La nueva senda de déficit aprobada por el Congreso no verá la luz antes de que haya Presupuestos. El PP, con su mayoría absoluta en el Senado, vetará este jueves en la Cámara Alta el techo de gasto, del 1,8 por ciento, propuesto por el Gobierno para aprobar las cuentas. 

La pasada semana el Pleno del Congreso dio luz verde a los objetivos de déficit gracias al respaldo del bloque de la moción de censura que hizo presidente a Pedro Sánchez. Aunque no estaba claro que la cifra propuesta por el Ejecutivo fuera a obtener los apoyos suficientes, finalmente los partidos catalanes votaron a favor, aunque advirtieron al presidente de que se trataba de un “último gesto” y de que “la pelota” estaba en su “tejado” en la resolución del problema territorial en Catalunya y respecto a los líderes independentistas encarcelados.

La Mesa del Senado acordó la pasada semana incluir la celebración de un Pleno en la semana de Navidad para debatir y votar los objetivos de déficit, que, de esta manera, apenas tienen recorrido desde su aprobación en el Congreso.

Durante su última comparecencia en la Cámara Alta, Sánchez pidió a los senadores del PP que no bloquearan la senda de déficit si los grupos le daban el visto bueno en la Cámara Baja. “Hago un llamamiento a los senadores que quieren cronificar los recortes por sectarismo partidista y no quieren una senda razonable para financiar las autonomías”.

Este discurso, el de las necesidades de comunidades autónomas y ayuntamientos, es el que previsiblemente llevará el Gobierno al Senado este jueves. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya apeló en el debate del Congreso sobre la senda de déficit a la necesidad de “reforzar el discurso sobre el Estado de las autonomías”, y advirtió del peligro de las intenciones de aquellas formaciones que defienden la recentralización de los territorios.

“Este debate no es estéril. Estamos hablando de 6.000 millones más para el Estado de las Autonomías. Algunas formaciones no creen en el diseño autonómico, bien porque se suman a determinados discursos o porque nunca han creído en ello y ahora no lo esconden. Algunos se intentan aferrar a la nostalgia de un Estado centralista”, defendió Montero ante el Pleno del Congreso.

El papel del Senado

Los grupos que apoyaron el techo de gasto, incluido el PSOE, son conscientes de la capacidad de veto que los conservadores tienen en la Cámara Alta, pero el mandato del Congreso responde de forma simbólica a un mensaje en clave parlamentaria, en el que tanto el Ejecutivo como Unidos Podemos han insistido en multitud de ocasiones.

Para estas fuerzas políticas, es una anomalía que el Senado tenga capacidad de veto sobre el techo de gasto, como recoge la ley de estabilidad presupuestaria; algo que no sucede con el resto de leyes, donde juega un papel de cámara de segunda lectura que no tiene la potestad de resolución legislativa última.

Por eso, el Grupo Socialista presentó en agosto una proposición para reformar la ley de estabilidad presupuestaria y suprimir la capacidad de veto del Senado. Esta prerrogativa se introdujo en el 2012, como una de las medidas que desarrollaban la reforma constitucional pactada por socialistas y conservadores un año antes. La entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró entonces que la reforma respondía a la intención de dotar de mayor peso político al Senado.

Sin embargo, aparte de la mayoría del PP en la Cámara Alta, los de Casado tienen también una gran capacidad de maniobra en el Congreso a través del control, sostenido por Ciudadanos, de la Mesa de la Cámara Baja. Los grupos de la derecha bloquean desde octubre la reforma de la ley de estabilidad que permitiría revertir el bloqueo del Senado al techo de gasto.

PP y Cs han pedido ampliar el plazo de enmiendas hasta en diez ocasiones, lo que genera una dinámica de prórrogas que, de facto, paraliza la tramitación de la norma. De no aprobarse el techo de gasto, Sánchez deberá cuadrar las cuentas de sus Presupuestos con los objetivos aprobados por el Ejecutivo de Rajoy, fijados en el 1,3 por ciento del déficit; aunque también la aprobación de las cuentas se encuentra actualmente en el aire y no se descarta que el Gobierno prorrogue los Presupuestos de 2018.

La senda del Gobierno contempla un déficit del 1,8% para 2019, cinco décimas más que el objetivo actual, con un margen de 6.000 millones que flexibiliza en una décima los objetivos para el Estado (0,4%), en dos para la Seguridad Social (1,1%) y en tres décimas para las comunidades autónomas (0,3%).