El PP reabre la guerra de la lengua en el País Valencià

"Estrangularla". Así de claro expresaba José María Llanos, portavoz de Vox en las Corts valencianas, qué pretendía su formación al respecto de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). Unos días más tarde, en À Punt, la radiotelevisión pública valenciana, que los ultraderechistas proponían cerrar en su programa electoral, se reafirmaba en la expresión: "Estrangularla". 

Vox había pactado con Carlos Mazón unos presupuestos en los que, además de aportar por el negacionismo climático o la persecución del colectivo migrante, casi desaparecía todo lo que hiciera referencia a cultura o promoción del valenciano. Mazón, contra las cuerdas, hacía suyo parte del programa de Vox a cambio de un poco de oxígeno y unos meses más en el cargo.

La AVL, desde la reforma de 2006, tiene rango estatutario, por lo que estos recortes, que ponen en entredicho el funcionamiento normal de la academia, pueden suponer un quebranto del autogobierno. Este es el argumento que ha llevado a la AVL a denunciar las cuentas autonómicas ante la justicia. 

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Nuevo impulso al anticatalanismo

Ahora bien, el ahogamiento económico no es la única vía de ataque que PP y Vox plantean contra la AVL, sino que también se ha puesto en marcha una campaña de deslegitimación y desacreditación del ente normativo desde las instituciones gobernadas por la derecha, que no tiene precedentes desde el pacto por la lengua de 1998 que alumbró la creación de la academia.

En este sentido, desde la Transición, el anticatalanismo casi se podría decir que ha sido la principal seña de identidad de la derecha valenciana, muy diversa y con intereses contrapuestos, pero que ha encontrado en este discurso un pegamento y un factor de movilización clave, que ha activado o desactivado según la conveniencia de cada momento. 

Asimismo, el anticatalanismo ha servido como ariete contra el valencianismo, ya fuera político o cultural. Toda iniciativa en favor de la recuperación o de la reivindicación de la lengua y la cultura autóctonas —o de más poder político, claro está— es automáticamente identificada con el catalanismo y el fantasma de una anexión a Catalunya y, por consiguiente, estigmatizada como de “dudosa valencianidad”.

El anticatalanismo ha sido, así pues, uno de los recursos principales al cual recurrir cuando la derecha se ha visto políticamente acorralada. En el escenario político surgido después de la DANA, el manual se ha aplicado a rajatabla. En la primera comparecencia de Mazón en las Corts después de la tragedia, el president centró su respuesta en identificar a Joan Baldoví y al grupo de Compromís como partidarios de los "Països Catalans", por ejemplo.

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El PP de Carlos Mazón, impulsado por la competencia con Vox, pero también por una deriva propia, seguida durante los años más calientes del proceso independentista catalán, asumió este discurso como oposición a los gobiernos progresistas de PSOE, Compromís y Unidas Podemos en la Generalitat, a los que el PP identificaba como seguidores de las tesis nacionalistas e independentistas catalanas.

Ahogo del valenciano en la educación

Así, una de las medidas estrella que se anunciaron —y que se han puesto en marcha— ha afectado a la educación, con una ley bautizada de "libertad educativa" que se proponía acabar "con el modelo catalán de inmersión lingüística obligatoria" y de "imposición del valenciano". Sin embargo, los sistemas educativos valenciano y catalán han sido siempre muy diferentes —también durante los gobiernos progresistas— y, de hecho, en el valenciano siempre ha predominado la lengua castellana.

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La ley fue una de las primeras que aprobó el Gobierno de coalición de PP y Vox. Su principal disposición establecía que, en vez de ser los consejos escolares de cada centro los que eligieran el plan lingüístico, este surgiera de una votación de las familias, a las cuales se les hacía escoger entre el valenciano o el castellano como lengua base para la educación de sus hijos. 

La forma en que se planteaba la elección suponía, según expresaban los expertos en pedagogía, que si se escogía el castellano como lengua base, los alumnos no tendrían garantizado el acceso a un nivel suficiente de valenciano, cosa que, al contrario, no pasaba. 

El cálculo de Carlos Mazón y su conseller de Educación, José Antonio Rovira, su mano derecha y con quien ha estado vinculado toda su carrera política, era que, dada la particular sociolingüística del País Valencià, el castellano sería elegido como lengua base de la educación por una mayoría aplastante, y se visibilizaría así que la promoción de la lengua propia obedecía a una imposición.

No fue así. La consulta se llevó a cabo entre febrero y marzo de este año —cuando muchos centros de la zona afectada por la DANA aún no se habían recuperado (de hecho, nueve meses después, una gran parte de ellos todavía sigue igual)—, pero arrojó una victoria del valenciano como lengua base en toda la región. 

También en algunas comarcas tradicionalmente castellanoparlantes, a pesar de que la ley no preveía que dicha situación pudiese ocurrir. Que no era un resultado esperado se demuestra bien claramente en el hecho que ha habido un buen número de centros en los que los resultados de la consulta no se han respetado, a pesar de los discursos de Mazón y Rovira al respecto. 

Alacant, ciudad castellanoparlante

Otra de las iniciativas al respecto afecta precisamente a la ciudad natal de Mazón y desde la cual ha cimentado su carrera política: Alacant. También a cambio de un pacto de presupuestos con Vox, el PP ha puesto en marcha una iniciativa para que Alacant sea considerada una ciudad únicamente castellanoparlante y el valenciano deje de ser, así, lengua oficial. 

Las primeras grietas dentro del propio PP no se han hecho esperar. De hecho, una semana después de aprobar la moción en el Ayuntamiento de Alacant, el PP apoyaba una moción de Compromís en la Diputación para desautorizar la iniciativa.

En cierto sentido, todos estos movimientos y esta agenda política llevada a cabo por el PP en competición con Vox no suponían —mas allá de la centralidad discursiva y política que se les asignaba— una novedad en la política valenciana de las últimas décadas. Entraba, así pues, dentro de lo que era esperable que hiciera un gobierno conservador que había desalojado al anterior gobierno progresista de la Generalitat. 

Contra el pacto por la lengua

La novedad que ha saltado en los últimos meses ha sido la que está afectando directamente al pacto por la lengua alumbrado en 1998, que conllevó la creación de la AVL, y que tenía como base dejar fuera de la política las disputas filológicas sobre la naturaleza y la entidad de la lengua propia de los valencianos. 

Para las universidades —menos aún para las valencianas— y para el mundo científico, no hay duda al respecto: la lengua propia de los valencianos es la misma que la de los catalanes, mallorquines, ibicencos, etc. Sin embargo, el anticatalanismo le ha servido al PP para conseguir réditos políticos, negando retóricamente este hecho y exaltando las bajas pasiones y los prejuicios de según qué sectores sociales valencianos. 

"Valenciano del pueblo"

El encargado de cruzar el Rubicón y plantear nuevamente un ataque a la normativización del valenciano y no solo a su normalización ha sido Vicente Mompó y el Gobierno de la Diputación de València que preside. 

Mompó es natural de un pueblo valencianoparlante de la Ribera del Xúquer, Gavarda, y suele expresarse en esta lengua en su día a día. Mucho más de lo esperable en un político del PP y de su condición. De hecho, ha llegado a ser increpado por ello en algún mitin del PP e instado a "hablar en castellano". 

En cierta manera, Mompó ha intentado cultivar una imagen diferente a la de Mazón, con un cierto perfil "valencianista". Se posicionó explícitamente en favor de la elección del valenciano como lengua base en la consulta educativa y ha dejado entrever que no se siente cómodo con la iniciativa de su partido para castellanizar Alacant —de la cual, sin embargo, culpa a PSOE y Compromís—. Vox, de hecho, lo ha llegado a acusar de "catalanismo".

El mismo "catalanismo" que ahora Mompó usa como ariete contra la oposición. Así, en su discurso, Mompó representaría la apuesta por el valenciano "del pueblo" frente al valenciano "catalanizado" que la derecha critica que usan y han impuesto los partidos y los gobiernos progresistas. Sin embargo, la maniobra tiene un trasfondo sociolingüístico preocupante, más allá de su uso político, ya que se pone en cuestión el propio valenciano como lengua estándar.

Si Mompó aplicase sus propias tesis sobre el valenciano al castellano, propondría que las instituciones usaran un "castellano del pueblo". La Biblioteca de Filología, que ha inaugurado la Institució Alfons el Magnànim, el servicio de publicaciones de la Diputación, se centrará en textos que pongan en cuestión la normativa oficial y consolidada del valenciano, pero no la del castellano. 

El primero de ellos, presentado por el propio Mompó en un acto público, es obra del exprofesor del departamento de Filologia Catalana de la Universitat de València y también miembro de la AVL: Abelard Saragossà. En él, Saragossà critica las reglas de acentuación del valenciano, que considera "inasimilables", "elitistas", "esencialistas" y también dice que Pompeu Fabra (el normativizador del catalán contemporáneo) las complicó innecesariamente por alejarse de las reglas del castellano a causa de su "ideología".

Valéncia contra València con el objetivo de Valencia

Pero, sin duda, el caballo de batalla simbólico de esta pugna es la tilde del topónimo oficial de la ciudad de València. En el valenciano oficial, el de la AVL, se escribe València, con tilde grave. Sin embargo, desde los postulados que sostienen que el valenciano es una lengua independiente del catalán, se propugna que la tilde debería ser aguda: Valéncia. La diferencia estriba en la pronunciación de la vocal tónica, según sea abierta o cerrada. Curiosamente, tanto en Catalunya como en el País Valencià se dan las dos realizaciones. La realización con e cerrada es la mayoritaria en València.

La AVL considera que en el estándar para el valenciano el topónimo se debe grafiar València, aunque después se pronuncie con vocal cerrada. Se basa, sobre todo, en la tradición escrita valenciana. Así es como Compromís, al mando de la alcaldía de la ciudad en 2016, con Joan Ribó, oficializó el topónimo, que hasta entonces había sido únicamente en castellano (sin tilde: Valencia). 

En las pasadas elecciones de 2023 PP y Vox, ahora con mayoría en el consistorio, anunciaron que volverían a hacer oficial el topónimo en castellano. El portavoz de Vox, Juanma Badenas, tapó con una bandera de España el acento de València en un rótulo oficial, durante la rueda de prensa en la que explicaba la postura de su grupo, para visualizar su intención. Y, además, se cambiaría la forma valenciana, de València a Valéncia.

El problema es que la ley determina que para hacer un cambio en un topónimo oficial en valenciano es necesario un informe filológico que acredite la corrección de la opción elegida y que, asimismo, la AVL apruebe dicha forma. La academia ya se pronunció al respecto en 2016 —y en todas sus publicaciones, de hecho—, y propugna como forma correcta València, con tilde grave. 

Abelard Saragossà, sin embargo, sorprendió a propios y extraños cuando aceptó el encargo de PP y Vox para elaborar el informe filológico preceptivo. Saragossà se había destacado en los últimos años, dentro de la filología valenciana, por teorizar un modelo normativo más particularista, que se acercara más al valenciano coloquial, pero siempre dentro de un límite: el respeto a las normas de la AVL. Como ejemplo, Saragossà, en sus publicaciones, hasta ahora escribía València, con tilde grave. 

Hablar del valenciano para no hablar en valenciano

La propuesta formal de Saragossà no es, por lo tanto, formalmente secesionista, de elaborar una lengua valenciana separada del catalán. Es decir, Saragossà no pone en duda en ningún momento que valenciano y catalán son la misma lengua. Sin embargo, cuando Saragossà problematiza la normativización consolidada de la lengua y no hace hincapié en la expansión de su uso social, la salud de la lengua en su conjunto se puede ver amenazada. ¿Quién quiere usar una lengua, en definitiva, en la que incluso el acento del topónimo de su capital es un foco de problemas y de tensión, de si València o Valéncia? Al poner en el debate político lo que es un debate filológico, una lengua minorizada, como lo es el valenciano, sufre.

Esta es la tesis de Miquel Àngel Pradilla, catedrático de Sociolingüística de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona y miembro de la sección filológica del Institut d’Estudis Catalans. Pradilla explica que "bajo el epígrafe de la lengua del pueblo se construye un discurso tramposo que descansa en un relativismo populista profundamente desorientado". 

De hecho, la "lengua del pueblo" de Pradilla, nacido en Rossell, Baix Maestrat, es mucho más cercana al habla de Lleida —y no digamos ya a la vecina Tortosa, de la cual podríamos decir que no se diferencia en nada— que a la del área metropolitana de València, una variación normal y habitual en todas las lenguas de nuestro entorno, pero que en el País Valencià se suele usar como arma arrojadiza.

¿"Castellano del pueblo"?

Pradilla, en este sentido, destaca que "el problema de la lengua no es su código, sino su estatus". Así, "la posición de subordinación del valenciano impide que pueda competir en igualdad de condiciones con una lengua consolidada y perfectamente establecida como lengua de Estado como el castellano". Como ejemplificación, Pradilla resalta que "el castellano de los valencianos es inmune a la tensión identitaria a la que se somete al valenciano".

De hecho, en las comarcas tradicionalmente castellanoparlantes del País Valencià, a causa de la herencia lingüística aragonesa y el contacto con los vecinos valencianoparlantes, se habla un castellano que se distancia mucho del modelo estándar. Incluso en sus topónimos oficiales. Así, Gestalgar es Chestalgar; San Antonio es San Antón; Enguera es Engra, o Tuéjar es Tueja. Ni la Generalitat ni la Diputación, sin embargo, tienen previsto adaptar su modelo de lengua castellana a este "castellano del pueblo".

Para Pradilla, lo que se está poniendo en duda es la capacidad del valenciano de tener unos ámbitos de uso normalizados, como cualquier lengua de su entorno, que vayan más allá de la oralidad y que, por lo tanto, requieran de un modelo de lengua estándar: "En contextos de subordinación, a una parte importante de la población le resulta complicado imaginar una lengua normal, con unos usos formales consolidados, y, así, este espacio se acaba naturalizando que lo ocupe el castellano". 

Es decir, "la coloquialización del modelo es un reflejo del carácter doméstico que contemplan para la lengua: lo que pretenden es desvincular el valenciano de la causa común de la normalidad lingüística de la lengua catalana en todos sus territorios, y lo hacen prometiendo una nueva normalidad que no cuestiona la jerarquía vigente en el conflicto lingüístico actual".

En definitiva, para Pradilla, "lo que hace falta, pues, no es cambiar el modelo, lo que hace falta es crearle unas condiciones de existencia favorables, esto es, incardinarlo en un proceso de revitalización lingüística con cara y ojos". Y ello pasa por una coordinación y un intercambio fluidos entre todos los territorios que hablan la misma lengua. 

País Valencià, término proscrito

La misma Institució Alfons el Magnànim que ahora editará los libros de Abelard Saragossà se ha desvinculado de la Associació d’Editorials del País Valencià, a la cual pertenecía. La razón es que la asociación que agrupa a la gran mayoría de editoriales valenciana usa el término "País Valencià" y no edita en el "valenciano del pueblo". 

Esto ha provocado la dimisión del intelectual Gustau Muñoz, de larga trayectoria, que dirigía la colección de pensamiento y sociedad. Muñoz, en una carta abierta, denunciaba de manera contundente que la nueva deriva de la institución sería "más lamentable y retrógrada" que la que, en época franquista, imprimía Arturo Zabala, quien, al menos, "tenía muy claras estas cuestiones", en referencia al hecho de que valenciano y catalán son una misma lengua.

"País Valencià" es un término históricamente proscrito por la derecha valenciana, ya que estaría asociado al catalanismo. El PP ha intentado incluso censurar su uso en las Corts, inadmitiendo las iniciativas parlamentarias que lo usaran. Sin embargo, el término "País Valencià" aparece en el Estatuto de Autonomía.

En definitiva, el PP —en competencia con Vox— parece decidido a volver a la Transición y a la Batalla de València, a agitar las bajas pasiones del anticatalanismo para sacar rédito político e intentar desviar el foco de la gestión de la DANA. ¿Funcionará esta vez?