El Tribunal Supremo ha acordado, por unanimidad, mantener a Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado, al desestimar el recurso de una asociación de fiscales, la APIF, que pedía anular su nombramiento.

La Sala de lo Contencioso ha avanzado este martes su decisión de rechazar la pretensión de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y ratificar el nombramiento de García Ortiz como fiscal general del Estado, un día antes de que acuda a declarar, también ante el Supremo, como investigado por presunta revelación de secretos sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso y su causa por fraude fiscal.

Las fuentes consultadas inciden en que, indistintamente del fallo que se adoptara este martes, la causa contra García Ortiz por presunta revelación de secretos continuará en manos del Supremo. Ello, según explican, porque además de ser fiscal general es fiscal de Sala, cargo que también está aforado ante el alto tribunal.

La APIF, que además está personada como acusación popular contra el fiscal general en la causa del novio de Ayuso, defendía que García Ortiz no era "idóneo" para desempeñar "la jefatura de todos los fiscales de España" por sus actuaciones desde que fue elegido para el cargo. En una nota de prensa, emitida el pasado febrero y recogida por Europa Press, destacaba el hecho de que el Supremo anulase —al apreciar "desviación de poder"— la decisión de García Ortiz de nombrar fiscal de Sala a Dolores Delgado, su antecesora en el cargo.

Además, la asociación hacía hincapié en que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) exige que el candidato a fiscal general debe ser jurista de reconocido prestigio, un requisito que "si bien podría haber concurrido" en García Ortiz, "decae desde el momento que ha sido condenado por el Supremo" por "desviación de poder".

Subrayaba a su vez que en noviembre de 2023 el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dictó un acuerdo en el que concluía que no era idóneo para el cargo. La opinión del órgano era obligatoria para el trámite de nombramiento, pero no tenía carácter vinculante. Fue la primera vez que el Consejo se opuso a la designación de un fiscal general.

La AFIP quería "socavar" al Gobierno y "publicidad"

García Ortiz había pedido al tribunal que desestimase el recurso al considerar que la asociación solo intentaba "socavar" al Gobierno y conseguir "publicidad". En su escrito de conclusiones, presentado el pasado noviembre, la defensa del fiscal general acusaba a la APIF de basar su impugnación "única y exclusivamente en consideraciones de índole estrictamente subjetiva".

Su abogado sostenía que "lo que se pretende al interponer el recurso" es "que se inicie el proceso judicial, que el nombramiento esté durante varios meses en cuestión y que la asociación demandante obtenga 'publicidad' por medio de este procedimiento, que, según parece, no tiene por otros cauces, y 'socavar' al Gobierno (de turno) que efectúa el nombramiento, eso sí, de modo 'indirecto".

Al margen, el pasado mayo, el fiscal general pidió apartar a cuatro de los magistrados del Supremo que este martes han estudiado el recurso de la APIF. Alegó que eran los mismos que ya dijeron que había actuado con "desviación de poder" al proponer a Delgado como fiscal de sala.

El magistrado del Supremo a cargo de resolver dicha petición, Eduardo Calvo, acordó desestimarla al entender que García Ortiz la había presentado fuera del plazo contemplado por la ley.

"Sin necesidad de examinar la endeblez y escasa consistencia de la causa de recusación que se propone, baste señalar que, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 223.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, (...) la formulación de la recusación es extemporánea", concluyó.

IU pide que cese el 'lawfare' contra el Gobierno

El portavoz parlamentario de IU en el Congreso, Enrique Santiago, ha reclamado que se ponga fin a la "guerra judicial" contra el Gobierno y los intentos con fines políticos de "fulminar" al fiscal general del Estado.

Santiago ha manifestado su confianza en que el alto tribunal iba a ratificar que el nombramiento de García Ortiz se hizo "conforme a derecho", como todos los que se han hecho a lo largo de la democracia, y la idoneidad para el cargo.

A su juicio, la impugnación cursada por la APIF tenía un "claro sesgo político" y ha denunciado la situación "muy grave" de "política de acoso" y "guerra jurídica" contra una institución del Estado, como es la Fiscalía General.

Una operación que, bajo su criterio, se ha emprendido cuando se "ha tocado a otra persona del ámbito familiar" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, concretamente su pareja Alberto González Amador, cuando se ha investigado por sus supuestos "hechos ilegales".