La jueza Mercedes Alaya ha regresado a la primera línea informativa tras las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que han tumbado, antes del verano, las condenas a los responsables políticos de la Junta de Andalucía con el PSOE por el llamado caso de los ERE.

La Audiencia de Sevilla condenó a dos expresidentes de la Junta y a varios exconsejeros socialistas por malversación y prevaricación por repartir 680 millones de euros para ayudas a empresas en crisis sin ningún tipo de control. La condena supuso el final de la hegemonía política socialista en Andalucía. 

El Supremo confirmó las sentencias y ahora el TC las anula porque considera que se vulneraron los derechos de los condenados ya que la Audiencia de Sevilla y el Supremo habían declarado ilegales leyes presupuestarias emanadas del Parlamento Andaluz, algo que  atenta contra la separación de poderes. 

En el origen del caso de los ERE está la jueza Mercedes Alaya. Fue la jueza instructora, igual que lo fue primero del caso Mercasevilla, en 2009, contra el alcalde de Sevilla y otros cargos públicos a raíz de una denuncia del portavoz del PP en el consistorio sevillano Juan Ignacio Zoido, posteriormente ministro del Interior con Rajoy. Años después los acusados fueron absueltos. 

La jueza Alaya es hoy presidenta de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, pero su sueño es llegar a la Audiencia Nacional, tras haber aspirado sin éxito en cinco ocasiones a obtener una plaza en el tribunal especial. 

Ahora se puede presentar una sexta oportunidad para una jueza que gozó de una fama inmensa, cuando abría los telediarios, en 2013, entrando en los juzgados de Sevilla con un tróley en el que cargaba el sumario del caso ERE. 

Y la oportunidad le puede llegar gracias a un juez muy criticado por su cercanía a la derecha; Alaya, íntima amiga de Juan Ignacio Zoido, también ha sido cuestionada y en ciertos ámbitos jurídicos se habla del caso de los ERE como el primer caso de lawfare en España. La jubilación del juez Manuel García Castellón hace unos días deja el Juzgado Central de Instrucción 6 vacante. Y Alaya puede pedir la plaza. 

La última vez que participó en un proceso selectivo para ocupar un juzgado de la Audiencia Nacional fue cuando el Juzgado Central de Instrucción 1 se quedó vacante, en octubre de 2021, al irse su titular, el juez Francisco de Jorge, en servicios especiales a una oficina de la ONU. 

Pero otra jueza con mayor antigüedad le quitó la plaza. Mercedes del Molino también se había presentado al concurso y al tener un puesto mayor en el escalafón judicial que Alaya se quedó con el juzgado. La experiencia es fundamental en estos concursos de méritos, donde también se valoran otros aspectos, pero la antigüedad, en igualdad de condiciones, determina el resultado final. 

Curiosamente la jueza Mercedes del Molino no llegó a desembarcar en el Juzgado Central 1, porque fue fichada como asesora por la entonces ministra de Justicia, Pilar Llop. En la actualidad, la jueza Del Molino está destinada en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Todos los intentos de Alaya

El primer intento de Alaya para dar el salto a Madrid fue en 2018, cuando la jueza Carmen Lamela, al frente del Juzgado Central 3, fue nombrada para el Tribunal Supremo. Mercedes Alaya se postuló pero la plaza fue para María Tardón, que tenía más antigüedad. 

Después, el juez Fernando Andreu se marchó del Juzgado Central 4 y Alaya también se presentó, pero el puesto fue para el juez Calama.

Tampoco tuvo suerte a finales de 2020 cuando el juez José de la Mata se marchó en servicios especiales a Eurojust, dejando vacante el Juzgado Central de Instrucción 5, pero finalmente recayó en el juez Santiago Pedraz, que ya ocupaba un juzgado en la Audiencia Nacional, el 1, pero pidió el cambio al 5, un movimiento in extremis para hacerse con un juzgado mítico, que ya ocupó el juez Garzón, donde se investigan causas tan sensibles como la de la caja b del PP.

Y Mercedes Alaya aprovechó la oportunidad para pedir el Juzgado Central 1, pero tampoco fue posible entonces. El juez Francisco de Jorge ganó el concurso. 

Ahora con el juzgado de García Castellón libre es muy probable que la jueza Alaya siga intentado su salto a la Audiencia Nacional. Sin embargo, la sombra de Pedraz sigue planeando sobre el futuro de la jueza de los ERE  ya que podría presentarse para ocupar la plaza, y la ganaría, pues tiene preferencia al estar ya adscrito a la Audiencia Nacional.

El juzgado que deja vacante García Castellón es quizá el más complejo de los seis de la Audiencia Nacional porque, entre otras, instruye las casi 50 piezas de la macrocausa Tándem o caso Villarejo; también las causas de corrupción que salpican al PP Púnica y Lezo. 

Sospechas de 'lawfare'

Uno de los primeros casos sospechosos de ser en realidad lawfare fue el caso Mercasevilla, en 2009, sobre la venta de suelo del mercado central de Sevilla; un caso que fue el germen de la macrocausa de los ERE, con un centenar de piezas que aún se investigan.

El caso Mercasevilla se inició cuando la jueza Mercedes Alaya abrió una causa contra el alcalde y el teniente de alcalde de Sevilla, del PSOE e Izquierda Unida, respectivamente, ante una denuncia de un íntimo amigo suyo, también juez, Juan Ignacio Zoido, justo cuando este se presentó como candidato del PP a la alcaldía de Sevilla. 

La jueza alargó siete años la instrucción, practicando las diligencias más importantes coincidiendo con citas electorales. Finalmente el Supremo absolvió a los acusados.