La Vicepresidencia de Derechos Sociales propone, en el marco de la nueva Ley de Vivienda, que los grandes propietarios de inmuebles destinen el 30% de sus viviendas a alquiler social, una medida que ayudará a poner fin a la "emergencia habitacional" en España al aumentar en pocos meses el parque público entre 140.000 y 150.000 viviendas.

Así lo ha indicado la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, durante su comparecencia en la comisión mixta para la coordinación y seguimiento de la estrategia española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Belarra ha argumentado que los Objetivos de Desarrollo Sostenible implican también proteger el derecho a la vivienda, como recoge el artículo 47 de la Constitución, y para ello se necesita elaborar una ley estatal que "ataje de una vez por todas la desprotección que vive el conjunto de la ciudadanía frente a un sector inmobiliario que genera cada año pingües beneficios".

"Necesitamos una Ley de Vivienda que corresponsabilice al sector inmobiliario, al sector privado, en la garantía del derecho a la vivienda y le comprometa a cumplir con la función social que tiene que tener necesariamente la vivienda. Para ello es imprescindible que los grandes tenedores de vivienda, por ejemplo, pongan a disposición de las administraciones públicas un porcentaje de su parque para destinarlo a vivienda social", ha defendido.

De este modo, y "no tanto apostando de nuevo por la construcción", como se va a lograr ampliar "sustancialmente el parque público de vivienda en alquiler". "Si, por ejemplo, los grandes propietarios de inmuebles en España destinaran el 30% de sus viviendas al alquiler social, podríamos aumentar en muy pocos meses las viviendas disponibles en 140.000 o 150.000 inmuebles, ayudando a poner fin de esta manera a la emergencia habitacional que vive nuestro país", ha ahondado.

La secretaria de Estado también ha reivindicado la creación de un "escudo social sin precedentes" ante la pandemia del Covid-19, con medidas prorrogadas hasta final del estado de alarma y que ejemplifica el "cambio de rumbo" frente a los "recortes" derivados de la crisis de 2008 con "hechos y con políticas".

Entre ellas, ha destacado la suspensión de prácticamente todos los desahucios sin alternativa habitacional, la prohibición de cortes de los suministros básicos a personas vulnerables o la ampliación de las moratorias hipotecarias.

Al mismo tiempo este Gobierno ha prorrogado hasta el mes de mayo los ERTE, que han llegado a sostener a casi 3,5 millones de trabajadores y a 500.000 empresas, y que se ha erigido como el mecanismo impulsado por el Ministerio de Trabajo como la protección "más amplia y ambiciosa jamás desplegada" en España.