Después de una treintena de sesiones, desde el pasado 5 de junio, ha finalizado este viernes el juicio contra el juez jubilado Manuel Penalva, extitular del Juzgado de Instrucción 12 de Palma, el fiscal jubilado Miguel Ángel Subirán y cuatro agentes de Blanqueo de la Policía Nacional, que investigaron la causa Cursach, sobre la 'mafia' policial que pivotaba alrededor del emporio del magnate de la noche de Mallorca, Bartolomé Cursach.

El caso Cursach acabó en noviembre de 2022 en la absolución de los 24 acusados, policías y directivos del Grupo Cursach, en un sorprendente viraje del fiscal Anticorrupción Tomás Herranz, que retiró todos los cargos y acabó al borde del llanto al pedir perdón a Cursach y al resto de los acusados por la "injusticia" que sufrieron. "El cambio de la Fiscalía supone un intento mínimo de reparar el daño producido", dijo entonces Herranz. 

Y precisamente de ese contexto hay que partir para entender las claves del juicio contra los investigadores del caso Cursach, que se enfrentan a largas penas de prisión --entre todos rondan los 600 años-- por presuntas irregularidades en aquella investigación. El fiscal, el citado Herranz, ha recurrido, entre menciones a Sócrates y a los nazis, a una supuesta teoría del mal para explicar el posible móvil por el que los seis acusados se habrían puesto de acuerdo para detener "arbitrariamente" a sospechosos, filtrar informaciones del sumario al Diario de Mallorca y coaccionar a testigos. 

Un grupo maligno, según el fiscal

Tomás Herranz ha aludido a la "psicología de masas" y al "sesgo de grupo", mencionando lo que les ocurrió a los alemanes de la Alemania nazi, para afirmar que los acusados "se animaban unos a otros y ninguno se atrevía a cuestionar al juez y el fiscal". 

Un juez y un fiscal, Penalva y Subirán que jamás tuvieron una mancha en su historial profesional y que tuvieron que jubilarse anticipadamente por el daño a su salud psíquica que les provocaron todas las presiones y amenazas que recibieron durante la investigación, incluidos el asalto a sus domicilios y la agresión física, y que pese a denunciarlo jamás fue investigado. 

Un contexto de miedo y de sicarios

Y esto es crucial, porque si algo marcó la investigación del caso Cursach fue el miedo: testigos que recibieron palizas de sicarios, testigos que fueron amedrentados hasta acabar retractándose de sus declaraciones inculpatorias hacia policías y políticos que eran presuntamente obsequiados con fiestas sexuales, con droga y mujeres prostituidas. Hechos que ocurrieron presuntamente en los locales de Cursach, según apuntaron en su día esos testigos y que está plasmado en la agenda de un prostíbulo, aportada a la causa. 

Todo eso ha sido desdeñado por la Fiscalía, para quien los acusados, Penalva, Subirán y los policías José Luis García Reguera, Blanca Ruiz, Miguel Ángel Blanco e Iván Bandera, son culpables de revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos, detención ilegal, obstrucción a la justicia y prevaricación. Para Herranz, ellos urdieron un plan para ir contra la cúpula del PP balear, entre otros objetivos, llevándose a quien fuera por delante. 

Sobre el miedo, Penalva ha dicho este viernes en su turno de última palabra que está condenado a vivir con él lo que le queda de vida y ha recordado que desde 2018 hay dos sicarios que recibieron el encargo de eliminarle a él y a Subirán, sin que conste ninguna investigación al respecto. 

Miguel Ángel Subirán, por su parte, ha incidido en "el miedo que rodeó a los testigos en la instrucción del caso Cursach: Era imposible que un testigo dijera o pronunciara la palabra 'Cursach'" y ha relatado los episodios que sufrió él mismo: "Una vez me pusieron de rodillas y me escupieron", en relación a una agresión que sufrió en Palma y que denunció.

Se espió a periodistas para acabar con el juez y el fiscal

El origen de la causa contra el juez y el fiscal de 'Cursach' se remonta a 2018, cuando con la excusa de investigar el origen de las supuestas filtraciones del sumario de Cursach a la prensa, en concreto sobre un informe económico del Grupo Cursach, se autorizó por parte del juez Florit, que había sustituido a Penalva en el juzgado de instrucción 12, cuando este fue apartado, el espionaje a dos periodistas de Palma: Francisco Mestre, de Diario de Mallorca, y Blanca Pou, de Europa Press. 

Tras la interceptación de las comunicaciones de Mestre y Pau, se les intervino los móviles y los ordenadores; y al analizar el contenido de los dispositivos, los policías terminaron por identificar alguna llamada entre estos y los policías de Blanqueo y el fiscal. Nada anormal en el periodismo de investigación. Pero el hallazgo sirvió para detener a uno de aquellos agentes, al que se le incautó su propio móvil y a raíz de ahí los policías localizaron un chat de WhatsApp, bautizado como Chat Sancus, donde los agentes de Blanqueo comentaban cuestiones del caso con el fiscal y el juez. 

El tono en dicho grupo muchas veces era grosero para con los investigados, o incluso "bravucón", cuentan fuentes jurídicas, pero, al fin y al cabo, se trataba de un chat privado, como ha hecho hincapié este viernes el letrado Pedro Horrach, defensor del subinspector de Blanqueo Miguel Ángel Blanco. Sin embargo, el contenido del chat sirvió para armar las acusaciones de filtraciones y coacciones contra los investigadores. 

Será en la sentencia, que podría estar lista en dos o tres semanas, cuando se sepa si los magistrados han decidido declarar nulas todas las pruebas que proceden del espionaje a los periodistas. El tribunal declaró, al comienzo del juicio, nulos solo los mensajes referidos a las filtraciones a la prensa;  sobre el resto se tendrá que pronunciar en el fallo judicial.  

En caso de que el tribunal declare inválidas todas las pruebas, el juicio podría declararse nulo. Penalva y Subirán han pedido que se les declare inocentes en función de lo expuesto en la vista y no por cuestiones formales. 

Según la tesis de la Fiscalía, los mensajes mostrarían un ánimo de coaccionar a los testigos para que declararan en contra del magnate de la noche mallorquina Bartolomé Cursach y el resto de acusados. También para probar que el caso ORA, sobre el amaño del concurso del aparcamiento de Palma, fue inducido por los acusados. 

Por el juicio han desfilado media docena de periodistas de Palma, incluido Francisco Mestre y Blanca Pou, que han desmentido que los acusados les filtraran datos. 

El papel del fiscal

El juicio ha estado marcado por el papel del fiscal Tomás Herranz, más que por las 16 acusaciones particulares, entre las que estaba Bartolomé Cursach. Al principio de la vista, el juez jubilado Penalva ya lanzó un aviso para navegantes cuando recordó que la investigación de su juzgado había puesto de manifiesto que la Patrulla Verde de la Policía Local de Palma, un grupo dedicado a controlar el aforo de los locales nocturnos, era el "brazo armado de la organización criminal del señor Cursach y del señor Pascual, el de Pavisa [otro grupo de ocio en Mallorca]. Estos son los mismos policías a los que usted entre lágrimas les pidió perdón", reprochó Penalva a Herranz. 

A partir de ahí, el fiscal Herranz no ha dejado pasar la oportunidad para criticar en especial a Penalva. Por ejemplo, dijo de él que "ni ponderaba prudentemente ni decidía imparcialmente" y que "tomaba las decisiones incluso antes de que se produjeran determinadas declaraciones", en relación a la detención de nueve personas en el caso ORA. 

El "error" del juez Penalva

Este viernes, Penalva ha confesado un error involuntario. Cuando una testigo de cargo, la llamada 'Madame', sufrió una agresión para que se retractara de su declaración, que perjudicaba a Cursach, "yo hice lo que me salió del corazón y le mandé unos 'whatsApps': "No te preocupes, cogeremos a esos hijos de puta". Creo que me equivoqué, fallé a las víctimas-- ha dicho Penalva, en un alarde de humildad--, a las auténticas víctimas que hemos visto sufrir mucho, acabar prácticamente con sus vidas. A esos les fallé, por mi torpeza me apartaron del procedimiento y la cosa acabó como sabemos".

También se ha referido a los mandos policiales, una pata esencial de todo el procedimiento contra él y el resto de investigadores de Cursach.  "Se ha querido vender que era una investigación contra toda la Policía Local de Palma, no es verdad, hay grandes profesionales. Pero es verdad que no merece algunos mandos que tiene".

'Los Juanes' armaron las acusaciones

El comisario Juan Márquez, de la Jefatura Superior de Policía de Palma, y el inspector Juan Palomo, del mismo cuerpo, conocidos popularmente como 'los Juanes', han sido fundamentales en la causa contra los investigadores de Cursach. Ellos armaron las acusaciones a través de varios informes, que acabaron por convencer al juez Florit, por ejemplo, de la necesidad de espiar a los periodistas. 

Sus declaraciones en el juicio han sido, cuanto menos, carentes de solvencia, a tenor de la falta de explicaciones, de las dudas y las especulaciones. Por ejemplo, respecto al informe de 2019 que inició esta causa obviaron incluir los testimonios de las personas que fueron detenidas en el caso ORA y que negaron haber recibido presiones o coacciones por parte de Penalva, Subirán y los cuatro policías de Blanqueo.

"Tuvieron que hacer constar en las diligencias las personas que niegan coacciones, ¿sí o no?", preguntó el letrado de Penalva y Subirán, Javier Barinaga a Márquez y este reconoció que debió ser así pero que no recordaba si llegaron a llamar a esas personas. 

En otro momento de su declaración, el comisario Juan Márquez no supo qué responder cuando Barinaga le hizo ver que una filtración que él atribuye a los agentes Blanca Ruiz e Iván Bandera nunca llegó a producirse porque el hecho en sí no existió. Se refería a la filtración de la declaración de un testigo, conocido como 'el Ico',  mientras estuvo en prisión. "Nunca se le tomó declaración en la cárcel", incidió el letrado.