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Los progresistas del TC logran contener de momento la embestida conservadora y dejan vía libre al Congreso

La cámara baja podrá realizar las votaciones sobre la reforma del Código Penal y de las leyes orgánicas del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional al aplazarse el pleno gracias a que los cinco magistrados progresistas del Constitucional han pedido tiempo, pero aún hay margen para que se suspenda la tramitación legislativa, ya sea en el Senado o en la última fase en el Congreso.

Fachada del Tribunal Constitucional, a 15 de octubre de 2021.
Fachada del Tribunal Constitucional, a 15 de octubre de 2021. Alejandro Martínez Vélez / EUROPA PRESS

Las magistradas y los magistrados del sector progresista del Tribunal Constitucional (TC) han logrado aplazar el pleno urgente que debe decidir si suspende la tramitación parlamentaria de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la del Tribunal Constitucional (LOTC) que desbloqueará la renovación del tribunal de garantías, con cuatro magistrados con el mandato caducado, entre ellos al presidente, Pedro González-Trevijano.

González-Trevijano ha accedido a la petición de los cinco magistrados progresistas --Juan Antonio Xiol, María Luisa Balaguer, Cándido Conde-Pumpido, Ramón Sáez e Inmaculada Montalbán-- de aplazar el pleno "por el tiempo indispensable que nos permita el estudio completo del asunto, a la vista del volumen de la documentación aportada, de la complejidad de la cuestión que plantea el recurso y la relevancia de la decisión, y de los escritos que han sido presentados a lo largo de esta mañana. Lo que nos imposibilita, en consecuencia poder participar en la deliberación y votación", consta en el escrito de solicitud, al que ha podido acceder este diario.

Ante la petición de tiempo, el presidente ha accedido a convocar el pleno el próximo lunes 19, a las 10 de la mañana. PSOE y Vox han solicitado personarse en el recurso del PP que tramita el Constitucional y Podemos ha recusado al presidente y al magistrado también conservador Antonio Narváez, ambos con el mandato caducado, por su presunto interés personal ya que en cuanto se apruebe la reforma del Poder Judicial deberán abandonar el TC y ser sustituidos por los magistrados elegidos por el Gobierno: Laura Díez y Juan Carlos Campo

De momento, González-Trevijano y Narváez no se han apartado, a la espera de que su recusación se resuelva en el pleno del lunes. 

El pleno de este jueves en el tribunal de garantías estaba convocado a las 10 de la mañana pero ha comenzado casi a las 13,00 horas. El retraso se ha debido a que los magistrados conservadores, que son seis y por tanto mayoría en estos momentos, no habían acabado a tiempo su reunión de las nueve de la mañana  para fijar una posición común ante la ponencia de Enrique Arnaldo sobre el recurso del PP, que debe ser deliberada y votada en el pleno ya del lunes. 

El aplazamiento del pleno deja vía libre al Congreso de los Diputados para efectuar las votaciones esta tarde, que previsiblemente darán por aprobada la reforma del Código Penal, con la modificación del delito de malversación y la supresión del de sedición, entre otras medidas; y la reforma de la LOPJ para que a partir de ahora sea necesaria una mayoría simple para que el CGPJ elija a sus dos magistrados para el TC, y la modificación también de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para que el Gobierno pueda designar a sus dos magistrados al TC sin que antes deban recibir el plácet del pleno del propio Constitucional. 

El bloqueo actual del TC se debe a que el sector conservador y mayoritario tanto del gobierno de los jueces como del tribunal de garantías están bloqueando su renovación. 

Fuentes jurídicas consultadas por Público aseguran que aunque las reformas que pretende paralizar el PP queden aprobadas este jueves en el Congreso, lo que pedía el partido de Feijóo en su recurso es suspender cautelarmente la tramitación parlamentaria en el punto en que esté y eso es posible hacerlo el próximo lunes, si entonces el TC decide acceder a las peticiones del PP. 

La tramitación legislativa impone que tras la aprobación en el Congreso, la proposición de ley pase al Senado y después regrese a la cámara baja para su aprobación definitiva. Este trámite se podría demorar hasta el próximo 22 de diciembre, tiempo de sobra para que el Constitucional tome una decisión.

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