La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha participado en la sesión de control al Ejecutivo con una pregunta dirigida al titular de Justicia, Juan Carlos Campo, en la que le ha preguntado por su opinión sobre las "descalificaciones" del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, al Poder Judicial. "Ustedes (en referencia al PSOE y Unidas Podemos) coinciden en una justicia basada en la ideología y no en la verdad", le ha espetado la conservadora.

En su respuesta, Campo ha asegurado que tiene la "mejor opinión" de los jueces de este país y ha señalado que las declaraciones de Iglesias están "embargadas en el derecho fundamental de la libertad de expresión" a pesar de que sus palabras le puedan gustar "más o menos". "No me gustaría tirar de hemeroteca, ¿pero cuántas declaraciones ha habido de miembros de su partido señalando a jueces concretos?", le ha espetado.

Lo cierto es que en el Partido Popular las críticas hacia los jueces que investigaban las causas de corrupción en las que se les señalaba —como al magistrado José Ricardo de Prada— eran más que habituales. De Prada llegó, incluso, a denunciar públicamente las presiones recibidas: "Mientras investigaba la Gürtel he sufrido más ataques como juez desde la política y desde los medios que secundan determinados planteamientos políticos que en los otros casi treinta restantes que llevo trabajando como juez en la Audiencia Nacional", aseguró.

El órgano de gobierno de los jueces emitió un comunicado censurando las declaraciones de Iglesias después de que este calificara de "injusta" la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por la que su portavoz en la Comunidad de Madrid, Isa Serra, fue condenada por los delitos de atentado contra la autoridad, lesiones leves y daños contra agentes de la Policía, y las manifestaciones públicas.

En contraposición, una treintena de juristas entre los que se encuentran catedráticos de Derecho, profesores universitarios, magistrados eméritos del Supremo como Jordi Agustí, Fernando Salinas y José Manuel Martín Pallín y abogados como el que fuera juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, firmaron un manifiesto en el que calificaron de "interferencia inadmisible en un Estado de Derecho", el comunicado emitido por el órgano de gobierno de los jueces.