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ExclusivaLas cloacas de Interior

Villarejo creaba problemas de "espanto" a sus clientes para seguir cobrándoles 

Francisco González, ex presidente del BBVA; los navieros Pérez Maura, o los dueños de la lujosa urbanización La Finca y de la promotora Procisa contrataron a los comisarios Villarejo, García Castaño y Salamanca porque tenían problemas con la justicia. El 'lobby de socorristas' del Ministerio del Interior aparecían en el momento justo y si los clientes ya no tenían problemas, había que "currarse el espanto”. Esto es: “Advertir al cliente” de la existencia de continuas y sucesivas informaciones perjudiciales (verdaderas o falsas) junto con la amenaza de su publicación o judicialización.

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Los comisarios Salamanca y Villarejo, con sus respectivas esposas, cuando el ministro Fernández Díaz les impuso la medalla roja, en 2012.

Cuando Susana García Cereceda es detenida y preguntada por los motivos de su interacción con el excomisario, desde al menos enero 2012 hasta marzo del año 2014, responde que contrata a José Manuel Villarejo para el recurso contra la letal sentencia del Juzgado 1 de Pozuelo de 1 de diciembre de 2011 que puso a Procisa al borde del concurso de acreedores, como desvelamos en Público

Sobre los supuestos trabajos de Villarejo con relación a personas de su familia, y que éste denominó “Proyecto Land” (palabra inglesa que puede traducirse como “finca”), afirmó que surgieron de forma “colateral” porque ella estaba “muy preocupada por su hermana” [Yolanda García Cereceda] y porque, luego, Villarejo “descubrió" que Silvia Gómez Cuétara (viuda de su padre) “había encargado un informe de investigación a la agencia de Método 3 sobre su persona y familia”.

Efectivamente, la siguiente propuesta de servicios que presenta el 'lobby de socorristas" del Ministerio del Interior -encabezados por Villarejo pero que a lo largo de la causa Tándem le solían acompañar también los comisarios Enrique García Castaño y Carlos Salamanca- fue para monitorizar y averiguar la validez del matrimonio de Yolanda García Cereceda con Jaime Ostos; para luego seguir con sugerencias para "neutralizar" a la viuda del dueño de La Finca, Silvia Gómez Cuétara, o al hijo de Juan Torres,  el arquitecto de La Finca y de celebridades Joaquín Torres

El cebo: Silvia Gómez Cuétara y Joaquín Torres

Joaquín Torres fue deshauciado de su lujosa vivienda de La Finca el 14 diciembre 2012 por impago del alquiler del inmueble. Encontrándose en situación pre-concursal (solicitó el concurso en 2013 y fue admitido el 15 de enero de 2014),  Torres demandó en 2013 a sus clientes, entre ellos Procisa (siendo  herederas de la empresa Susana y Yolanda García Cereceda ) en concepto de honorarios contratados verbalmente y en vida de Luis García Cereceda. En total, pedía poco más de medio millón de euros, en contra de los “9 ó 10 millones de euros” que publicitaba en televisión y la prensa que le dio voz. En esos medios enseñaba de “prueba” un burofax enviado por él a Procisa.

Tras el “informe” sobre Torres, Villarejo ametralla a Susana García Cereceda con una decena más en los que va deslizando una “espiral de informaciones perjudiciales” (en ocasiones se leen amenazas directas) de las que ha tenido conocimiento a través de “fuentes fiables”. Por ejemplo, advierte de que estas informaciones están en poder de la viuda de su padre Silvia Gómez Cuetara. Villarejo les avisa de que ésta hace equipo con Torres y que dichas informaciones, falsas o ciertas, van a ser utilizadas judicial o mediáticamente (la publicidad negativa ahuyentaría a posibles re-financiadores e inversores de Procisa). 

Para rematar, menciona la posibilidad de que estas peligrosas informaciones caigan en manos de Ausbanc y Manos Limpias, con quien Villarejo mantenía estrechas relaciones y de quienes llega a decir, ya en 2013, que funcionan en equipo. El comisario se ofrece a “monitorizar” y “neutralizar” todos esos“peligros”, indicando que por ello no se altera el presupuesto inicial de 275.000 euros.

Vivienda unifamiliar de la urbanización de lujo La Finca, de la inmobiliaria Procisa.

En sus informes insiste una y otra vez en las relaciones con la prensa de Torres -que coinciden con las del excomisario-, así como en los contactos con abogados de ambos (el primer marido de Silvia Gómez Cuétara es Ramón Hermosilla de Ramón Hermosilla Abogados, hoy denominado bufete ONTIER).

A medida que la espiral de “informaciones perjudiciales” de las que el comisario “se siente obligado” a informar son desmontadas por Susana García Cerceda, Villarejo las atribuye a una estrategia de su madrastra que él define como “currarse el espanto” para amedrentarla y obligarla a negociar.

La tormenta perfecta o espiral de amenazas termina mágicamente en marzo 2014, mismo mes en el que Procisa firma un lucrativo acuerdo para GILMAR, la agencia inmobiliaria de la familia Gil Marín, consistente en la comercialización conjunta, a través de una nueva sociedad al 50%, del área residencial de La Finca constituida por 99 activos entre parcelas y chalés. Hasta entonces, Procisa trabajaba con varias agencias inmobiliarias. La expectativa de comisiones de comercialización para Gilmar no era pequeña, si se tiene en cuenta que los activos de La Finca se venden a una media de 4 a 6 millones de euros.

La espiral de “espantos” y el “informe” de “Método 3

Villarejo insiste en que la viuda del padre, Silvia Gómez Cuétara, ha contratado a través de sus abogados del bufete Mavens un informe de la agencia de detectives Método 3 con supuesta información perjudicial para Procisa y sus accionistas, por la astronómica cifra de 1.485.000 euros. La contratación del informe es confirmada por Gómez Cuétara en su declaración, aunque atribuye a Mavens la iniciativa. 

El informe en cuestión, anexado por Villarejo a un “informe Land” es, en esencia, un popurrí de datos públicos, pero contados de forma dramática con mucha jerga técnica financiera. Todos los datos, estructuras off shore disueltas en 2009, operaciones corporativas de 2006 a 2009 e, incluso, los que ofrece sobre cantidades retiradas por los accionistas de 2003 a 2007 sin tributar por el IRPF, eran públicos, antiguos y sabidos y, además, en el caso del IRPF, judicializado por la Agencia Tributaria desde 2009 por lo contencioso y penal y con resoluciones judiciales públicas en 2012 que describían los hechos con las mismas palabras. 

Lo único que no era público, pero falso, era una frase insertada entre párrafos acerca de una cuenta suiza en el BNP con 265 millones de euros, que se habrían hurtado al reparto de la herencia. Susana, tras consultar con los albaceas, les dice que la cuenta existe, pero con 4.000 euros de descubierto y que, además, saldo y movimientos fueron revisados por Hacienda.

Susana García-Cereceda, de La Finca. E.P.

Sin descorazonarse, Villarejo introduce seguidamente que existe otro informe en curso sobre una hipotética recalificación ilícita de la finca La Pellejera en Brunete donde Procisa, habría obtenido “plusvalías millonarias”. Pero Susana responde que la finca en cuestión nunca fue recalificada y que Procisa solo vendió terrenos rústicos. 

Tras el verano de 2013, Villarejo y su socio Rafael Redondo vuelven a la carga, esta vez con supuestas gestiones de una “prima” calígrafa de Silvia Gómez Cuétara, llamada Silvia Novoa Valentín y que probaría la “falsificación de las firmas del testamento” basándose en las largas conversaciones telefónicas que mantienen.  La calígrafa también participó en otro de los casos estrella que pasaron por manos de Villarejo según lo solicitado por la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y por su marido, Ignacio López del Hierro: los papeles de Bárcenas. La “prima”, en realidad, es la madre de Silvia Gómez Cuétara, siendo extraño que Susana, en las reuniones, según transcribe la Policía, no comente nada sobre el parentesco.

De septiembre hasta marzo 2014, Villarejo retoma el asunto de Yolanda García Cereceda, que había sido incapacitada en 2011, y Jaime Ostos. Primero les va con el “notición” de que acuden a una “afamada” clínica de fertilidad y luego se centra en la validez de su matrimonio (primero les dice que el matrimonio no está registrado y luego que sí) coincidiendo con el momento en que Jaime Ostos solicita la remoción de la tutela de Yolanda a AFAL FUTURO, la entidad que el juzgado 65 designó para atender a Yolanda. Finalmente, AFAL renunció a la tutela y ésta pasó a la Comunidad de Madrid. Apoyando a Yolanda y Ostos estaba Manos Limpias.

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