El día ha llegado. Diez años después de la primera denuncia, la mayor trama de corrupción que han visto los tribunales vascos cogerá forma de sentencia. Así llegará el desenlace del denominado “caso De Miguel”, una enrevesada trama de presuntos cobros ilegales de comisiones por parte de dirigentes del PNV y una mancha de imprevisibles consecuencias justo cuando está por comenzar 2020, año de elecciones autonómicas en suelo vasco.

“No vamos a anticipar escenarios ni a especular”, afirmaban este lunes a Público desde Sabin Etxea, cuartel general de la formación nacionalista. Primero aguardarán a conocer la sentencia y luego, a la vista de lo que acontezca, decidirán si habrá o no algún tipo de valoración pública por parte de la dirección del PNV.

Las novedades llegarán por la mañana. Será a las 10.00 cuando la magistrada Elena Cabero, ponente de la sentencia dictada por la Sección Segunda la Audiencia Provincial de Álava, leerá el fallo en el Palacio de Justicia de Vitoria.

Hoy 2009 queda lejos. Fue entonces cuando la abogada y empresaria Ainhoa Alberdi inició en los tribunales un camino largo, no exento de curvas. Hace diez años, la letrada denunció que el dirigente nacionalista alavés Alfredo de Miguel, entonces diputado foral de Administración Local, le había solicitado nada más y nada menos que 100 mil euros a cambio de una adjudicación en el parque tecnológico de Miñano.

Algunos meses después, el fiscal-jefe de Araba, Josu Izaguirre, acusó a De Miguel y a otros siete miembros del PNV en ese territorio de formar parte de una trama de cobro de comisiones ilegales. La investigación continuó, hubo registros y detenciones policiales y se llegó a comprobar la existencia de cobros de hasta 700.00 euros en comisiones irregulares.

En el medio apareció una asesoría (“Kataia Consulting”) que tenía su sede en una sociedad gastronómica, donde gestionaba el cobro de comisiones del 4% para la adjudicación de obras en Lapuebla de Labarca y Zigoitia, dos municipios gobernados por el PNV. También se escribieron dos libros: el periodista Iker Rioja –quien ha seguido este proceso muy de cerca en Eldiario.es– publicó "El Padrino. Anatomía del caso de Miguel”, mientras que el también periodista y criminólogo Ahoztar Zelaieta elaboró “La trama del 4%. Las comisiones del caso De Miguel”.

Peticiones de cárcel

La trama es tan larga como el número de acusados que tuvo que sentarse en el banquillo: hubo, en total, 26 imputados. En ese marco, el PNV –tanto a través de sus dirigentes como del lehendakari Iñigo Urkullu– manifestó en distintas ocasiones que no se trata de un caso de financiación irregular, al tiempo que reivindicó la forma en que se gestionó la crisis desde Sabin Etxea: los imputados entregaron sus carnets, mientras que "con posterioridad, el PNV reformó sus Estatutos, endureciendo el régimen interno para aquellos supuestos vinculados con la corrupción", aseguraba el portavoz de este partido en el Congreso Aitor Esteban, al comienzo del juicio en enero de 2018. 

De Miguel enfrenta una petición de 29 años y 9 meses de cárcel, mientras que para Aitor Tellería y Koldo Otxandiano, ex miembros de la dirección del PNV en Araba, se solicitan 13 años y 7 meses de prisión. La Fiscalía sostiene que estos tres ex dirigentes del PNV recibieron comisiones ilícitas por hacer de intermediarios en adjudicaciones de obra pública.

Año electoral

La sentencia que se conocerá este martes pone fin a este largo periplo judicial, pero amenaza con mantenerse en el escenario político otra temporada. No en vano, tanto el PNV –cuyos resultados en las últimas citas electorales han sido exitosos– como el resto de partidos con presencia en Euskadi se preparan ya para un 2020 intenso, en el que habrá elecciones autonómicas.

Las urnas llegarían en octubre, aunque no se descarta que el lehendakari pueda adelantar la cita para antes del verano. Lo cierto es que hoy Urkullu, al menos en el aspecto parlamentario, está más tranquilo que ayer: el Ejecutivo autonómico ha logrado cerrar un acuerdo con Elkarrekin Podemos para sacar adelante los últimos presupuestos de la legislatura, lo que podría evitar un adelanto electoral. Ya sea antes o después del verano, el ya célebre caso De Miguel puede volver a formar parte de los discursos.