Este artículo se publicó hace 2 años.
Unidas Podemos busca un revulsivo en la agenda social y el compromiso de Sánchez con un cierre progresista de la legislatura
El grupo confederal lleva este martes al Congreso su propuesta fiscal, que incluye un impuesto a los ricos. El PSOE votará en contra de una medida que impulsa su socio de Gobierno y apoya el bloque de la investidura. Los de Ione Belarra también piden prorrogar el escudo social hasta el final del año y ampliarlo con mejores pensiones mínimas y ayudas al transporte.
Madrid-
Unidas Podemos quiere marcar el paso de la agenda social del Gobierno y en el espacio confederal saben que eso pasa por marcarle el paso al socio mayoritario de la coalición, el PSOE. Desde hace unos meses, en UP se traslada que es necesario que el Ejecutivo apueste por una agenda progresista "valiente", como vía para combatir a la ultraderecha y para poner en valor un modelo basado en ejes como el feminismo, el ecologismo y el refuerzo del Estado del bienestar.
Esta apuesta se redobló tras las elecciones de febrero en Castilla y León, que dieron lugar al primer gobierno de coalición entre el PP y Vox en el Estado. Conscientes de que la legislatura ha entrado en su fase definitiva y de que su cierre va a estar precedido de un ciclo electoral que comienza en apenas dos semanas en Andalucía, Unidas Podemos cree que el Ejecutivo debe echar el resto para diferenciarse de la derecha con políticas sociales.
La agenda de esta semana es un claro ejemplo de cuál es la estrategia, al menos la de Podemos, para tratar de arrastrar al PSOE hacia esa apuesta progresista que, piensan en la formación morada, será crucial para combatir una ola reaccionaria muy activa durante las próximas citas electorales.
Este lunes, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, lanzaba un mensaje en sus redes sociales pidiendo al socio mayoritario del Ejecutivo la prórroga del denominado decreto anticrisis hasta el final del año y la inclusión de nuevas medidas de protección social en la norma.
La semana pasada, desde el departamento de Belarra se anunció esta propuesta, que incluía medidas como un aumento del 15% de las pensiones no contributivas (para hacer frente a la inflación); un abono de transporte público de 10 euros en todos los territorios (financiado a través de un fondo de ayuda a comunidades y ayuntamientos de 560 millones); y la extensión y mejora del bono social eléctrico para que pueda alcanzar a dos millones de familias vulnerables.
Este lunes, además del mensaje de Belarra, desde Derechos Sociales se informaba de que la parte socialista del Ejecutivo (tanto los ministerios competentes en las distintas materias como Presidencia del Gobierno) ya había recibido la propuesta.
También este lunes, desde la rueda de prensa posterior a la reunión de la dirección del partido, en Podemos pedían el desbloqueo "urgente" de dos medidas que son compromisos clave del acuerdo de coalición progresista: la derogación de la ley mordaza y la tramitación de la ley de vivienda, que incluye la limitación de los alquileres en las denominadas zonas de mercado tensionado.
Un adelanto de la "batalla fiscal" en el Congreso
Son dos de las normas que más tiempo llevan enquistadas y a las que más les ha costado avanzar (primero en el Gobierno, en el caso de la ley de vivienda, y ahora en el Congreso).
Estas leyes no son solo dos refuerzos que apuntalan la denominada agenda progresista, sino que para Podemos representan dos oportunidades de volver a acercar al Ejecutivo a sus socios de investidura, después de crisis como el espionaje de 'Pegasus' o la votación de la ley audiovisual (que también rompió por vez primera la unidad de voto del PSOE y de Unidas Podemos en una medida procedente del Consejo de Ministros tras introducir los de Pedro Sánchez una enmienda que alejaba a sus socios y también al espacio confederal).
El revulsivo que quiere dar Podemos a la agenda social no termina ahí. Este martes, Unidas Podemos llevará al Congreso su propuesta de reforma fiscal que, entre otras medidas, incluye un impuesto a las grandes fortunas (que grava más a patrimonios superiores a los diez millones de euros).
La de la reforma fiscal será una de las batallas más importantes de este final de legislatura, aunque no se espera que se libre realmente hasta después del verano, cuando los de Sánchez y el espacio confederal se sentarán a negociar los Presupuestos Generales del Estado de 2023.
Sin embargo, la iniciativa que UP lleva al Parlamento este martes servirá para fijar posiciones y, también, para que todos los actores se retraten. Está previsto que prácticamente todos los socios del bloque de la investidura den su apoyo a la proposición del grupo confederal; mientras que, según ha podido saber Público, el PSOE votará en contra de esta reforma fiscal, informa Miguel Muñoz.
La estrategia para devolver la denominada agenda social al eje central de las políticas del Gobierno de coalición ya está en marcha, y en Unidas Podemos quieren que el PSOE también la siga, "que nos siga el ritmo y pise el acelerador de las medidas sociales", trasladan desde la formación morada.
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