Con ninguna preocupación. Así vive el PP nacional la inminente comparecencia, el viernes, de Cristina Cifuentes en la comisión de investigación sobre corrupción política de la Asamblea de Madrid. Tanto es así que la dirección ni siquiera ha querido acordar con la líder de la formación en Madrid una estrategia a seguir para hacer frente a los ataques de la oposición. "Sabe defenderse sola", sentencian las fuentes consultadas. 

Además, todas ellas inciden en destacar su apoyo "absoluto" a la presidenta de la Comunidad de Madrid y descartan que los informes de la UCO que la acechan puedan llegar a convertirse en una imputación formal de un tribunal. Génova adopta así una postura similar a la que mantuvieron en el caso del presidente murciano Pedro Antonio Sánchez, que no se vio obligado a dimitir hasta que una posible imputación por la Operación Púnica -que luego se confirmó- no planeó sobre él para sumarse a la que ya tenía por el caso Auditorio. 

Ahora el equipo de Mariano Rajoy ha decidido seguir su estrategia habitual: defender la presunción de inocencia hasta el último momento, convencidos, dicen, de la "honestidad" y "limpieza intachable" de la presidenta madrileña. Es más, aunque descartan hablar de la carrera sucesoria interna, nadie cree que eso pueda afear las posibilidades de Cifuentes en la misma. "No le pasará factura, tampoco en las próximas elecciones, porque no hay nada y se demostrará", aventura un alto cargo del PP.

Hasta entonces, ella tendrá que enfrentarse a las preguntas no sólo de sus opositores, sino de sus propios socios de Ciudadanos. Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que forman parte de la investigación de la Audiencia Nacional en el marco de la Operación Púnica han enfriado sus relaciones hasta el punto de que las reuniones entre Cifuentes y su homólogo en Cs, Ignacio Aguado, que en su día fueron habituales, brillan por su ausencia desde hace meses. 

Los naranjas critican que hubiese corrupción "bajo su paraguas" mientras que la conservadora asegura que tiene motivos para "llevar la cabeza alta", pese a las sospechas de la UCO de que pudiera haber cometido un presunto delito de prevaricación y cohecho. El origen de la investigación policial se encuentra en un contrato que la Asamblea dio al grupo Cantoblanco de Arturo Fernández -expresidente de la CEIM y donante del PP- para que cubriera el servicio de restauración de dicha institución. 

En la operación existen, presuntamente, una serie de arbitrariedades cometidas por el comité de expertos del que Cifuentes era miembro, así como por la mesa de la contratación de la Asamblea de la que Cifuentes no sólo era miembro, sino que también la presidía. Ella, por su parte, siempre se ha justificado alegando que no maniobró para dar prioridad al grupo Cantoblanco sino que, simplemente, se limitó a apoyar la propuesta hecha por los técnicos de la Cámara autonómica. 

El viernes tendrá oportunidad para ofrecer más explicaciones al respecto y convencer -o no- a quienes en su día fueron su mayor apoyo y hoy están enfrente. Sea como sea, Cifuentes se ha comprometido a cumplir su pacto con Cs y dimitir si finalmente es imputada por un juez. De momento, ni ella ni la dirección nacional  del PP prevén ese escenario. ​