La Audiencia de València ha confirmado la imputación en la causa penal sobre la gestión de la DANA de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y rechaza investigar en ella tanto a la delegada del Gobierno en el País Valencià, Pilar Bernabé, como al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) , Miguel Polo.

En un auto hecho público este jueves, la Audiencia de València desestima el recurso de apelación que había presentado la defensa de Pradas a la decisión que el pasado 10 de marzo adoptó la jueza de Catarroja de investigarla en esta causa, donde también figura como imputado el exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso. 

El pasado 24 de marzo, la defensa de Pradas pidió que se archivara la causa penal de la DANA y calificó de "absolutamente inadmisible que se seleccione como cabeza de turco".

La sección segunda de la Audiencia, en un auto que no puede ser recurrido, señala que la decisión de la jueza instructora, la titular del juzgado número 3 de Catarroja (València), de citar a la exconsellera como investigada era "procesalmente inevitable" dada la fase en que se hallaba el procedimiento cuando se dictó el auto.

 La Audiencia ratifica dos resoluciones más de la jueza  

Asimismo, el tribunal ha ratificado otras dos resoluciones de la jueza instructora: la inadmisión de una querella interpuesta por la organización Hazte Oír contra el presidente y otros cuatro cargos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la negativa a recibir declaración como investigada a la delegada del Gobierno en País Valencià.

En el segundo de los autos notificados este jueves, los magistrados desestiman el recurso de apelación presentado por la asociación Hazte Oír contra la inadmisión de su querella contra el presidente de la CHJ, Miguel Polo, y cuatro dirigentes de ese organismo: el secretario general, la comisaria de Aguas, el director técnico y la jefa de la Oficina de Planificación Hidrológica.

Finalmente, la Audiencia de València ha rechazado también el recurso de apelación interpuesto por la acusación popular que ejerce la asociación Liberum, a la que se adhirió la de Vox, contra la negativa de la jueza de Catarroja de recibir declaración como investigada a Pilar Bernabé.

En este caso, los magistrados reiteran los argumentos que ya expusieron en un auto de apelación anterior relativos al hecho de que la delegada no solicitara la declaración de emergencia nacional, así como sobre la atribución legal del mando único de la emergencia a la Administración autonómica en la DANA.