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Paternidad El BOE publica el decreto ley que amplía el permiso de paternidad, pero esa medida en concreto no entra en vigor hasta el 1 de abril

Entre las medidas se incluye la ampliación del permiso por paternidad hasta equipararlo al de maternidad en 2021. Aunque casi todas las medidas entran en vigor justo en el Día Internacional de la Mujer, la ampliación del permiso de paternidad no.

Los padres disfrutarán de cuatro semanas de permiso a partir del 1 de enero.

Civio | Agencias

El Real Decreto-Ley de medidas urgentes para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el empleo, que incluye la medida "estrella" de la ampliación del permiso por paternidad hasta equipararlo al de maternidad en 2021, entrará este viernes, 8 de marzo —Día Internacional de la Mujer—, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). No obstante, tal y como está redactada la norma, esa equiparación no entrará en vigor hasta el primer día del mes siguiente a la publicación, es decir, el próximo 1 de abril, informa Civio.

Así, el apartado tercero de la disposición final segunda (entrada en vigor) señala textualmente que "lo dispuesto en el apartado doce del artículo 2; apartado tres del artículo 3; y apartados siete y ocho del artículo 7 entrará en vigor el día primero del mes siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»". 

Eva Belmonte, codirectora de la Fundación Civio, recuerda que los citados artículos aluden, respectivamente, a la reforma del Estatuto de los trabajadores, la reforma del Estatuto del Empleado Público y a la ampliación de las bonificaciones en la cuota de autónomos durante el permiso por nacimiento de hijos y a su regreso al trabajo. Ninguno de ellos entra en vigor antes del 1 de abril en virtud de la disposición final segunda.

Disposición final segunda del decreto. BOE

Tal y como explica Civio, "esas 16 semanas se alcanzarán de forma progresiva: ocho en 2019 (la ampliación que esperan muchos futuros padres ahora mismo), 12 en 2020 y 16 en 2021. Los puntos que regulan esa aplicación paulatina son el artículo 2, apartado 18 (para todos los trabajadores); y el artículo 3, apartado 4 (para los empleados públicos)". "En el primero, asegura que la ampliación de 2019 se aplica a partir de la entrada en vigor del Decreto-Ley; en el segundo, a partir de 2019", explica la fundación, "pero ambos dependen de los artículos que amplían a 16 semanas, que no son efectivos hasta el 1 de abril".

"Eso es: si no es efectiva la ampliación a 16 semanas, su aplicación progresiva, que depende de ella, tampoco podría serlo", concluye Civio en un análisis preliminar, basado en la literalidad de la norma. Algunas fuentes afirman que la razón de este retraso tiene que ver con la "habilitación de los sistemas informáticos".

La regulación introducida por el decreto en materia de adaptación
de jornada, nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento, así como a las prestaciones de Seguridad Social correspondientes, será de aplicación a los supuestos que se produzcan a partir de su entrada en vigor.

La publicación en el BOE fue retrasada en dos ocasiones tras la aprobación del decreto en el Consejo de Ministros del viernes día 1 de marzo. Inicialmente, el Gobierno informó de que el decreto ley se reflejaría en el BOE el martes 5 de marzo con el objetivo de que entrase en vigor el miércoles. Sin embargo, el decreto no fue publicado y las mismas fuentes alegaron que se haría este miércoles, algo que tampoco se cumplió. El último retraso fue atribuido a la existencia de un "error en el texto que no pudo ser corregido a tiempo".

Igualarlo de manera progresiva

El último el Consejo de Ministros aprobó la extensión del permiso de paternidad a ocho semanas en 2019, 12 en 2020 y 16 en 2021, igualándolo al de maternidad de manera progresiva. Una vez aprobado, las medidas en él plasmadas entrarán en vigor un día después a su publicación en el B.O.E, aunque el texto deba ser convalidado posteriormente por el Congreso.

En cualquier caso, el decreto ley ha recibido luz verde y, consecuentemente, el permiso por paternidad para funcionarios y trabajadores del sector privado se elevará gradualmente hasta 2021, cuando tendrán permisos iguales, intransferibles y retribuidos de 16 semanas.

Actualmente es de cinco semanas voluntarias y dos días (o cuatro si es necesario el desplazamiento) obligatorios. La obligatoriedad también se ampliará de manera gradual para el progenitor distinto a la madre: las dos primeras semanas ininterrumpidas tras el parto serán obligatorias en 2019; cuatro lo serán en 2020; y seis en 2021. Se disfrutarán "a jornada completa".

Este punto ha desatado críticas por parte las asociaciones de familias. La Plataforma de Permisos Iguales e Intransferibles (PPiiNA) celebró la ampliación del permiso, si bien avisó de las "trampas", en referencia a la simultaneidad de las seis primeras semanas, que "pueden conducir a que las mujeres cuiden mucho más y durante mucho más tiempo", según explicó a Europa Press la portavoz, María Pazos.

También la Plataforma de Madres Feministas por la Ampliación de los Permisos Transferibles (PETRA) afirmó que era una "ley patriarcal, puesto que aumenta los privilegios de los varones al tiempo que ningunea la maternidad como aportación social fundamental y como algo propio de las mujeres".

Diez semanas cada uno

Ambos progenitores tendrán otras 10 semanas cada uno a distribuir hasta el primer año del recién nacido, y éstas podrán repartirse a jornada completa o parcial, y en ningún caso podrán cederse. En cualquier caso, si ambos progenitores deciden disfrutar de los permisos de manera equitativa éstos se ampliarán en una semana cada uno.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, justificó la implantación progresiva del permiso "para dar tiempo suficiente a las empresas". También apeló a la "corresponsabilidad" de ambos progenitores. "La maternidad es una opción libre de las mujeres y tenemos que hacernos corresponsables todos", incidió en la rueda de prensa posterior al Consejo.

El objetivo de llevar esta medida a través del decreto ley es poder hacerla efectiva, ya que se quedó en el aire al tumbarse los presupuestos generales por parte del Congreso de los Diputados. Estaba prevista también en la Ley de Igualdad Laboral que presentó el grupo socialista hace un año en el Congreso, cuya tramitación quedó varada ante el adelanto electoral y la consecuente disolución de las Cortes Generales.

610 millones de financiación

El Gobierno estima que el coste económico de este decreto ley rondará lo 610 de euros, presupuestado a cargo de la Seguridad Social y su "incremento de la recaudación" gracias a los mayores ingresos derivados del alza del Salario Mínimo y el aumento de la cotización máxima.

En el proyecto de ley de presupuestos para 2019 --tumbados por el Congreso-- el Gobierno preveía gastar 302 millones más para poder financiar la ampliación del permiso de paternidad a ocho semanas en 2019.

Según datos del Ministerio de Trabajo, el gasto en prestaciones por paternidad experimentó en 2018 un incremento anual del 12,2% tras la entrada en vigor el pasado mes de julio de la ampliación del permiso de cuatro a cinco semanas. De acuerdo a estas cifras, el número de prestaciones por paternidad gestionadas en 2018 por la Seguridad Social ascendió a 255.531, un 3,4% menos que en 2017, con un coste superior a los 448 millones de euros (+12,2%).

Obligación de un registro de tablas salariales

Otra medida del real decreto ley, y que estaba contemplada en la Ley de Igualdad Laboral del PSOE, es la exigencia de redacción de los planes de igualdad a empresas de más de cincuenta trabajadores. Las empresas que tienen más de 50 trabajadores tendrán tres años para elaborarlos, mientras que se da un margen de un año a las empresas que tengan más de 250 trabajadores.

También se recoge la obligatoriedad de la publicación de las tablas salariales para empresas, a las que se tendrá acceso a través de la representación sindical o delegación personal.

Otra medida del decreto ley es la recuperación de la financiación de las cuotas del convenio especial de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia a cargo de la Administración General del Estado.