La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se queda sola en su batalla contra el Gobierno central. El resto de regiones gobernadas por el PP prefieren esperar antes de presentar un recurso contra el plan de ahorro energético. Desde Génova, los populares han exigido a la Moncloa todos los informes que han dado lugar a la aprobación del real decreto ley.

La Junta de Andalucía se ha puesto un plazo de tres meses para estudiar si el Ejecutivo ha invadido parte de sus competencias antes de presentar cualquier recurso ante el Tribunal Constitucional. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha señalado que no es partidario de "la batalla judicial" y prefiere que el Gobierno vuelva a la senda del diálogo con las comunidades.

De esta manera, Moreno ha marcado una clara distancia con su homóloga madrileña. El presidente regional, además, ha negado que Ayuso esté "marcando el paso" político al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

La Xunta de Galicia, a través de su vicepresidente primero, Francisco Conde, ha avanzado que recurrirá el decreto de ahorro energético si la asesoría jurídica autonómica concluye que realmente existe una invasión de competencias.

De igual manera, la Región de Murcia ha alertado de que el recurso de anticonstitucionalidad será una realidad si el Gobierno sigue en la "unilateralidad" y no presenta una justificación técnica. El presidente murciano,
Fernando López Miras, ha pedido que el Ejecutivo explore más vías; entre ellas, una reunión con los líderes autonómicos.

El PP solicita informes al Gobierno

El coordinador de Economía del PP en el Congreso, Jaime de Olano, ha pedido al Ejecutivo que haga "un ejercicio de diálogo de verdad". En concreto, el político considera que "el Gobierno no ha dado explicaciones de todas las cuestiones", lo que ha provocado "tanta incertidumbre e inseguridad jurídica".

El partido de la oposición, por este motivo, ha solicitado a la Moncloa los informes sobre el posible impacto económico del real decreto ley, para así determinar las consecuencias que pueden tener sobre el tejido productivo. A la espera de estos estudios, De Olano ha recalcado que el PP siempre cumple con ley, aunque cada comunidad "decidirá qué medidas va a tomar".

El Gobierno de Ayuso, por su parte, ha presentado un decálogo con las medidas que consideran inconstitucionales. En Madrid señalan que el real decreto ley es una "decisión arbitraria y autoritaria". 

Algunos de los puntos mencionados son la ausencia del "carácter básico" alegado por el Estado para "invadir competencias". El "choque" con la normativa covid-19 que establece la necesidad de ventilación de los locales, la colisión del horario de apagado de escaparates con la ley madrileña que permite abrir los comercios las 24 horas. O la "defectuosa configuración del régimen sancionador" del decreto.