La jueza del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid abre juicio oral contra el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por defraudar presuntamente a Hacienda 350.951 euros y servirse para ello de una trama de facturas falsas.

Los delitos por los que será juzgado el novio de Ayuso son dos delitos contra la Hacienda pública, falsedad en documento mercantil, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal; estos dos últimos ilícitos corresponden a las peticiones de la acusación popular, ejercida por Más Madrid y el PSOE, según el auto al que ha tenido acceso Público.

15 facturas falsas

"Con la finalidad de reducir la tributación por el Impuesto de Sociedades de dichos periodos se dedujo indebidamente gastos en virtud de las siguientes facturas giradas que no se corresponden con los servicios prestados (es decir, se trata de facturas falsas o falseadas)", consta en el auto de pase a procedimiento abreviado, donde además se achaca al novio de Ayuso la presentación de autoliquidaciones en los ejercicios 2020 y 2021 "no veraces". González Amador presentó 15 facturas falsas por gastos irreales por un montante de 1,7 millones de euros a través de varias mercantiles con el objetivo de evitarse pagar los 350.000 euros defraudados a Hacienda. 

Junto con Alberto González Amador, la jueza sienta en el banquillo a tres empresarios de Sevilla acusados de colaborar con él en la falsificación de facturas y en la perpetración de los delitos fiscales: los hermanos Agustín y José Miguel Carrillo y David Herrera. También imputa al supuesto testaferro mexicano Maximiliano Niederer. Como responsables civiles, el auto menciona una decena de empresas, entre las que destacan las de titularidad del novio de Ayuso, como Maxwell Cremona y Masterman, y las sociedades pantalla que usaron presuntamente los empresarios sevillanos.

El PSOE y Más Madrid solicitan para González Amador cinco años de prisión, más de los que reclaman la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que piden tres años y nueve meses de cárcel.   

El auto lo firma la jueza sustituta del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, que sustituye a la magistrada Inmaculada Iglesias, jubilada el pasado mes de agosto, hasta que tome posesión el nuevo juez designado para dicho juzgado, Antonio Viejo.