Convertida los últimos años en uno de los principales arietes jurídicos contra el proceso independentista, la Abogacía del Estado vive una etapa de cambios. La llegada del socialista Pedro Sánchez a la Moncloa ha tenido como consecuencia un cierto cambio de tono en la posición de la Abogacía, que se visualizó el 2 de noviembre, cuando se desmarcó de la Fiscalía en la causa del 1-O y acusó a los dirigentes independentistas de sedición, pero no de rebelión. Mientras que el Ministerio Fiscal habla directamente de "violencia" en su escrito de acusación, la Abogacía no emplea en ningún momento la palabra y solicita una condena máxima de 12 años de prisión, para Oriol Junqueras, lejos de los 25 que pide la Fiscalía.

Esta diferencia de criterio ha provocado el cese de Edmundo Bal, confirmado justo este miércoles. Desde 2002 Bal era el jefe del departamento penal del organismo y el encargado de dirigir la acusación a los dirigentes soberanistas en el inminente juicio por la organización y celebración del referéndum del 1 de octubre. Partidario de alinearse con la Fiscalía y acusar a los procesados por rebelión, Bal se negó a firmar el escrito que finalmente presentó el organismo y ha sido fulminado por Consuelo Castro, la abogada general del Estado que situó la ministra de Justicia, Dolores Delgado, tras la llegada de Sánchez a la presidencia. Castro tomó el relevo de Eugenio López y su actuación implica, de momento, la introducción de un cierto matiz en el papel del organismo público en relación al proceso.

Con grados diversos, los tres predecesores de Castro —Joaquín Fuentes Bardají, en el cargo entre 2004 y 2012; Marta Silva, que lo ocupó de 2012 hasta finales de 2016; y Eugenio López— convirtieron la Abogacía General del Estado en un claro ariete jurídico contra el independentismo. La causa del 1-O, que ha comportado el encarcelamiento de nueve dirigentes soberanistas, es el caso más reciente, mediático y trascendente, pero no el único el único. Basta repasar la hemeroteca para encontrar actuaciones diversas contra mociones, resoluciones o actuaciones de diferentes instituciones catalanas.

Una década de recursos

En 2009, con Zapatero al frente del Ejecutivo estatal, el organismo intentó impedir la consulta de autodeterminación organizada en el municipio de Arenys de Munt (Barcelona), la pionera de entre las más de 500 que se hicieron hasta 2011, y que en total sumaron más de 860.000 votos. La consulta de Arenys de Munt se celebró el 13 de septiembre de 2009, tres años antes de las grandes movilizaciones independentistas. Los vecinos del municipio no pudieron votar, pero, en un local municipal, sino que lo hicieron en uno de una entidad, en gran parte como consecuencia del recurso ordenado por el entonces jefe de la abogacía del estado en Catalunya, Pilar Fernández Bozal. Un año más tarde, Fernández Bozal se convirtió en la consellera de Justicia del primer gobierno de Artur Mas. Cuando arrancó la ola de consultas a los municipios, la Abogacía cambió de criterio. En un primer momento, mostró la intención de presentar un recurso contra todos aquellos consistorios que cedieran locales municipales como puntos de votación, pero finalmente rectificó.

La llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa implicó el nombramiento de una nueva abogada general del Estado, Marta Silva. Antigua directiva del Real Madrid (2000-2006) —y caso de manual del palco del Bernabéu como escenario relacional de los poderes del Estado—, Silva se implicó a fondo contra el proceso independentista, precisamente durante los años en que la cuestión despegó hasta copar buena parte de la agenda política catalana y, de rebote, estatal. Entre otras cuestiones, Silva denunció a los ayuntamientos de Figueres y Girona —este último tenía a Carles Puigdemont como alcalde— por haber contratado dos trenes para facilitar el desplazamiento de ciudadanos a la manifestación independentista que se había hecho en Barcelona el 11 de septiembre de 2012.

Dos años después, la Abogacía presentó un recurso de impugnación del proceso participativo sobre la independencia que se hizo el 9 de noviembre de 2014. Posteriormente, el organismo también ha tenido un papel activo en el juicio por la organización de la consulta, que ha comportado el juicio, entre otros, del entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, y de algunos de los consellers de su gobierno: Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega. Los cuatro han sido condenados recientemente por el Tribunal de Cuentas a pagar más de 5 millones de euros por los presuntos recursos públicos que se asomaron la consulta. Durante este juicio, celebrado en otoño de este año, el abogado del Estado Javier Borrego felicitó a la entidad españolista Sociedad Civil Catalana (SCC) por la demanda "espléndida" que había presentado en el caso y añadió que la consulta había provocado un "perjuicio clarísimo" a los ciudadanos, porque se usó dinero público para "una finalidad política fuera de los canales legales".

Paralelamente, durante la etapa de Silva como abogada general también se tomaron medidas contra decisiones del Parlamento de Catalunya o actuaciones de ayuntamiento. Por ejemplo, el organismo presentó unos 400 recursos contenciosos administrativos contra unos 260 consistorios por no izar la bandera española o pagar cuotas a la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI). Junto a la vicepresidenta del gobierno durante la era Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, el organismo encabezado por Silva presentó numerosos recursos en el Tribunal Constitucional contra mociones o resoluciones del legislativo catalán, como la resolución de ruptura aprobada en el pleno de 9 de noviembre de 2015 o las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente, de 2016, entre muchas otras.

Rechazo al 1-O

El período, por el momento, de mayor convulsión política del proceso, es decir, el otoño pasado, tenía a Eugenio López como abogado general del Estado. Entre otros, en su etapa el organismo presentó recursos al TC contra las leyes de desconexión aprobadas por el Parlamento, así como la Ley del referéndum o, simplemente, resoluciones favorables a la organización de un referéndum unilateral.  Durante la presidencia de Rajoy, la Abogacía del Estado también presentó recursos al TC contra leyes sociales aprobadas en el Parlamento, hasta el punto de que se suspendieron una docena.

Una vez empezó la instrucción de la causa del 1-O, la Abogacía del Estado se personó como acusación particular como víctima de un delito de malversación de fondos públicos durante la realización del referéndum. Posteriormente, sin embargo, el organismo se posicionó sobre el resto de los presuntos delitos que se atribuyen a los dirigentes soberanistas. Y con Rajoy en la presidencia del gobierno defendió la continuidad en prisión de los líderes independentistas.

Con el cambio de color político del gobierno español la presión de la Abogacía sobre el proceso se ha rebajado sensiblemente, si bien el movimiento ni mucho menos satisface las aspiraciones de buena parte de la sociedad catalana, que rechaza cualquier petición de cárcel. Además, las negociaciones de los gobiernos de Torra y Sánchez, que existen, también han supuesto que se retiren recursos presentados por la abogacía contra leyes sociales, como la 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Lo que suceda en los próximos meses y, sobre todo, el escrito final de acusación que presente en el juicio del 1-O determinará si el cambio a la Abogacía del Estado es profundo y va más allá del matiz.