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Sánchez respalda a Pilar Llop frente a las críticas de Unidas Podemos

La incomodidad por las palabras de la ministra de Justicia este martes sobre cómo probar la violencia en una agresión sexual no pasan factura en Moncloa y el PSOE. El presidente ha pedido que Llop se implique en la explicación de la reforma de la ley del 'solo sí es sí'. Las posiciones de UP siguen enfrentadas a los planteamientos del ala socialista. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a varios de sus ministros, Pilar Llop incluida, durante la sesión de control celebrada este miércoles en el Congreso.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a varios de sus ministros, Pilar Llop incluida, durante la sesión de control celebrada este miércoles en el Congreso. A. Pérez Meca / Europa Press

Pilar Llop entró en el Gobierno en el mes de julio de 2021. Magistrada de profesión, lo hizo como ministra de Justicia en sustitución de Juan Carlos Campo. Antes había sido presidenta del Senado y diputada en la Asamblea de Madrid. Pero quizás no había estado tanto bajo el foco mediático como los últimos días. La reforma de la ley del solo sí es sí la ha puesto en primer plano. Y el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha decidido reforzarla políticamente frente a las críticas de Unidas Podemos. 

Bien es cierto que las palabras de Llop en una entrevista realizada el pasado martes generaron incomodidad en las filas socialistas, como informó este medio. Pero eso ya es pasado para Moncloa y Ferraz. De hecho, la ministra trató de rebajar el tono en una serie de entrevistas realizadas en la mañana del miércoles. Unas apariciones públicas que, según destacan fuentes consultadas por Público, ya estaban concertadas desde el mismo lunes. Es decir, no se buscaron específicamente para rectificar nada. 

Llop aún intervendrá más en diferentes medios y dará declaraciones a medios de comunicación durante los próximos días. Y esto tiene una explicación, según las fuentes consultadas por este medio. El propio Sánchez ha pedido que sea la ministra de Justicia quien explique a la ciudadanía la reforma. Por su perfil técnico, principalmente. Pero especialmente porque la proposición de ley sale de su equipo. 

Las decisiones de Sánchez, según señalan siempre quienes mejor lo conocen, son en muchas ocasiones imprevisibles. Pero hoy en día ni en Moncloa ni en Ferraz dan pie a una posible dimisión o una salida del Gobierno de Llop. "Todo lo contrario", afirman las fuentes consultadas, que ejemplifican esto con la coordinación seguida en la comunicación de la reforma. En Moncloa consideran que precisamente "ahora lo que toca es más presencia de Llop".

La ministra ha estado alejada de la ley del solo es sí durante varios meses pero es la voz elegida por los socialistas para "parar la alarma social" y explicarla a la sociedad, según estas fuentes. "Es la que conoce bien el tema, lo ha trabajado por su especialidad jurídica", remachan desde las filas socialistas.

Sí que reconocen algunas fuentes consultadas que las palabras de Llop en el Congreso este miércoles han podido generar suspicacias e interpretaciones en torno una posible salida del Gobierno. "Me siento absolutamente responsable de esta reforma y asumo lo que pueda pasar", dijo la ministra en una respuesta al PP durante la sesión de control. Esto, según las fuentes consultadas, no es más que asumir su papel en la reforma como impulsora de la misma. 

El papel negociador ahora, tras el fracaso de la interlocución entre los ministerios de Justicia e Igualdad, recae en los grupos parlamentarios. En las filas socialistas cobrarán ahora relevancia la ministra de Hacienda, María Jesús Montero y el de Presidencia Félix Bolaños, como suele ser habitual. 

UP cuestiona su planteamiento 

El asunto sigue lejos de resolverse entre PSOE y UP a tenor de las declaraciones mostradas públicamente. Todas las partes siguen confiando en que haya margen para una salida pactada. Pero las posiciones están alejadas y encalladas. En Moncloa consideran que ambas formaciones tienen el "mismo objetivo", que es parar la rebaja de penas, pero que sobre él hay diferentes "interpretaciones a nivel técnico" sobre cómo lograrlo. 

Los socialistas insisten en que se ha creado una "alarma social" y que el problema "está fuera, en la calle" porque es un asunto muy "doloroso" que afectan a delitos muy graves. El ala socialista del Gobierno pide a UP que se abandonen "posiciones muy preconcebidas" al tiempo que reiteran que los morados saben que no quieren poner en cuestión el asunto del consentimiento en la reforma.

El objetivo del PSOE es sacar adelante un acuerdo con UP pero a la vez afirman no estar preocupados si reciben los votos positivos del PP a su proposición de ley. Algo que ya evidenció la vicepresidenta Nadia Calviño este martes en el Senado. 

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, afirmó que Llop "se está explicando bien" porque con sus declaraciones pone de manifiesto que la propuesta planteada por el PSOE para reformar la norma busca que "la violencia e intimidación vuelva a ser un factor fundamental para agravar una pena y, por tanto, el centro no es el consentimiento". 

"No podemos volver al Código Penal de 'La Manada', ni a decirle a la víctima que, aterrorizada, atemorizada, se quedó paralizada durante la agresión que es una víctima de segunda y que su agresor va a tener menos penas que la mujer que puede demostrar una herida", reiteró Belarra en declaraciones a los medios. "No me gustaría que PP y Vox con sus votos consiguieran que volviéramos al Código Penal de 'La Manada'", dijo también la ministra de Igualdad Irene Montero. 

La fuerza morada ha puesto el foco también en el papel de uno de los asesores de Justicia en el desarrollo de la reforma. Se trata de Francisco Javier Álvarez García, quien cargó este lunes contra la definición de consentimiento. Además, diferentes juristas, como ha publicado este medio, consideran que la nueva proposición de ley, vuelve a poner el foco en la víctima y no en el agresor. Aquí estaría, según UP, la clave de un debate de modelos pese a que los socialistas insisten en que "no se toca el consentimiento". El conflicto pinta a que se alargará en el tiempo. 

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