Los cinco miembros de la Sección Quinta de la Sala Tercera del Supremo se reúnen este jueves para estudiar los recursos de la derecha contra los indultos a los condenados en el Supremo por la consulta independentista del 1-0 a penas de entre nueve y 13 años de cárcel por sedición y malversación.

Los primeros recursos en someterse a deliberación son los del expresidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y del exsecretario general de Junts y expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez; conocidos como los Jordis. 

Se trata de una sentencia crucial en el marco del proceso independentista, en pleno debate por una hipotética ley de amnistía que exigen Junts y ERC para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. 

¿Qué puede pasar? Aunque fuentes consultadas por Público del entorno del Supremo prevén que no se produzca finalmente una revocación de los indultos del procés, nada se da por seguro. 

Lo que contemplan dichas fuentes es que se produzcan dos votos discrepantes a la sentencia que se alcance y que confirme finalmente los indultos de los 'Jordis'; los dos votos de los magistrados conservadores de la Sección Quinta de la Sala Tercera: Wenceslao Olea y Fernando Román.

Hay que recordar que la revocación de los indultos implicaría el regreso a prisión para los indultados, aunque no inmediatamente, ya que tendrían la posibilidad de recurrir ante el Constitucional. Pero esa decisión abriría inicialmente un complejo e inédito panorama político en paralelo a la negociación de la amnistía para todos los implicados en la consulta independentista catalana del 1-0, en 2017.

Según las fuentes consultadas, la Sala Tercera, la de lo Contencioso-Administrativo, rechazaría los recursos de la derecha contra la medida de gracia que aprobó el Consejo de Ministros en junio de 2021 para los líderes independentistas condenados por sedición y malversación, pero no por unanimidad, sino con los votos particulares de Olea y Román, los dos magistrados conservadores de la Sección Quinta. Los recursos consideran fraudulentos los argumentos de "utilidad pública" que esgrimió el Gobierno para conceder los indultos.

Mayoría progresista, en teoría

La Sección Quinta, encargada de la resolución de los recursos contra los indultos del procés, está formada por los considerados magistrados conservadores Wenceslao Olea y Fernando Román y los progresistas Ángeles Huet y Ángel Arozamena; además del magistrado Pablo Lucas, hermano del vocal del Consejo General del Poder Judicial Enrique Lucas, propuesto por el PNV. 

Pablo Lucas es el presidente de la Sala Tercera y, por tanto, tiene la capacidad para desempatar en un hipotético empate; está considerado por las fuentes consultadas por este diario como un magistrado de tendencia progresista. Sustituyó en este asunto a Carlos Lesmes, expresidente del CGPJ y del Supremo, que se abstuvo en este tema precisamente por su anterior ocupación al frente del Poder Judicial. 

Pero no se puede dar nada por sentado en el asunto de los indultos a los líderes del procés, según esas fuentes; un asunto que ha enfrentado al tribunal sentenciador, la Sala Segunda del Supremo, con el propio Gobierno español, y que ha contado hasta con una rectificación del Supremo cuando la Sala Tercera primero inadmitió los recursos de PP, Vox y C's y cuatro meses después, en mayo de 2022 se corrigió a sí misma y los admitió a trámite. 

En un principio, el Supremo los inadmitió alegando que, según la jurisprudencia del Alto Tribunal, los partidos políticos y los parlamentarios no están legitimados para impugnar las medidas de gracia del Gobierno; solo lo están las víctimas directas de los delincuentes indultados. 

Sin embargo, poco después un cambio en la composición de la Sala, con la inclusión en ese momento de la magistrada Inés Huerta, ahora jubilada, provocó el cambio de postura, admitiendo a trámite los recursos y estableciendo que la cuestión de la legitimación de los partidos se tenía que estudiar a fondo, junto con los recursos contra los indultos. 

Tanto Wenceslao Olea como Fernando Román fueron partidarios en ese momento de no dar por sentada la falta de legitimidad de los partidos, pese a que que la propia Sala había indiciado previamente que "los partidos políticos no tienen atribuida la representación de la sociedad ni del interés general ni de los bienes jurídicos colectivos en la jurisdicción contencioso-administrativa". 

De hecho, las escasas veces en las que se han producido revocaciones de indultos siempre ha sido contando con el apoyo de las víctimas de los delitos perdonados, como por ejemplo, en 2013, cuando la Sala de lo Contencioso-Administrativo anuló el indulto para un conductor kamikaze. El tribunal revocó la medida porque no se había tomado en aras de las "razones de justicia, equidad o utilidad pública" que exige la ley al Ejecutivo para conceder un indulto. 

El kamikaze perdonado por Rajoy

El Gobierno de Rajoy indultó en 2012 a un conductor 'kamikaze' que cumplía una condena de 13 años de cárcel por conducir varios kilómetros en dirección contraria a alta velocidad por una autopista de Polinyà del Xúquer (València), hasta que chocó frontalmente con otro vehículo cuyo conductor resultó muerto y su acompañante, herida. Tras la ratificación del fallo por el Tribunal Supremo y con un cumplimiento de condena que se redujo a diez meses en prisión, el ministro de Justicia por aquel entonces, Alberto Ruiz Gallardón, le indultó. 

Este indulto provocó una gran alarma social, sobre todo después de que se desvelara que el abogado del kamikaze era hermano de Ignacio Astarloa, un exalto cargo del PP en el Ministerio del Interior, y que además trabajaba para el despacho Uría y Menéndez, en el que también estaba empleado un hijo del exministro Alberto Ruiz-Gallardón. La familia de la víctima recurrió contra la concesión del indulto y estuvo facultada para hacerlo. El Supremo consideró "arbitrario" el indulto y lo anuló, lo que provocó que el kamikaze entrara de nuevo en prisión en 2014. 

La legitimación para recurrir indultos

Los magistrados Wenceslao Olea y Fernando Román creen que en el caso de los indultos del procés los partidos sí podrían estar legitimados porque los delitos perdonados, es decir, la consulta independentista del 1-O, no afectaron solo a una colectividad de personas en Catalunya, sino a todo el Estado español. 

En el caso de que el Supremo finalmente indique que los partidos y los parlamentarios no están facultados para recurrir las medidas de gracia, todos los recursos contra los indultos del procés serían rechazados. En caso contrario, se abriría la puerta a que cualquier persona, sin ser víctima directa del delito perdonado, recurriera los indultos del Ejecutivo, señalan fuentes jurídicas a este diario.

Respecto al caso concreto de Jordi Cuixart, las fuentes del Supremo consultadas creen que su "falta de arrepentimiento" y su "desdén" respecto al indulto que finalmente se le concedió estarán presentes en la sentencia, aunque le sea favorable.  El exlíder de Òmnium Cultural dijo antes de recibir el perdón que el indulto del Gobierno "será el preludio de la derrota que sufrirá España en Europa", en relación a la actuación del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, frente al que los condenados del procés pidieron amparo tras su derrota en el Constitucional.