Todo empezó con un click en "publicar" o en la opción "enviar". Un click que estuvo seguido por una actuación policial que, a su vez, derivó en una investigación o detención por diversos tipos de delitos, también por cuestiones como "injurias" o "calumnias". De acuerdo a una información oficial del Ministerio del Interior, en 2018 y 2019 hubo un total de 916 personas que fueron objeto de actuaciones policiales por sus mensajes en redes sociales.

Los datos han sido remitidos al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, quien había formulado una serie de preguntas al Gobierno a raíz de un caso concreto: "Según ha informado el Ministerio del Interior, un ciudadano de 21 años ha sido detenido en El Ejido (Almería) como presunto autor de un delito de injurias e incitación al odio tras publicar en las redes sociales un mensaje mofándose de las lesiones sufridas por un inspector de Policía que resultó herido tras ser embestido por un todoterreno conducido por narcotraficantes".

Tras citar también el caso de una mujer que el pasado 6 de septiembre fue detenida en Algeciras "por comentarios injuriosos e insultos en redes sociales contra miembros de la Comisaría de Algeciras", Iñarritu destacaba que "estos hechos son cuanto menos sorprendentes, ya que los mensajes de mal gusto, los insultos y los comentarios cívicamente reprobables son muy usuales en las redes sociales, pero no tanto las denuncias policiales por los mismos y mucho menos las detenciones".

En tal sentido, el diputado señaló a Público que "la Guardia Civil y la Policía Nacional ponen especial celo en seguir y perseguir las injurias o calumnias sobre policías, pero quería saber qué ocurre con el resto de asuntos". No en vano, en su pregunta parlamentaria pidió información acerca del "número de personas detenidas en los dos últimos años por mensajes en redes sociales", así como que se determinara cuántos casos se referían a comentarios "presuntamente injuriosos o insultos" hacia miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En su respuesta, Interior ofrece un listado con el número de personas detenidas o investigadas por "infracciones penales cometidas a través de redes sociales relacionadas con delitos de amenazas, coacciones y delitos violentos contra las personas". En total, dichas "infracciones" alcanzan a 916 personas. En 2018 se registraron 400 casos y en 2019 los restantes 516.

"Los datos reflejados en la respuesta corresponden a personas detenidas o investigadas por estos hechos", apuntaron fuentes de Interior a Público. En tal sentido, señalaron que el término "investigadas" significa que "han estado incursas como presuntos autoras de algún hecho delictivo de los relacionados en las diligencias policiales". Cuando dichas diligencias son puestas a disposición de los tribunales, "los investigados, sin haber sido detenidos, pueden ser llamados a declarar en instancia judicial si la autoridad jurídica así lo considera", remarcaron.

El mayor número de casos aparece bajo la categoría de "amenazas", con 256 personas investigadas (102 en 2018 y otras 154 en 2019). En segundo lugar están las actuaciones por "quebrantamiento de orden de protección y alejamiento", que alcanzan los 147 casos.

En tercer puesto figuran 120 personas investigadas o detenidas por "descubrimiento o revelación de secretos". Además, hay otros cinco casos por "infidelidad en la custodia de documentos" o "violación de secretos". "Esos tipos de delitos se utilizan normalmente para silenciar a confidentes y callar a denunciantes de corrupción", afirma el jurista y director legal de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), Carlos Sánchez Almeida.

No en vano, subrayó que la PDLI reclama precisamente que "se establezca algún sistema en el Código Penal para que en aquellos casos en los que esa información permita perseguir a responsables de corrupción, no se actúe contra funcionarios ni particulares por haber accedido a la misma". "En última instancia, están ejerciendo un deber cívico", remarcó.  

Delito contra la Corona

La respuesta enviada a Iñarritu indica que entre 2018 y 2019 se registraron 33 investigaciones policiales por "injurias" y otras 40 por "calumnias" en redes sociales. Se cita además un caso en 2018 por "delito contra la Corona", otros seis "contra la Constitución registrados ese mismo año" y un delito "contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos", también en 2018.

Para Sánchez Almeida, estos datos reflejan la necesidad de "despenalizar los delitos de opinión". "Todos los estándares internacionales dicen lo mismo: el poder tiene que soportar las críticas", afirma el director legal de la PDLI. En tal sentido, sostiene que "todo lo que afecta a la patria, a la bandera y a la monarquía debería derogarse del Código Penal, porque precisamente por ser símbolos tienen que poder ser escupidos y quemados, porque son solo símbolos". "Escupir o quemar un símbolo forma parte de la libertad de expresión. Es el símbolo lo que se agrede, no la persona", remarcó.

"La Policía hace una vigilancia para ver qué pesca. No es que alguien denuncie determinado tuit y se investigue, sino que se hacen búsquedas", señaló a Público el abogado Daniel Amelang, abogado penalista e integrante del colectivo Red Jurídica. En tal sentido, recordó lo ocurrido en el juicio contra el músico César Strawberry, quien fue condenado por "enaltecimiento del terrorismo" a raíz de unos tuits. Posteriormente, el Tribunal Constitucional anuló dicha condena.

"En aquel juicio, los policías hicieron el símil con los controles de alcoholemia: en esos casos se ponen a buscar hasta encontrar a gente que va bajo los efectos del alcohol. En las redes, lo que hacen es buscar palabras clave para ver quiénes las han utilizado". En el caso de las supuestas injurias a las Fuerzas de Seguridad del Estado, "suelen ser los sindicatos policiales los que hacen búsquedas y luego denuncian", explica Amelang.

La vía de la ley Mordaza

Por su parte, el catedrático de Derecho Constitucional Lorenzo Cotino aprecia una "evolución para interpretar cada vez de forma más restrictiva los delitos de odio", al tiempo que destaca que las cifras aportadas por Interior a Iñarritu, especialmente en lo relacionado con "faltas de respeto" a miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, "contrastan con las más de 20.000 denuncias vía Ley de Seguridad Ciudadana" por tales motivos.

De hecho, en el documento enviado al diputado de EH Bildu no figura ninguna investigación policial por "resistencia, desobediencia, falta de respeto y consideración a la autoridad" en los dos últimos años. El motivo, remarca Cotino, es que tales actos son llevados por la vía administrativa a través de la también conocida como ley Mordaza.