El accidente de metro y la visita del Papa a València, citas judiciales clave de 2020

“Jo no t’espere” (No te espero). Así decía la consigna impresa en las banderolas que colgaban en algunos miradores de València. Todo un atrevimiento ante el implacable discurso oficial. Corría el verano de 2006 y la ciudad era una olla a presión. Los gobiernos de Francisco Camps y Rita Barberá habían echado toda la carne en el asador para recibir al Papa Benedicto XVI. El V Encuentro Mundial de las Familias era el gran negocio del año para el PP valenciano y aquel que no estuviera con ellos estaba contra ellos. Hubo una época, no tan lejana en el tiempo, en que prevalecía un imaginario perverso: había buenos y malos valencianos.

En la mañana del sábado 8 de julio de aquel año, el pontífice se paraba delante de la estación de metro de Jesús, depositaba una corona, unía sus manos y rezaba al lado de las máximas autoridades. Cinco días antes de su visita, bajo esos andenes, se había producido uno de los accidentes ferroviarios más graves que se recuerdan, que costó la vida a 43 personas y provocó heridas a otras 47. Concluida la bendición, el Papa y toda la comitiva daban media vuelta y emprendían con la agenda oficial. Nada ni nadie podían impedir aquello por lo que, según decían en el Palau, pondría València en el mapa internacional.

Canal 9, maquinaria del delirio, se convirtió en correa de transmisión audiovisual de un acontecimiento que alteró horas de programación pública. La misma televisión que el 3 de julio, día del siniestro, abrió su informativo con la visita del Papa y no con el accidente de la línea 1. El mismo canal que repitió durante días la misma versión que se escucharía en la primera comisión parlamentaria, fulminada en pocos días: que el accidente había sido “fortuito, a causa de una combinación de factores imprevisibles que solo pasan una vez en la vida”. Un informe reciente de la Unió de Periodistes Valencians revela que la tele pública distorsionó y ocultó datos, además de no dar cabida ni a los familiares de las víctimas ni a posturas críticas.

Ahora, casi 14 años después, la casualidad ha querido entrelazar de nuevo estos hechos en una doble cita judicial que marcará las páginas de tribunales durante 2020. En unas semanas empieza en València el juicio por el accidente de metro y en marzo dará inicio en la Audiencia Nacional la pieza enmarcada en Gürtel que investiga presuntas irregularidades en el marco de la visita de Ratzinger a la capital del Turia. Dos procesos conectados entre sí que nos transportan, ineludiblemente, a una de las épocas más tenebrosas de la historia valenciana reciente.

Una lucha para toda la sociedad

“Esperamos que quede establecida la relación entre las decisiones de los directivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) y el accidente. Eran las personas que tenían la capacidad de evitar o corregir que se pudiera dar ese exceso de velocidad”, afirma Rosa Garrote, presidenta de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de julio (AVM3J). Este colectivo forma parte de la acusación junto con la Fiscalía Provincial de València y familias de víctimas a título particular. En el banquillo de los acusados se sentarán ocho antiguos altos cargos de FGV, entre ellos, la exgerente Marisa Gracia. Se les atribuyen 43 delitos de homicidio por imprudencia grave profesional, 47 delitos de lesiones por imprudencia grave profesional y un delito contra los derechos de seguridad de los trabajadores. La Fiscalía pide tres años y siete meses de prisión, mientras que la AVM3J reclama elevar la pena a cuatro años.

El juicio, que empezará el 27 de enero en la Sala Tirant de la Ciudad de la Justicia y se extenderá previsiblemente hasta julio, llega ordenado por la Audiencia Provincial tras reiterados archivos por parte de la magistrada instructora del caso, Nieves Molina, quien nunca ha visto responsabilidades más allá del exceso de velocidad en que incurrió el maquinista fallecido. Una posición que contrasta con la de la Fiscalía, que ve indicios de delito y entiende que FGV no ha acreditado ninguna actuación dirigida al control directo de la seguridad en las vías, del material rodante o la formación de los conductores. Se prevén en este proceso 66 sesiones en las que serán citadas a declarar casi 300 personas, entre testigos y peritos.

“Nos queda el consuelo de que nuestra lucha ha servido para algo. Es una forma de revertir el dolor y convertirlo en algo positivo”, sostiene Garrote. Y añade: “Debemos concienciarnos como sociedad para estar mucho más vigilantes y no permitir que los gestores públicos hagan lo que les dé la gana”. Lo dice con conocimiento de causa. El camino hasta aquí ha estado plagado de no pocas miserias y menosprecio, y su lucha no obtuvo un respaldo cálido hasta la emisión de aquel Salvados que sacudió a la opinión pública. Francisco Camps, reelegido president de la Generalitat por mayoría absoluta en 2007 y 2011, nunca recibió a los familiares de las víctimas.

No fue hasta 2015, con la conformación del Gobierno del Botànic, que la Generalitat pidió perdón por la gestión de la administración autonómica en la tragedia, la peor registrada en un ferrocarril suburbano en España. También Les Corts llevó a cabo la reparación y, de hecho, se puso en marcha una nueva comisión de investigación que concluyó que hubo 13 responsables, entre ellos, Francisco Camps y Juan Cotino. Garrote se congratula porque la AVM3J ha contribuido recientemente a la mejora del sistema ferroviario y tranviario con la aprobación en cámara autonómica de la Ley de Seguridad Ferroviaria: “Era una de nuestras reivindicaciones, además del protocolo de atención a las víctimas, para evitar que otras familias tengan que pasar por el calvario que nosotros sufrimos”.

“Trama vaticana” en Gürtel

La otra fecha marcada en rojo en el calendario es el 9 de marzo. Es el día señalado por la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional para juzgar la pieza separada del caso Gürtel que trata la visita del jefe de la Iglesia católica a València y que sentará en el banquillo de los acusados al expresident de Les Corts y exdirector general de la Policía en el primer gobierno Aznar, Juan Cotino. Investigado también en el marco del caso Erial, cabe recordar que su nombre ha estado vinculado a la nefasta gestión del accidente de metro tras las denuncias de las víctimas que aseguraban que el dirigente había querido comprar su silencio con el ofrecimiento de lugares de trabajo. Se negó a hablar con Jordi Évole en el programa emitido en 2013.

Cotino afronta ahora la petición de 11 años de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción por "impulsar activamente" la contratación de una empresa pantalla de la trama en la retransmisión de la visita del pontífice. Se le acusa de un total de cuatro delitos: malversación de caudales públicos, fraude en la Administración Pública, cohecho pasivo y prevaricación continuada, mientras que se solicita que sea inhabilitado durante 10 años para el ejercicio de la función pública.

Hay otras 23 personas procesadas, entre las cuales se encuentran el exdirector de la televisión pública valenciana, Pedro García Gimeno, y varios de sus altos cargos, así como los responsables del entramado de empresas de Gürtel, el llamado grupo Correa: Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ y José Ramón Blanco Balín. Para Anticorrupción, Cotino actuó en común acuerdo con todos ellos para que la contratación de la red se efectuara a través del ente público Radiotelevisió Valenciana (RTVV) a fin de realizar el "pago con cargo a fondos públicos". El juicio prevé sesiones hasta el 4 de junio.