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ExclusivaLas cloacas de Interior

Los dueños de La Finca se reunieron con jueces y generales tras contratar a Villarejo para eludir una condena

El juez García Castellón y la Fiscalía apuntan a que Susana García Cereceda, Francisco Peñalver y David Fernández Aumente  -presidenta, consejero delegado y asesor externo de Seguridad del grupo inmobiliario Procisa-, propietarios de la urbanización de lujo y parque empresarial La Finca (Madrid), contrataron al comisario José Villarejo, entonces en activo, para influir en la justicia por un pleito de 34 millones de euros que haría quebrar la empresa. 

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Susana García Cereceda, de La Finca. E.P.

El 26 de noviembre de 2013, el entonces asesor externo del grupo inmobiliario Procisa, David Fernández Aumente, se reúne con el comisario José Manuel Villarejo después de despedirse ambos de sus clientes y dueños de la lujosa urbanización La Finca (Madrid). Fernández Aumente es ahora el jefe de Seguridad de éstos.

Se alegran del buen trabajo realizado en el último año. Faltan dos días para que la Audiencia Provincial dicte una sentencia más acorde a las necesidades de Susana García Cereceda y su socio Francisco Peñalver, presidenta y consejero del grupo inmobiliario Procisa (el de La Finca), en un pleito en el que la citada empresa se jugaba 34 millones de euros. Este dinero podía suponer su quiebra. 

Así consta en el sumario de la pieza Land, la número tres de la causa Tándem que instruye la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, y que indaga en los verdaderos motivos por los que Procisa, entonces bajo el control de Susana García Cereceda (presidenta) y Francisco Peñalver (consejero delegado), pagó a Villarejo un mínimo de 18.500 euros más IVA en 2012 y otros 275.000 euros más IVA entre mayo y diciembre de 2013.

"Comer con generales de la Guardia Civil, Policía, jueces de la Audiencia... y eso a través mía"

Villarejo le comenta ese 26 de noviembre a Fernández Aumente, según un audio que consta en el sumario y al que ha tenido acceso Público, lo contenta que se ha quedado Susana García Cereceda y las veces que le ha dado las gracias por el trabajo realizado, a lo que David Fernández Aumente responde que espera que les valoren, porque gracias a él, se sientan a comer con jueces de la Audiencia. Faltaban sólo dos días para que les notificaran una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que echaba abajo otra del juzgado número 1 de Pozuelo de Alarcón, que les condenaba a pagar 34 millones de euros a tres empresas por un pleito por unas parcelas. 

En concreto, Fernández Aumente, que entonces era asesor externo y puntual del grupo Procisa, asegura que gracias a él y a Villarejo, los clientes "se han permitido comer con generales de la Guardia Civil, de la Policía y con jueces de la Audiencia", como se transcribe a continuación: 

Villarejo: Pero David, lo que estaba contando es que hemos pasado de ciertos niveles, ¿no?
David: Exactamente. ¿Entonces qué han visto? Que en un principio, estos, cuando te los presenté, estaban un poco despistados. Luego, tienen unas cosas que en su puta vida han visto. Se han permitido [ininteligible] de... comer con generales de la Guardia Civil, que pedimos una cosa nosequé, con... [ininteligible] ... de la Policía, con jueces de la Audiencia, y eso, a través mía, ¿no? [se refiere a que gracias a que ha presentado a Villarejo a García Cereceda y Fernández Aumente]
Villarejo: Claro, claro.

El encargo al que se refieren Fernández Aumente y Villarejo tiene su inicio en los primeros días de enero 2012 y se prolonga hasta finales de 2016. Además, discurre en paralelo al desarrollo de dos procedimientos judiciales clave para Procisa y sus accionistas. Uno se refería a un proceso fiscal con riesgo de prisión contra los accionistas por fraude en el IRPF, que estaba abierto por vía contenciosa y penal, y otro, a un antiguo pleito cuyo origen está en 1994, por la venta por parte de Explosivos Río Tinto (hoy Ercros) de las mismas parcelas a Procisa y al grupo conformado por Hogar Util S.L., Cadbe S.L. y Constructora de Viviendas Unifamiliares S.L.

La sentencia de instancia del Juzgado 1 de Pozuelo de Alarcón obligaba a Procisa a restituir las parcelas en su valor económico (en dinero y no con otras parcelas de aprovechamiento equivalente) a las empresas Hogar Útil, Cadbe y Constructora de Viviendas Unifamiliares. Fue en el peor momento, porque con la entonces falta de liquidez de Procisa, un pago en dinero de 34 millones la enviaba directamente a un concurso de acreedores, arruinando cualquier oportunidad de refinanciación. En las fechas de la contratación a Villarejo por Procisa, este grupo interpuso un recurso ante la Audiencia Provincial y los pagos al comisario terminaron tras el fallo: podía pagar en parcelas.

El excomisario Villarejo y una vivienda de la urbanización de lujo La Finca, de la inmobiliaria Procisa. / EFE

"Nos podía poner en una situación de concurso. Un pleito muy importante. Y era a ver cómo se pagaba".

De que el motivo principal de la contratación de Villarejo por Procisa fue este recurso, caben pocas dudas. De un lado, se le contrata en el mismo espacio temporal de la interposición del mismo, tal como acreditan dos informes sobre las empresas litigantes incautados en el registro de fecha de 14 enero 2012, cuya portada informa de que la fecha del encargo había sido el 9 de enero 2012. Hay que añadir la fecha de la primera factura (10 de enero), de 18.500 euros más IVA.

Así también lo declara Susana Garcia Cereceda dos veces, primero ante la Unidad de Asuntos Internos de la Policía cuando es detenida y después en el juzgado, respondiendo al juez y los fiscales, y tal y como puede escucharse en este audio.

(El fiscal Stampa le acaba de enseñar el informe sobre la juez de Pozuelo de Alarcón encontrado en su despacho y preguntado si las anotaciones manuscritas son suyas)
Fiscal: La pregunta es simplemente si ella reconoce su letra ahí
Susana: Sí, es mi letra
Fiscal: A ver si puede y por dentro… anotaciones de si tiene más o menos hijos… la magistrada. Sí son suyas
Susana: Es mi letra desde luego, es mi letra todo.
Fiscal: Vale, er…
Susana: LAS PARCELAS y efectivamente van a ver que nos urgía, porque es que... 
Juez al fondo [ininteligible]
Susana: Nos podía poner en una situación DE CONCURSO. Estamos hablando de un pleito muy importante. Y era a ver cómo se pagaba. Y yo no sabía cómo [ininteligible] Causaba un daño irreparable
Fiscal: [No la ha escuchado, Susana habla bajo y dirigiéndose al juez] ...errr, al margen de la existencia o no del matrimonio o no de su hermana, lo que les encargó a estos señores, ¿guarda alguna relación con la herencia familiar?

En las transcripciones (muchas no son literales, sino resúmenes ) de las conversaciones seleccionadas por la unidad policial para esta pieza Land, hay una frase de un resumen de una conversación mantenida tras el fallo de la Audiencia Provincial en la que el agente policial escribe "continúan hablando de la casación". Esto es, un recurso de casación ante el Supremo, que se realiza justo después de la fallo de la Audiencia Provincial. A esto hay que añadir que Rafael Redondo, socio de Villarejo en el grupo Cenyt, reubicó los audios referidos a Land que estaban en su poder en una carpeta informática creada en 2016 titulada "Proyectos finalizados". Y en febrero de 2016 es cuando falla el Supremo confirmando a la Audiencia Provincial.

El tipo de "servicios" prestados

En cuanto a la naturaleza del encargo, y aunque Susana García Cereceda y el consejero delegado de Procisa insisten en que todas las facturas se corresponden con los informes de 14 de enero de 2012, existen indicios de que la misión de Villarejo con respecto de este recurso no solo fue cobrar por “hacer informes”.

Al tiempo que Procisa ponía el recurso contra la sentencia de 1 de diciembre de 2011, contrata a Villarejo (9 de enero de 2012), quien al día siguiente emite una primera factura por 18.500 euros más IVA y el día 14, entrega un informe de 38 paginas con datos básicos, públicos y simples de las empresas litigantes y un breve perfil de la juez Mónica Gómez Ferrer para valorar las posibilidades de recusarla.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, en una foto de archivo. EFE

El calendario de facturación de Villarejo a Procisa coincide con la tramitación por parte de ésta del recurso ante la Audiencia Provincial contra el letal fallo de la sentencia de 1 de diciembre de 2011 del Juzgado 1 de Pozuelo de Alarcón, cuya titular era la magistrada Mónica Gómez Ferrer. Ésta, como se ha explicado arriba, obligaba a ceder las parcelas a  HOGAR UTIL S.L., CADBE S.L. y CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES S.L, pero por su valor en dinero (34,7 millones de euros), alegando que las parcelas en causa ya habían sido aportadas a una Junta de Compensación. La obligación de restitución en efectivo, con Procisa muy castigada por la crisis, era riesgo directo de concurso de acreedores y en consecuencia arruinaba su plan de refinanciación y reestructuración .

La última factura es de 2013 y se emite justo tras el fallo de la Audiencia Provincial, que se produce el 28 de noviembre de 2013 y estima parcialmente el recurso: mantiene la obligación de restitución de parcelas, pero permitió a Procisa entregar parcelas con aprovechamiento equivalente. La decisión salvó a la compañía del concurso siendo confirmada por el Supremo en febrero de 2016.

A pesar del contenido de nueve de los diez "informes", la veintena de "notas informativas" (formato para investigaciones policiales) que Villarejo produjo y entregó a sus "clientes"  y las transcripciones de los audios seleccionados por unidad policial del comisario Francisco Migueláñez -que hablan de trabajos de "espionaje" y "neutralización" de supuestas maniobras del marido de la hermana de Susana García Cereceda y de Silvia Gómez Cuétara, viuda de su padre-, son múltiples los indicios que apuntan a este otro encargo a Villarejo, como principal y anterior al publicitado como “Proyecto Land” y que éste enmascara. 

Además, no son creíbles las cantidades pagadas por los informes. El de 2012, con un total de 38 páginas es una mera sucesión de datos públicos y conclusiones simplistas, por las que cobra en una primera factura 18.500 más IVA. Toda la información es pública, salvo quizás los datos acerca del domicilio y el cónyuge de la magistrada, que pueden haber sido obtenidos mediante una consulta a la base de datos del DNI de la que se ha servido Villarejo para confeccionar otros informes, darles apariencia de realidad y así justificar su interacción con el cliente.

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