La reciente sentencia que absuelve al arquitecto del Proyecto Canalejas, Carlos Lamela, de daños al patrimonio ha reavivado el debate sobre el necesario equilibrio entre el desarrollo urbanístico y el respeto a los edificios singulares de Madrid.

Amparo Berlinches, presidenta de la asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio (MCyP), elude pronunciarse sobre la resolución a favor de Lamela dictada por el Juzgado de lo Penal número 16 de Madrid, pero recuerda que su organización siempre ha mantenido que el arquitecto ha sido el "brazo ejecutor del disparate del Proyecto Canalejas", y su actuación siempre ha estado amparada por la "permisividad administrativa".

En su opinión, esa permisividad es responsabilidad del Ayuntamiento, que rebajó la protección de los edificios catalogados, los dos más importantes en la máxima categoría, lo que los hacía prácticamente intocables, promoviendo para ello una modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM), y permitiendo que se pudieran agrupar en una sola las siete parcelas de los siete edificios que componían el conjunto, actuación prohibida por el plan vigente hasta entonces.

"Con ello", asegura la arquitecta, "se facilitaba a la propiedad la práctica demolición interior del conjunto, además de que el nivel de forjados fuera uniforme en las siete parcelas, convertidas en la práctica en un único solar con un tratamiento de niveles de forjado único y permitiendo su ampliación en altura con el nefasto resultado ya visible".

Berlinches carga también contra la Comunidad de Madrid porque, "en perfecta connivencia" con el Ayuntamiento, rebajó la protección de los dos edificios más importantes, el que recae a la plaza de Canalejas, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Monumento Histórico, y el de calle Alcalá con Peligros que estaba incoado como tal.

"En una operación insólita y pionera, con el peligro que ello conlleva para otros casos en la ciudad que pueden reclamar el mismo tratamiento, se permite la demolición interior del conjunto y para salvar la cara se promueve la nueva declaración como BIC, únicamente de las fachadas del conjunto. No hay que insistir mucho en lo desafortunado de esta actuación para que cualquier ciudadano comprenda que proteger una fachada es dejar sin esencia a la unidad arquitectónica que se compone de la totalidad de un edificio", explica Berlinches.

El Proyecto Canalejas es un caso más, según Berlinches, de una lista de actuaciones urbanísticas que han ocasionado un grave daño al patrimonio histórico-artístico de la ciudad. La página web de MCyP recoge precisamente una amplia relación de elementos arquitectónicos en situación de riesgo.

Berlinches subraya el caso de la demolición del Taller de Precisión de Artillería TPA en la calle Raimundo Fernández Villaverde, un edificio notable no tenía protección en el Catálogo del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM), aunque estaba incluido para su protección en el nuevo catálogo, que se lleva revisando varios años sin que vea la luz.

Otro ejemplo nefasto ha sido la demolición parcial del Convento de Madres Reparadoras en el paseo de la Habana, cuya demolición se paró gracias a la denuncia de MCyP y que aún está por dilucidar si se reconstruye lo demolido, según dicta la ley.

Las obras del llamado Proyecto Canalejas, en la antigua sede del banco Banesto, en el centro de Madrid, promovido por OHL. REUTERS / Paul Hanna

"En este caso", aclara, "se ve claramente cómo se puede conceder una licencia de demolición de edificio protegido por la ley 3/13 sin que quien concede la licencia, una empresa que tiene externalizada la competencia municipal, supiera nada de tal protección".

La asociación MCyP, que no recibe subvención alguna y está formada por una veintena de asociaciones culturales de todo tipo, se encarga también de dar su opinión sobre el futuro de algunos edificios que están bajo la amenaza de la "piqueta especulativa urbanística". Es el caso de la Casa Vallet, del barcelonés José Antonio Coderch, autor también del edificio Girasol en Madrid y uno de los arquitectos españoles más importantes.

"Esta casa unifamiliar de los años 50", aclara Berlinches, "no está protegida por el PGOUM ni tampoco por la Comunidad de Madrid. Al ser una pieza muy valiosa de la arquitectura del movimiento moderno en nuestra ciudad, solicitamos su protección a ambos organismos y el asunto está en espera sin que se haya concedido por el momento licencia de demolición".

Otro caso similar es el de las Cocheras de Metro de Cuatro Caminos. "Se han vendido a una cooperativa para construir sobre ellas más de 400 viviendas, haciendo desaparecer esta instalación, germen de la red de metro en Madrid y su primera instalación hace ahora 100 años. Este asunto está bajo jurisdicción en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid con un recurso promovido por MCyP".

Con respecto al frontón Beti-Jai, la asociación mantiene un contencioso desde hace años "y ya se ha conseguido que se declare Bien de Interés Cultural y está contemplado como de protección singular en el PGOUM, superando gracias a nuestra insistencia su desaparición pues existían para este conjunto varios proyectos que suponían su práctica demolición", añade Berlinches.

Obras del Proyecto Canalejas

En materia legal de protección al patrimonio, MCyP no aprecia muchas diferencias entre la corporación de Ana Botella y la de Manuela Carmena. En este sentido, lamenta que el Catálogo de Edificios Protegidos, vigente desde 1997, no haya sido actualizado.

"Eso conlleva la impunidad de la destrucción de todo aquello que no se contempla en él, como la arquitectura contemporánea, poniendo en riesgo la desaparición de ejemplos señeros de nuestra arquitectura, como el de la Casa Vallet y la fábrica CLESA, edificio industrial de gran valor arquitectónico que no tiene protección alguna y que en estos días está teniendo repercusión mediática porque el Ayuntamiento le ha concedido la protección Nivel 3, es decir conservación parcial, que es absolutamente insuficiente para un edificio de semejante relevancia y que merecería el nivel de máxima protección del PGOUM", indica Berlinches.

La falta de diligencia en la revisión del Catálogo de Edificios Protegidos, según Berlinches, da los instrumentos precisos para la inacción municipal y la demolición de elementos que no tienen la protección legal que este instrumento normativo debería darles.

A su juicio, el patrimonio es una materia muy sensible al estar vinculado a la especulación urbanística. Igualmente, condena que se venda patrimonio público para obtener liquidez, como ha ocurrido en casos como el del Taller de Precisión de Artillería, las instalaciones militares de Campamento o la Operación Chamartín.

Con todo, Berlinches cree que el Madrid del futuro puede conjugar la modernidad y el desarrollo con el respeto al patrimonio. "Las ciudades", precisa, "deben desarrollarse con el signo de los tiempos, pero su núcleo, aquel que identifica y singulariza la ciudad, debe permanecer bien cuidado pues además de conservar su idiosincrasia es una fuente de riqueza".

"Para que esto sea posible es necesario, ante todo, educación y divulgación, que todos los madrileños, desde la escuela, conozcamos nuestro patrimonio y lo valoremos. Sin conocimiento no se valora ni se comprende la necesidad de mantenerlo. En suma, cultura, cultura y cultura", concluye.