La subida del salario mínimo interprofesional cerró la primera fase del diálogo social en esta legislatura. Ya es casi una costumbre para el Gobierno de coalición que el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales inicien cada ciclo político con una subida del SMI, y en 2024, tras la investidura de Pedro Sánchez, no ha habido excepción.

El diálogo social está ahora en una fase en la que mantiene abierta varias mesas de diálogo sobre diferentes reformas, mesas cuya previsión es que se extiendan durante la primavera o, al menos, durante una parte de la misma.

En concreto, son tres los foros principales que Gobierno, sindicatos y patronales tienen activos en materia laboral: la mesa para la reducción de la jornada, la mesa para el diseño e implementación de planes de igualdad LGTBI en las empresas y la mesa para la reforma del subsidio por desempleo. También está activa una mesa de prevención de riesgos laborales.

La jornada laboral y el registro horario

El más relevante, por su trascendencia y, también, por la importancia que le otorgan desde el departamento dirigido por Yolanda Díaz, es el que aborda la reducción de la jornada laboral sin reducción de salario. Se trata de una de las medidas estrella del programa electoral de Sumar para el 23J y una de las pactadas en el acuerdo de coalición entre este espacio y el PSOE.

"Reduciremos la jornada laboral máxima legal sin reducción salarial para establecerla en 37 horas y media semanales", recoge el pacto de Gobierno, que establece que su aplicación se producirá de forma progresiva, reduciéndose hasta las 38,5 horas en 2024 y culminándose en 2025.

La mesa de diálogo tripartita arrancó el 25 de enero y, hasta el momento, se han celebrado dos reuniones. Aunque al principio la patronal mostró su recelo con la reforma, Díaz advirtió de que la reducción de la jornada era un compromiso de Gobierno, y que se llevaría a cabo en cualquier caso, aunque los empresarios no formaran parte del pacto.

Hasta el momento, los ejes de la negociación son tres. El primero se basa en la reducción como tal, con la propuesta de rebajar a 38,5 horas este año y a 37,5 horas el próximo, a través de la modificación del Estatuto de los Trabajadores. En el departamento de Díaz son conscientes de que lo más probable es que haya que introducir en la norma dos cómputos, uno semanal y otro anual, ya que muchos convenios fijan su jornada en ciclos anuales.

El segundo tiene que ver con la garantía de reducción de la jornada y con la vigilancia de su cumplimiento por parte de las empresas. Trabajo ha propuesto en la mesa que la Inspección de Trabajo tenga acceso remoto al registro horario de los trabajadores, de manera que la transparencia sea total.

Además, también se estudian medidas disuasorias para garantizar el cumplimiento, como aplicar las sanciones por cada trabajador, y no por cada empresa. Sindicatos y patronales, además, han pedido abrir una mesa paralela en la que no esté presente el Gobierno para abordar este asunto.

La polémica reforma del subsidio por desempleo

Otra de las mesas abiertas en el seno del diálogo social es la que aborda la reforma del subsidio por desempleo. El foro se puso en marcha a principios de febrero, después de que el Congreso tumbara el decreto presentado por el Gobierno por los votos en contra de Partido Popular, Vox y Podemos.

El decreto aprobado y posteriormente rechazado por el Congreso elevaba la cuantía del subsidio durante el primer año de percepción (excepto para mayores de 52 años); lo ampliaba a las personas desempleadas menores de 45 años sin cargas familiares, los eventuales agrarios y las personas trabajadoras transfronterizas de Ceuta y Melilla; y hacía compatible su percepción con un empleo durante los primeros 180 días sin pérdida de prestación, entre otros elementos.

Sin embargo, desde Podemos denunciaron que la reforma contenía un recorte por la supresión progresiva de la compensación a las cotizaciones de los mayores de 52 años (desde el 125% hasta el 100%), y decidieron votar en contra de la reforma. Los sindicatos denunciaron, además, que no se había contado con ellos para el diseño de la misma. 

Ahora se negocia en el diálogo social, y el objetivo es poder alcanzar un acuerdo cuanto antes, aunque en principio no llegará antes de la primavera.

Los planes LGTBI, una negociación fuera de plazo

La tercera de las mesas principales que mantiene abiertas el diálogo social es la que aborda el diseño de los planes de igualdad LGTBI en las empresas. Estos planes forman parte de las medidas recogidas en la denominada ley trans, que también daba de plazo hasta el pasado 3 de marzo para que las empresas los tuvieran aprobados.

Sin embargo, el adelanto electoral y las dificultades para conformar un Gobierno paralizaron los trabajos del diálogo social, unos trabajos que no se retomaron hasta mediados de febrero, cuando ya no quedaba tiempo para que el diálogo social estableciera unas pautas generales para elaborar los planes antes del plazo dado por la norma.

Ahora, el Gobierno, los sindicatos y las patronales afrontan una negociación exprés (y fuera de plazo) para tener un acuerdo cuanto antes. El Ejecutivo ha recabado las propuestas de los agentes sociales y ya trabaja para elaborar un texto conjunto.

En la ley trans se establece que las empresas de más de 50 personas trabajadoras deberán contar, en el plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigor de esta norma, "con un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, que incluya un protocolo de actuación para la atención del acoso o la violencia contra las personas LGTBI".