirmó la condena, aunque rebajó la pena a 18.000 euros. El Tribunal Constitucional no amparó a Mazón por vulneración de su derecho a la libertad de expresión. La jueza Carmen Mérida manifestó en su sentencia que si el letrado sólo se hubiese referido a Rajoy no le hubiese pasado nada, ya que la libertad de expresión es más amplia al dirigirse contra políticos u otros personajes públicos. 

Ahora, el Comité de Derechos Humanos de la ONU estudiará si la Justicia española coartó la libertad de expresión de Mazón por sugerir esas irregularidades en la trayectoria paralela de Rajoy como político y presidente del Gobierno y como "registrador accidental permanente" del registro de Santa Pola. "Creo que es esencial que se llegue hasta el final en el caso de mi condena injustificada; se vulneró mi derecho fundamental a expresarme libremente. Voy a pedir cuentas hasta el final caiga quien caiga", dice Mazón a Público. Este comité al que ha recurrido y que ha admitido su recurso es el órgano de Naciones Unidas que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos entre sus Estados miembros.  

28 años con un sustituto en su plaza

Tras abandonar la presidencia del Gobierno por la moción de censura, en junio de 2018, Mariano Rajoy dejó su acta de diputado y regresó al Registro de la Propiedad de Santa Pola, de cuya plaza era titular, desde hacía 28 años. No había pedido excedencia, por eso su plaza no salió a concurso, sino que optó por la vía de servicios especiales al pasarse a la política en 1990. Y desde entonces, ocupaba en interinidad esa plaza su amigo, el registrador Riquelme.

"¿Considera el Gobierno que un funcionario que desde 1990 gestiona de forma ininterrumpida un registro de la propiedad sin ser titular del mismo, entra dentro de la definición de "registrador accidental permanente" según el cuadro legal de sustituciones de la Dirección General de Registros y del Notariado?" Esta pregunta al Gobierno la formuló, no sin cierta ironía, el entonces diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares, en 2014. 

La cuestión que planteaba Mazón y por lo que fue condenado no ha sido nunca investigada. La legislación fue modificada para que en las sustituciones de un registro, todos los ingresos fueran a parar al sustituto. Antes, la mitad de los ingresos del registro iba al Colegio de Registradores de España. Las comisiones de servicios, como la que ha disfrutado Rajoy, suelen ser concedidas para cubrir una plaza de un registrador durante un tiempo limitado, aunque en su caso duró  28 años. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid archivó un recurso contencioso-administrativo planteado por la Asociación Transparencia-Registro de Santa Pola, presidida por Mazón, para exigir la devolución de los honorarios por los dos puestos presuntamente incompatibles de Francisco Riquelme, en el registro de Santa Pola y en la Oficina Liquidadora de la misma localidad.