"Vivir en Sevilla cada vez se hace más difícil", resume Susana Hornillo portavoz de Con Podemos-IU en el ayuntamiento. Su grupo presentó una moción, apoyada por el PSOE, que buscaba presionar desde el consistorio al Gobierno andaluz para que comience a aplicar la ley de vivienda y trabajase para controlar el precio de los alquileres, que en algunos barrios de la ciudad, muy presionada por el turismo, alcanza niveles muy altos, prohibitivos. Esta fue rechazada en Pleno este miércoles por la mayoría que suman PP y Vox.

Era muy complicado que la moción prosperase, habida cuenta de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) está empeñado en no aplicar la norma porque considera –al igual que Balears, Catalunya y Madrid– que invade competencias autonómicas, y la ha llevado al Tribunal Constitucional –que admitió a trámite el recurso el pasado 26 de septiembre–, precisamente en los puntos que la izquierda reclamaba su aplicación en Sevilla.

La ley de vivienda establece la posibilidad –no obliga– de que las administraciones puedan declarar "zonas de mercado residencial tensionado", lo que limitaría el precio a pagar. Instar a la Junta de Andalucía a trabajar en esa declaración es lo que se ha rechazado con el argumento precisamente del recurso al Constitucional.

"¿Ve lógico instar a la Junta a hacer algo que tiene recurrido? ¿Usted sabe las consecuencias que tendría declarar zonas tensionadas y que luego se anulase? No mezclen una cosa con otra. Esto no tiene ni pies ni cabeza. ¿Cómo vamos a pedirle que haga algo que ha recurrido y que el tribunal ha admitido?", dijo tras la votación el portavoz del PP, Juan de la Rosa. Vox recurrió a argumentos de defensa del mercado, oferta y demanda, para justificar su voto contrario.

"Nos lo esperábamos", manifestó Hornillo tras el boicot a la ley. "Lamentamos que no haya salido, que el gobierno de la ciudad, con el apoyo de Vox, haya decidido que no se aplique la ley de vivienda y que está de acuerdo con la Junta de Andalucía para no aplicarla. Lamento que se hayan puesto del lado de los promotores inmobiliarios y no se hayan puesto del lado de la ciudadanía. Esta es una de las ciudades con mas desigualdad del país", afirmó la portavoz de Con Podemos-IU.

El PSOE apoyó la moción de Con Podemos-IU y defendió la ley como propia, como fruto del Gobierno de coalición. "Gobernar es hacer y desarrollar leyes en beneficio de los ciudadanos. No es no desarrollar un proyecto de ley porque no me gusta", dijo la edil Natalia Buzón.

Los barrios más desfavorecidos

En mayo pasado, la empresa pública de vivienda, Emvisesa publicó un estudio, un mapa de áreas tensionadas en Sevilla, como paso previo para aplicar la ley. El cambio de Gobierno en el Ayuntamiento la ha dejado en vía muerta en este aspecto.

En ese trabajo, Emvisesa identificó 26 barrios de la ciudad de Sevilla "donde el esfuerzo de los hogares para alquilar una vivienda supera el 25% de los ingresos medios, estando distribuidos en siete de los Distritos de la ciudad (Macarena, Sur, Cerro Amate, Norte, San Pablo Santa Justa, Triana y Nervión)".

Para que la Junta de Andalucía pueda declarar una zona como tensionada, la ley exige o bien que "que el coste de la hipoteca o del alquiler en el presupuesto personal o de la unidad de convivencia, más los gastos y suministros básicos, supere el treinta por ciento de los ingresos" o bien que "el precio de compra o alquiler de la vivienda haya experimentado un porcentaje de crecimiento acumulado de al menos tres puntos" por encima de la subida del IPC en la Comunidad Autónoma.

En el trabajo de Emvisesa se identifican "cinco barrios donde el esfuerzo para comprar una vivienda supera la tercera parte de los ingresos de la unidad familiar, de los cuales tres pertenecen al Distrito Sur (Letanías, Polígono Sur y Avenida de la Paz), el Barrio de Feria del distrito Centro y Polígono Norte en Distrito Norte".

"Además, hay dos barrios de la ciudad de Sevilla, Polígono Sur y Avenida de la Paz, ambos del Distrito Sur, en donde tanto el esfuerzo para alquilar como para comprar superan la tercera parte y la cuarta parte de los ingresos de los hogares, respectivamente".

El ayuntamiento analiza en ese trabajo que "aquellas zonas de la ciudad donde el esfuerzo de las familias es mayor para alquilar una vivienda no coinciden con los ámbitos donde la vivienda es más cara, en términos absolutos, sino todo lo contrario. Aquellos barrios de Sevilla donde las personas deben destinar mayor porcentaje de sus ingresos a pagar el precio de un alquiler coinciden con los ámbitos donde estos precios son precisamente más bajos, sobre todo en los Distritos Macarena, Sur y Amate".

Es decir, agrega Emvisesa, "la dificultad deriva de la escasa capacidad económica de esos hogares, que pese a existir una oferta de viviendas en alquiler con precios bajos, sin embargo, disponen de unos ingresos tan escasos que hace que dicho esfuerzo económico esté muy por encima de los límites razonables, incidiendo aún más en la precarización de sus condiciones de vida".

Hornillo, que se apoyó en este trabajo para plantear la moción, añade que el precio medio del alquiler ha subido en estos últimos tiempos y que está ya en Sevilla "en 11 euros el metro cuadrado". "Una vivienda normal para una familia, de unos 75-90 metros, estaría entre los 825-990 euros. El salario medio bruto ronda los 1.400 euros, según el INE. Si hablamos de un imprevisto, gafas, dentista, renovar algo en casa, temblamos. Las familias están hartas. Las Comunidades tienen en su mano una herramienta para aliviar esta situación".

"Esto está en la constitución, que la ley este recurrida no exime de su cumplimiento, la ley está en vigor. La ley está hecha, el trabajo del Emvisesa está hecho: lo que hay que hacer es aplicar la ley", agregó la portavoz de Podemos-IU.