El juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa contra Begoña Gómez, ha pedido al Tribunal Supremo que investigue al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por malversación de caudales públicos y falso testimonio en relación con la contratación de una asesora de la esposa del presidente del Gobierno.

Peinado tomó declaración como testigo a Bolaños en el Palacio de la Moncloa el pasado 16 de abril y el ministro negó cualquier irregularidad en la contratación de la asesora como cargo de confianza. Ahora, el juez eleva una exposición razonada al Supremo, por el aforamiento de Bolaños, en la que plantea que la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, fue contratada con fondos públicos para realizar funciones de carácter "estrictamente privado" y también afirma que el ministro no contestó "a la verdad" a pesar de estar bajo juramento, durante su interrogatorio como testigo.

Bolaños era secretario general de la Presidencia en 2018 cuando Cristina Álvarez fue contratada como asistente de Begoña Gómez y así se lo explicó a Peinado, asegurándole que no participó en dicha contratación, aunque la misma se efectuó siguiendo las normas de contratación del personal eventual de confianza.  

El juez considera que es mentira, a tenor de su exposición razonada, argumentando que a raíz de la declaración del entonces vicesecretario general de la Presidencia, Alfredo González; y de Raúl Díaz, coordinador del personal del Palacio de la Moncloa, se desprendería que Bolaños sí tuvo que ver con la contratación de Álvarez, toda vez que ambos declararon que no fueron los responsables de la misma. En este sentido, Peinado cree que el ministro podría haber incurrido en un delito de falso testimonio y otro de malversación. 

El juez Peinado cree que el ministro "ha podido participar directamente en el nombramiento" de la asistente como personal eventual y que "no ha controlado las tareas llevadas a cabo por la misma percibiendo sus retribuciones de una partida de los Presupuestos Generales del Estado".

"Los trabajos desarrollados por Cristina Álvarez no se han limitado a los de asistenta en las actividades llevadas a cabo por la esposa del presidente del Gobierno, en su condición de tal, y meramente protocolarias, y sin ánimo de lucro o de carácter benéfico, sino para atender las necesidades que en actividades de carácter privado ha venido llevando a cabo la citada investigada María Begoña Gómez Fernández", afirma el juez Peinado. 

"Como quiera que el delito de malversación de caudales públicos tiene la consideración de un delito de carácter permanente, todas aquellas personas que tuvieren bajo su responsabilidad la administración del correcto destino del patrimonio público, si no llevan a cabo, las actuaciones necesarias para evitar que se continúe, dando un destino distinto al que es propio para los caudales públicos, deben ser consideradas participes en dicho delito", concluye el juez.

Sin proceso de selección

El juez indica que para la contratación de Cristina Álvarez --que tiene la condición de investigada en la causa--" no se llevó a cabo ningún tipo de proceso de selección", algo que destaca en su exposición razonada, pese a que es conforme con las normas de la contratación de cargos de confianza tanto del Gobierno como de los Ejecutivos autonómicos y de las Administraciones Públicas.

Añade Peinado que Álvarez "efectuó múltiples  trabajos para la actividad privada de Begoña Gómez", en cuanto a "su vinculación con la Universidad Complutense de Madrid"; y que esa actividad estaba "siendo difundida públicamente con gran despliegue de medios para que se conociera por el máximo número de personas posibles". Argumenta el magistrado que "conforme a la empírica, la lógica conduce a que debe inferirse de que estaba siendo conocida dicha actividad por los responsables superiores de la investigada Cristina Álvarez".