Unidos Podemos busca cambiar la ley para acabar con el carácter reservado de los datos e informes fiscales de aquellas personas con responsabilidad pública que hubieran participado en procesos de regularización especiales o en una amnistía fiscal, sin descartar a priori a miembros de la Familia Real como el rey Juan Carlos I.

Así, el grupo confederal ha introducido una enmienda a la trasposición de la directiva europea de prevención del blanqueo de capitales, que, de aprobarse, permitiría conocer qué altos cargos se han acogido a la amnistía fiscal y la publicación de datos e informes "con relevancia tributaria".

Estos documentos podrían publicarse cuando estas personas con responsabilidad pública "hayan sido parte directa o indirecta, en procedimientos regularización especial o amnistía tributaria por ingresos, rentas, bienes, derechos u obligaciones no declaradas, así como en aquellas autoliquidaciones extemporáneas sin requerimiento previo por bienes o rentas originadas en el extranjero".

Asimismo, según esta enmienda, también podría ser objeto de publicación la regularización de bienes o derechos en el extranjero de personas con responsabilidad pública, cuando la misma haya sido resultado de un procedimiento de comprobación o inspección tributaria.

Personas son responsabilidad pública

Las personas cuyos datos fiscales relevantes quiere desvelar Unidos Podemos en caso de haber participado en una amnistía fiscal se recogen en la propia trasposición que tramita el Congreso, que incluye jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros u otros miembros de Gobierno, o parlamentarios, entre otros.

También se consideran personas con responsabilidad pública los magistrados de tribunales supremos, constitucionales u otras altas instancias judiciales, sus equivalentes en la Fiscalía, tribunales de cuentas, consejeros de bancos centrales, embajadores, alto personal de las Fuerzas Armadas, miembros del consejo de administración de una organización internacional.

Este grupo de personas, según la trasposición sobre blanqueo de capitales, también incluye toda persona considerada como alto cargo por la Ley de 2015 que regula los altos cargos de la Administración General del Estado, presidentes y consejeros autonómicos o personas que hayan ejercido como tal, alcaldes, concejales y cargos de alta dirección en organizaciones sindicales o empresariales.

Por último, la ley incluye a cargos de alta dirección de partidos políticos con representación parlamentaria, pero Unidos Podemos busca con su enmienda que también afecte a cargos de alta dirección y patronos de fundaciones, asociaciones o cualquier tipo de entidades que estén vinculados directa o indirectamente a partidos políticos con representación parlamentaria.