Ahora que Juan Carlos I regresa a España aunque sea sólo para cuatro días, los medios hablan con naturalidad del rey emérito. Su figura, sin embargo, sigue generando una gran controversia y no sólo por sus oscuros negocios y el fraude fiscal reconocido, sino porque nunca han estado claras cuáles son sus funciones mientras sigue disfrutando de ciertos privilegios.

Cuando abdicó en favor de su hijo Felipe en junio de 2014 y se convirtió en rey emérito, una figura hasta entonces inédita en la historia de España, se estableció que Juan Carlos I conservaría de forma vitalicia y honorífica el título de rey, el tratamiento de Majestad y honores análogos a los del heredero de la Corona. Además, también se decretó –lo hizo el Gobierno de Mariano Rajoy– que también mantendría el privilegio del aforamiento. 

Es cierto que en la práctica ya no tiene ninguna atribución desde que en marzo de 2020 fuera apartado de la familia real tras retirarle su hijo, el rey Felipe VI, la asignación presupuestaria que venía percibiendo, debido a las sospechas de corrupción. Sin embargo, a día de hoy aún mantiene todos los honores y privilegios, sobre todo el aforamiento, que, junto a la inviolabilidad de la que gozó hasta junio de 2014, le han servido para evitar el banquillo judicial. 

No hay más que remitirse a los hechos. Los opacos negocios del rey emérito terminaron llegando a los tribunales pero el pasado 2 de marzo la Fiscalía del Tribunal Supremo acabó archivando las tres diligencias de investigación que mantenía abiertas desde hacía dos años sobre sus actividades económicas. A pesar de que se apreciaron indicios de delito, la inviolabilidad primero y la prescripción, después, fueron los dos motivos principales que esgrimió el Ministerio Público para dar carpetazo definitivo a las investigaciones. 

La prerrogativa del aforamiento implica que el rey emérito sólo puede ser juzgado por el Tribunal Supremo. Pero esto sólo ocurre desde el año 2014, el año de su abdicación. Antes del 2 de junio de ese año la figura de Juan Carlos era inviolable —como ahora lo es la del rey Felipe VI— según se recoge en el artículo 56.3 de la Constitución Española. Es decir, que antes de esa fecha ni tan siquiera podía ser juzgado aunque hubiera una tonelada de pruebas contra él.

"La inviolabilidad supone la irresponsabilidad penal de los hechos con lo que no se podría abrir ningún proceso penal sobre los hechos constitutivos de delito", explicaba a Público en 2018 Elviro Aranda, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y experto constitucionalista. 

Pese a esa inviolabilidad, el Gobierno de Mariano Rajoy concedió deprisa y corriendo el aforamiento al rey emérito y a su familia —también resultaron aforadas las reinas Sofía y Letizia y a la princesa de Asturias— en julio de 2014 gracias a su mayoría absoluta en el Congreso. Esa decisión suscitó no pocas dudas sobre su constitucionalidad, tal como informó Público en su momento, porque, además, el aforamiento tenía carácter retroactivo: sólo se le podía juzgar por causas que se produjeran de esa fecha en adelante. Y sí, pasaron más cosas después de 2014, entre ellas dos regularizaciones de 4,3 millones de euros ante la Agencia Tributaria por un dinero del que se benefició de la fundación Zagatka para el pago de vuelos privados entre 2003 y 2018. Delitos fiscales en los que ser aforado le vino muy bien. 

Muchos juristas creen que el aforamiento, sobre todo en lo que atañe al ámbito civil, vulnera el principio de igualdad ante la ley. Algo que ha quedado acreditado a tenor de los acontecimientos posteriores. Como recuerdan varios expertos constitucionalistas, el aforamiento persigue "proteger a quien ejerza un cargo público" y no está claro que el rey emérito lo sea en la actualidad y menos aún desde que en 2019 renunciara voluntariamente a la vida institucional.