El debate sobre el Salario Mínimo Interprofesional podría adquirir una nueva dimensión con el Partido Popular, Junts per Catalunya y la CEOE en sintonía. Los de Carles Puigdemont buscan introducir un nuevo elemento en la conversación pública entorno al SMI y este miércoles, durante la sesión de control al Gobierno, Miriam Nogueras le ha pedido a Pedro Sánchez un salario mínimo más alto para Catalunya. "¿Si el coste de la vida no es lo mismo, el salario mínimo tiene que ser lo mismo? ¿O prefiere seguir ordeñando a los catalanes?", le espetó la portavoz independentista.

Junts lleva días poniendo esto sobre la mesa, pero no es el primero en hacerlo. Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ya lo planteó en 2021 y más recientemente fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien lo dejó caer en la Conferencia de Presidentes que se celebró en el mes de diciembre.

Oficialmente, el PP rechaza la propuesta y reniega de cualquier coincidencia ideológica con Junts en este sentido. El equipo de Alberto Núñez Feijóo está centrado en exprimir el choque entre Trabajo y Hacienda a cuenta de la tributación del nuevo SMI y no quiere salirse del guion posicionándose respecto a otros asuntos. Sin embargo, voces autorizadas del PP creen que "se puede trabajar" hacia un SMI por comunidades "si se crea un buen caldo de cultivo de acuerdo" entre la patronal y los sindicatos.

Se trata de un modelo por el que la cuantía del SMI se calcularía en función de las circunstancias socioeconómicas de cada territorio y que, según un miembro de la dirección nacional del PP, es el que "defienden los expertos". Feijóo, por el momento, lo rechaza y desde los territorios creen que rompería con el principio de igualdad entre regiones que pregonan.

Las mismas fuentes populares aseguran que hay muchos ejemplos de países en los que se aplica un salario mínimo por regiones. A nivel europeo, al menos, no hay constancia de países con regulación legal de SMI diferenciada por territorios. 

Nogueras, Ayuso y Garamendi dicen lo mismo

No obstante, los argumentos dados por Nogueras y los que hace dos meses dio Díaz Ayuso son parecidos, sino los mismos. "La vida en Catalunya es mucho más cara que en cualquier otro punto del país: con 20 euros en Catalunya se pueden hacer muchas menos cosas que con 20 euros en Extremadura, Murcia o Castilla La Mancha", defendió la portavoz independentista este miércoles. "Lo que digo es que tengamos en cuenta que hay peculiaridades, por sectores y por regiones", sostenía Ayuso el 13 de diciembre. Eldiario.es publicó aquel día que la presidenta de la Comunidad de Madrid había defendido a puerta cerrada que "el salario mínimo no debería ser igual para un agricultor extremeño que para un empresario de Madrid". Una afirmación que la presidenta madrileña negó así: "No es exactamente lo que he dicho", dijo. 

En cambio, la presidenta de Extremadura, María Guardiola, sí reconoció esas palabras de Ayuso y la apoyó en su reflexión Ayuso — "es perfectamente lógica", dijo— . Explicó que lo que había querido decir la presidenta de la Comunidad de Madrid es que "el esfuerzo de un agricultor o un autónomo no es el mismo que el dueño de una gran corporación" y, por tanto, la subida del SMI ha de consensuarse.

No le sentaron tan bien las declaraciones del fin de semana pasado de Jordi Turull, secretario general de Junts, pidiendo por primera vez un salario mínimo más alto para Catalunya y comparando el coste de vida en esa comunidad autónoma con el de Extremadura. Guardiola lo ha calificado como una "falta de respeto".

Pero es el mismo argumento que Garamendi dio en 2021 cuando pidió un cambio legislativo para negociar un SMI por territorios. El presidente de la patronal defendió que: "Estamos hablando de una España diversa. El SMI unifica todo. Madrid y Barcelona tienen un coste de la vida que poco tiene que ver con el de otros territorios. Habría que evaluar un SMI que se acoplara a cada territorio, como hace la propia negociación colectiva". El Gobierno lo rechazó de plano y el PP no entró al debate. 

Cuatro años después, siguen sin querer hacerlo, aunque la propuesta se vea con buenos ojos por miembros de peso de la dirección. Otros, sobre todo dirigentes autonómicos, lo rechazan, aunque abren la puerta a hacer distinciones por sectores.