El juez Juan Carlos Peinado ha propuesto que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, sea juzgada ante un jurado popular por un presunto delito de malversación en el nombramiento de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y la ha citado el próximo sábado, 27 de septiembre, en su juzgado, a las seis de la tarde, para informarle de la imputación.

En un auto, fechado el martes, al que ha tenido acceso Público, el magistrado acuerda la transformación de la pieza separada en la que investigaba este delito "en procedimiento para el juicio ante el tribunal del jurado" respecto a Begoña Gómez, a su asesora Cristina Álvarez y también respecto al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

Peinado estima que "se puede colegir con las leyes de la lógica y de la empírica que se cumple con el requisito de la verosimilitud de los hechos, que hasta ahora, no podía determinarse de una forma concreta, y que pudiéramos encontrarnos ante indicios racionales, fundados y sólidos de la comisión de hechos delictivos. Por lo que no podía realizarse la trasformación de las diligencias previas en la incoación del procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado".

El juez considera que ahora sí que se existen esos indicios "racionales" como para dar el paso de incoar el procedimiento del tribunal de jurado y cita a los tres imputados este sábado a las 18 horas, como prevé la ley, para "concretar la imputación" contra ellos, según el auto, que puede ser recurrido. En ese acto del sábado, los investigados pueden formular alegaciones.

Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, en su artículo 24, que invoca el juez Peinado, indica que "tan pronto como de cualquier actuación procesal, resulte contra persona o personas determinadas la imputación de un delito, cuyo enjuiciamiento venga atribuido al Tribunal del Jurado, previa valoración de su verosimilitud, procederá el Juez de Instrucción a dictar resolución de incoación del procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado, cuya tramitación se acomodará a las disposiciones de esta Ley, practicando, en todo caso, aquellas actuaciones inaplazables a que hubiere lugar". 

El auto no especifica las imputaciones concretas que atribuye a Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Francisco Martín, sino que repasa de manera un tanto atropellada el recorrido de la pieza separada abierta por el delito de malversación por las labores de la asesora en asuntos relacionados con la cátedra que codirigía Gómez en la Universidad Complutense.

Reproches

Reprocha el magistrado que el pasado 10 de septiembre, en las comparecencias de Begoña Gómez y Cristina Álvarez, "ninguna de las dos investigadas, contestaron a pregunta alguna que le hubiera podido formular, bien, este instructor, o la representación de las acusaciones populares, e incluso el representante del Ministerio Fiscal, o cualquiera de los Letrados de la defensa, incluido el del otro investigado, hasta este momento en esta pieza separada, Francisco Martín Aguirre, que hubieran podido esgrimir argumentos en su descargo".

Continua Peinado indicando que Begoña Gómez contestó a su abogado defensor únicamente y que sus respuestas "no permiten ser tenidas en cuenta en sentido exculpatorio". La Audiencia de Madrid avaló esta investigación por malversación emprendida por el magistrado del Jugado de Instrucción 41 de Madrid, aunque el Tribunal Supremo rechazó la imputación del ministro Félix Bolaños en esta pieza separada por presunta malversación por la contratación de Cristina Álvarez. 

La Audiencia Provincial de Madrid aún tiene pendiente resolver varios recursos contra decisiones del juez Peinado, tanto en lo relativo a esta pieza separada de malversación, como a su investigación principal, que discurre al margen, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida.

El juez Peinado mantiene imputada desde hace un año y medio a Begoña Gómez en el marco de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva, que codirigió en la Universidad Complutense, a raíz de una denuncia de Manos Limpias basada en recortes de prensa.